Pensión alimenticia para adulto mayor: cuánto pagar si ganas el sueldo básico
Conozca los montos y quiénes están obligados por ley a pasar una pensión a los adultos mayores en Ecuador
La protección económica para el grupo de la tercera edad no es opcional, sino un mandato legal. Según el artículo 27 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, aquellos ciudadanos que no cuenten con los medios para subsistir o no puedan valerse por sí mismos tienen el derecho exigible de recibir una pensión de sus familiares.
Este proceso, similar al de la niñez, es regulado por un juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, quien determina los montos basándose en la tabla oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Los parientes obligados por la ley
El artículo 28 de la misma normativa establece un orden de prelación para quienes deben asumir esta responsabilidad financiera. La obligación recae, en primera instancia, sobre el cónyuge o pareja en unión de hecho.
A falta de estos, la demanda se extiende a los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad (nietos) y, finalmente, a los hermanos. Es importante notar que, si existen varios parientes en el mismo grado de consanguinidad, la ley precisa que todos deben ser incluidos en la demanda para compartir la carga económica.
Montos y porcentajes de pago
El cálculo de la pensión se ajusta al nivel de ingresos del alimentante. Si la persona obligada percibe un Salario Básico Unificado (SBU), los valores se distribuyen de la siguiente manera:
- Por un adulto mayor: El pago oscila entre $ 135,54 y $ 168,07 (24,37 % del ingreso).
- Por dos adultos mayores: El monto asciende a un rango de $ 169,42 a $ 210,08 (35,15 %).
Además, si el beneficiario requiere rehabilitación o ayudas técnicas por discapacidad, se aplican rubros adicionales sobre el SBU:
- Moderada: 4,50 %.
- Grave: 5,17 %.
- Muy grave: 6,56 %.
Exigibilidad y cumplimiento
El trámite se gestiona ante una Unidad Judicial de la Familia, donde el beneficiario o su representante legal presenta la demanda. Al igual que en las pensiones de menores, el incumplimiento de este pago conlleva sanciones legales severas, como la prohibición de salida del país o el apremio personal. La normativa garantiza que los familiares asuman la responsabilidad de asegurar una vida digna y el bienestar de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
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