Espionaje bajo sospecha: se intensifica la sombra de la vigilancia estatal
La retención de tres agentes expuso seguimientos a políticos, activistas y periodistas. Expertos ven prácticas del correísmo
Una nueva denuncia de espionaje a dirigentes sociales se registró el 27 de agosto de 2025. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) condenó la práctica, que atribuyó a los aparatos estatales de inteligencia en contra de las organizaciones sociales, sindicales e indígenas.
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La reciente revelación se da luego de que tres agentes de la Policía Nacional fueron descubiertos por la comunidad San Ignacio (provincia de Cotopaxi), cuando vigilaban al expresidente de la Conaie, Leonidas Iza.
Los habitantes los retuvieron y los sometieron a la justicia indígena. En ese proceso, hallaron mensajes en sus celulares con supuesta información de varios representantes sociales, activistas y periodistas.
¿Qué investigaban los policías?
El hallazgo generó un conflicto entre la comunidad y la policía. La Fuerza Pública presentó un habeas corpus para que liberen a los uniformados y la Fiscalía inició una investigación por secuestro. Mientras se mantenía la tensión, se conoció que uno de los agentes se habría infiltrado en al menos 17 grupos de WhatsApp de periodistas, organizaciones y fuentes estatales.
El régimen se desmarca de los hechos. La portavoz, Carolina Jaramillo, tildó a las denuncias de espionaje como un “rumor. ¿Qué veracidad puede tener información extraída de dispositivos que no han tenido un procesamiento formal o pericial? Para el Gobierno no tienen relevancia”, dijo.
Solo Fiscalía informó que “los uniformados se encontraban colaborando con diligencias dentro de una investigación previa”, pero no precisó el caso ni la Policía ha aclarado las actividades de sus agentes.
Si bien el Ministerio Público explicó la acción policial, el abogado de Iza, Carlos Poveda, señaló que Fiscalía no expuso documentos sobre tales diligencias y cuestionó la legalidad de la operación. La situación ha generado desconfianza en el Gobierno. La Conaie, Ceosl y Fundamendios señalan que se han vulnerado derechos y se busca amedrentar a actores sociales.
Los riesgos de operaciones sin orden judicial
Según Luis Córdova Alarcón, del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, “las actividades de espionaje que no están reguladas judicialmente son un delito. En un orden democrático, si se presume de un líder social, se debe contar con una orden judicial para realizar la intervención, que será un medio probatorio que permita evidenciar la participación criminal de la persona. Si eso no ocurre, estamos en una práctica de una guerra sucia o de estado policíaco, con la intencionalidad de ejercer vigilancia y control con fines estrictamente políticos”.
Además de la orden, se requiere un asunto específico “no solo porque alguien califique que no está de acuerdo con el Gobierno. Sería terrible y una violación a las libertades”, opina Francisco Rocha, exdirector de la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep).
El también analista cuestiona que, en este caso, se haya alegado la justicia indígena para retener a los policías, pero también considera “necesario que el Gobierno dé una posición clara sobre lo que hacían (los policías) y por qué estaban infiltrados”.
¿Un patrón contra periodistas?
Desde la Unión Nacional de Periodistas (UNP), su presidente, Cristóbal Peñafiel, lamenta que las infiltraciones sean prácticas recurrentes de los gobiernos y responsabiliza a las autoridades de limitar el trabajo con estas actividades y con información falsa “que lo que busca es crear malestar, zozobra y momentos de tensión”.
Los especialistas coinciden en que esas operaciones les recuerda a las prácticas del correísmo. “Los periodistas siempre resultamos incómodos al poder porque decimos las cosas que no se quiere que se sepan”, indica Rocha.
Sin embargo, observa un patrón reiterado en este caso, pues los dirigentes han mencionado a supuestos comunicadores. “El señor Iza ya nos señaló y agredió en dos levantamientos, esto es un modelo para silenciarnos de un lado y del otro. Se debería ver quién administra los medios comunitarios que también han estado en los chats de los periodistas”, acota.
Acciones. La UNP organizar reuniones con periodistas para identificar en qué punto ocurren las filtraciones e insistirá en la protección de los comunicadores.
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