Quito

alcalde Pabel Muñoz
Con apoyo multitudinario, el alcalde Pabel Muñoz encabezó una marcha hacia la Corte Constitucional para presentar la demanda contra las reformas al COOTAD.cortesía Municipio

Pabel Muñoz: “Las reformas al COOTAD deben declararse inconstitucionales”

El Municipio de Quito pidió a la Corte Constitucional suspender las reformas al COOTAD

El alcalde de Pabel Muñoz informó que el Municipio de Quito presentó ante la Corte Constitucional del Ecuador una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), al considerar que estas vulneran la autonomía financiera de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

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Desde los exteriores de la Corte Constitucional, el alcalde explicó que la acción legal fue presentada por la Procuraduría Metropolitana en cumplimiento de una resolución aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito, que respaldó iniciar acciones legales frente a los cambios legislativos.

El alcalde de Quito Pable Muñoz encabezó una marcha a la Corte Constitucional el 4 de marzo de 2026.

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Municipio de Quito cuestiona constitucionalidad de reformas

Muñoz sostuvo que las reformas al COOTAD contravienen principios fundamentales establecidos en la Constitución de Montecristi, que reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos locales.

“El intento de imponer una regla fiscal sobre los recursos propios de los municipios violenta la autonomía financiera de todos los municipios y también de las prefecturas”, afirmó el alcalde.

Según el burgomaestre, esta disposición afectaría directamente la capacidad de los gobiernos locales para gestionar sus recursos y ejecutar obras públicas y programas sociales.

Críticas al proceso legislativo en la Asamblea Nacional

El alcalde también cuestionó el procedimiento con el que se aprobaron las reformas en la Asamblea Nacional. Señaló que no se convocó a alcaldes ni prefectos para aportar con su experiencia durante el debate del proyecto de ley.

“Es vergonzoso que la Asamblea Nacional no haya convocado a ningún alcalde o prefecto que tenga la experiencia de vida para explicar por qué esta ley fue un error”, manifestó.

De acuerdo con Muñoz, la única representante municipal que participó fue la presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, cuya elección —según dijo— está cuestionada y quien no consultó previamente a los municipios sobre su postura frente a la normativa.

Debate legislativo durante feriado de Carnaval

Otro de los cuestionamientos del alcalde fue el trámite legislativo acelerado del proyecto. Indicó que tres de las cuatro sesiones necesarias para aprobar la ley se realizaron durante el feriado de Carnaval, luego de que el proyecto se presentara como una ley económica urgente.

Muñoz afirmó que la normativa no responde a una urgencia económica para los municipios y que, por el contrario, afecta su capacidad de gestión.

“Si existe una exigencia del Fondo Monetario Internacional, esa será una urgencia para ellos, pero no para el pueblo quiteño”, expresó.

Riesgos para inversión pública y servicios sociales

El alcalde advirtió que las reformas podrían poner en riesgo programas sociales y proyectos de inversión en la capital.

“Los servicios sociales, que también son inversión, están hoy en riesgo. El 100% del dinero que recibimos ya se destina a obras e inversión pública”, señaló Muñoz.

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Asimismo, aseguró que Quito continuará defendiendo su capacidad de gestión financiera y su desarrollo: “El Quito milenario, histórico, vive hoy con más fuerza”.

Concejo Metropolitano respaldó acciones legales

El pasado 24 de febrero, el Concejo Metropolitano aprobó una resolución que respalda las medidas legales necesarias para enfrentar las reformas al COOTAD. En el documento se advierte que estos cambios podrían afectar la seguridad jurídica, la estabilidad financiera y la autonomía del municipio.

La demanda presentada solicita a la Corte Constitucional que las reformas queden sin efecto mientras el organismo analiza y resuelve el pedido de inconstitucionalidad.

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