El alcalde de Quito Pable Muñoz encabezó una marcha a la Corte Constitucional el 4 de marzo de 2026.
El alcalde de Quito Pable Muñoz encabezó una marcha a la Corte Constitucional el 4 de marzo de 2026.Foto: Karina Defas/ Expreso

¿Funcionarios obligados a marchar? Trabajo anuncia informe sobre Quito y Pichincha

El ministro del Trabajo dijo que el informe se originó después de una inspección en el Municipio capitalino y la Prefectura

El Ministerio del Trabajo remitió a la Contraloría General del Estado un informe sobre la participación de funcionarios de la Prefectura de Pichincha y de la Alcaldía de Quito en marchas. 

El titular de esa cartera, Harold Burbano, aseguró que recibieron una denuncia anónima sobre personas que habrían sido obligadas a participar en movilizaciones en contra de las reformas al Código de Organización Territorial (Cootad).

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La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ambos de Revolución Ciudadana, han encabezado acciones desde los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de oposición contra la denominada Ley de los GAD

Esta normativa obliga a municipios y prefecturas a destinar el 70% de su presupuesto a gasto de inversión y el resto a gasto corriente; es decir, salarios.

La prefecta Paola Pabón y el alcalde de Quito Pabel Muñoz anunciaron que irán a la Corte Constitucional.

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El martes 3 y el miércoles 4 de marzo de 2026, ambas autoridades lideraron una movilización hacia la Corte Constitucional para presentar acciones de inconstitucionalidad contra la normativa, que actualmente está vigente.

¿Qué dijo el ministro del Trabajo?

Burbano señaló que se recibió una denuncia anónima. “El Ministerio del Trabajo activó por una denuncia anónima, una inspección a la Prefectura de Pichincha y al Municipio de Quito comprobando que se obligó a funcionarios a asistir a marchas con fines políticos; esto es inaceptable”, señaló el secretario de Estado.

El pronunciamiento lo hizo a través de su cuenta en la red social X. Lo acompañó con un video en el que se observa a una mujer protegiendo un documento roto. Ella dice: “usted no me puede tratar así”. Lo hace mientras un funcionario del Ministerio del Trabajo intenta quitarle dicho documento.

Sobre este hecho, el ministro del Trabajo señaló: “Durante este procedimiento, una servidora de la prefectura rompió registros públicos y agredió al inspector del Trabajo ¡Jamás vamos a normalizar la violencia ni el irrespeto a los órganos de control!”.

Según el funcionario del Gobierno de Daniel Noboa, el informe ya fue enviado a la Contraloría. Esto con el objetivo de que actúe dentro de sus competencias y determine posibles responsabilidades. El mismo documento también fue remitido a la Fiscalía, según Burbano.

Hasta las 09:10 de este 5 de marzo de 2026, el Municipio de Quito y la Prefectura de Pichincha no se habían pronunciado sobre el tema. 

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