El periodismo es objetivo de guerra

Dos hechos ocurridos esta semana con periodistas de Diario EXPRESO dan cuenta del preocupante momento por el que atraviesa el periodismo nacional. En ambos, el derecho y la obligación del periodismo de investigar los asuntos de interés público ha sido puesta en duda.

La reacción de Roberto Gilbert con Diario EXPRESO es el síntoma de un comportamiento generalizado: el de unas élites acostumbradas a tratar a los medios de comunicación como a sus voceros, lo cual implica desconocer las particularidades de un oficio, el periodismo, sobre cuya función social no se detienen a reflexionar. Su versión de que “un jovencito”, el periodista de este Diario Jonathan Palma, sin otro propósito que ganar notoriedad, lo vilipendió a él y a su familia con la complicidad del director del periódico, que se lo permitió, es una simplificación grosera que distorsiona la realidad de los hechos y es bastante representativa de la manera de pensar de un gran sector de la sociedad, incapaz de plantearse el interés público del trabajo periodístico. O que lo desdeña.

Jonathan Palma es el autor (junto con Flor Layedra, que trabajó bajo su dirección) de la serie de reportajes de investigación “Los dueños de la salud”, sobre el negocio de las derivaciones médicas de la seguridad social ecuatoriana, que EXPRESO publicó en cinco entregas entre el 12 y el 16 de agosto. Lo primero que se debe decir de esta serie de reportajes es que revela información del máximo interés público: todo lo que se dice ahí es relevante para el país.

Que el IESS derive atenciones médicas a clínicas y hospitales privados porque supuestamente no tiene capacidad para atender a los asegurados, pero que termine destinando 8.000 millones de dólares en esas derivaciones es, por sí solo, un dato escandaloso. 27 clínicas, representadas por 15 personas, recibieron casi la mitad de ese dinero. Algunas crecieron gracias a las derivaciones (en lugar de que crezcan los centros médicos del IESS) en proporciones imposibles de lograr en circunstancias normales de competencia en el mercado; algunas de ellas viven casi exclusivamente de ese ingreso; hay quien pasó de tener un consultorio en una casa adaptada en Urdesa a administrar 65 y una torre médica; hay quien se ha hecho rico. Jonathan Palma pone varios ejemplos y los explica documentadamente. Entre ellos no aparece Roberto Gilbert. ¿Por qué, entonces reaccionó con tanta desmesura que llegó incluso a presentar una denuncia penal contra los autores de la serie?

El nombre de Gilbert no se menciona en ninguna de las cinco entregas de “Los dueños de la salud” pero sí aparece el del centro médico que dirige: la Clínica Guayaquil. ¿Qué se dice de ella? Nada, nomás consta en una lista: la de empresas prestadoras de servicios de salud al IESS que han recibido, por concepto de derivaciones, más de 50 millones de dólares en los últimos 12 años. La Clínica Guayaquil se encuentra ahí con 115,78 millones. ¿Implica esto una acusación directa de corrupción por parte de Diario EXPRESO? En absoluto. En esa lista constan también la Junta de Beneficencia (con 993 millones) y Solca (con 376) sin que nadie se sienta incriminado por ello. Gilbert no. Gilbert no quiere ver ahí el nombre de su clínica. Por lo que se alcanza a entender de sus confusas alegaciones, EXPRESO debió excluirlo. O no publicar la lista. Pero la lista es parte de la investigación, es de interés público y es la que es: no publicarla (peor aún: editarla para no incordiar a alguien) sería una negligencia periodística y una falta de ética. Quizás él no se da cuenta, pero lo que Gilbert está reclamando de Diario EXPRESO es que se comporte, en lo que a él respecta, de manera negligente y falta de ética.

-¿Es correcta la cifra publicada por EXPRESO?, -le preguntó Carlos Vera a propósito de los 115,78 millones que recibió la Clínica Guayaquil por concepto de derivaciones.

-Es correcta -admitió Gilbert.

-¿Entonces cuál es el problema?

-El problema es que la gente habla por hablar y habla para tomar notoriedad.

Y porque “la gente habla por hablar”, Roberto Gilbert denunció a Jonathan Palma y a Flor Layedra ante un juez penal por delito de odio. Quería verlos presos. Este episodio tal vez quedará para la anécdota, si retira los cargos por petición, dice él, de Carlos Vera (que en verdad se lo pidió en el programa ‘Vera a su manera’ del pasado jueves), aunque parece más probable que lo pudiera hacer porque se dio cuenta (quizá alguien se lo hizo notar) de la insólita extravagancia de la acusación. Porque no, el “delito de odio”, que implica “violencia física o psicológica contra una o más personas”, no se aplica contra personas jurídicas, por más que él se esfuerce en argumentar que los nombres de Clínica Guayaquil y Roberto Gilbert son sinónimos. No lo son, para efectos judiciales. Tampoco está claro qué clase de discriminación por odio implica poner el nombre de una empresa en una lista a la que pertenece por derecho propio. Porque de discriminación se trata el delito de odio: en razón de la raza, nacionalidad, religión, ideología, edad, género, etc. Más cerca de cometer delito de odio se encuentra el propio Gilbert, cuando desmerece insistente y sistemáticamente a Jonathan Palma por ser un “jovencito”, que Jonathan Palma cuando escribe un reportaje en el que ni siquiera lo menciona. Haría bien Gilbert en retirar la acusación.

Lo importante en esta conducta es lo que revela sobre la manera como una parte de la sociedad, y en especial algunas élites, conciben el trabajo periodístico. Lo primero, lo más visible, es el recurso a la intimidación judicial como una manera de imponer silencios. Es significativo también el hecho de que Gilbert, en la campaña que emprendió contra este Diario, recorriera las radios en busca de aliados mediáticos que le ayudaran a desmentirlo. Esto es consistente con aquella pobre visión (muy difundida en redes) sobre medios pautados y sobre cómo la verdad periodística es una construcción que se fabrica a pedido en unos medios sí y en otros también, en función de los intereses particulares y de las relaciones sociales. A esas relaciones sociales alude cuando hace referencia a la “amistad de 40 años” que lo une con el director de EXPRESO. Gilbert parece creer que esa amistad debió servir para que el nombre de su clínica no fuera incluido en una lista a la que pertenece, es decir, para que el Diario falseara la verdad. Y como no quiere renunciar al recurso de la amenaza, termina diciendo que ya tomará otro tipo de acciones.

Gilbert habla de sus relaciones de amistad, del honor de su padre, de su abuelo y de su hija, del significado de la palabra ‘vilipendiar’ según el diccionario de la lengua española… Y no dice una sola palabra sobre el interés general de las revelaciones de EXPRESO. Leyó la serie “Los dueños de la salud” desde una perspectiva exclusivamente personal y no fue capaz de plantearse la relevancia pública de su contenido.

Una carta como en los tiempos del correísmo

Cuando esta manera de entender el periodismo se afianza en una sociedad, el primero en sacar provecho es el poder político. En este país donde el gobierno ha empezado a ejercer presiones sobre los medios (el bien informado expresidente Osvaldo Hurtado habló de “chantajes”), mientras desarrolla (con el ejemplo de despotismos pasados) su propio aparato de propaganda para la difusión directa de sus propias narrativas, la mediación periodística sale sobrando y el trabajo de los medios de comunicación para establecer verdades de interés público se convierte en objeto de persecución y acoso. Es lo que ocurrió esta semana con la periodista de este Diario Sara Ortiz, a propósito de una revelación que publicó el 14 de agosto bajo el título “Una funcionaria es el hilo que une a la Presidencia con la campaña contra la corte”.

La nota se refiere a una valla de publicidad pagada en contra de la Corte Constitucional que fue instalada en la avenida Patria de Quito. Esa valla está firmada por el colectivo Ecuador Merece Paz. Lo que la acuciosa Sara Ortiz descubrió, investigando los metadatos de un documento emitido por ese colectivo, en que aparecía como autora la directora de Comunicación Estratégica de Coyuntura de la Presidencia, María Cristina Maggi Gordón. E hizo público ese hecho. En reacción, esta semana, otra funcionaria de Carondelet, Rita Ramírez Potes, dirigió una descomedida y arrogante carta de diez páginas a la dirección de EXPRESO en la que exigía que se publique una rectificación de esa información. La carta, en todos sus aspectos, recuerda a aquellas que, al amparo de la ley de comunicación del correísmo, llegaban todos los días a las redacciones, procedentes de los rincones más oscuros de la burocracia, demandando cosas parecidas: empiezan por patear al perro, luego citan una retahíla interminable de artículos de ley que supuestamente amparan sus derechos, deslizan una velada amenaza, se permiten impartir lecciones sobre lo que debería ser el verdadero periodismo, y ordenan al medio o al periodista en cuestión lo que tiene que hacer.

El concepto subyacente a esta práctica es el mismo que impulsa a Roberto Gilbert a declararle la guerra a Diario EXPRESO: la vaga idea de que el interés público está mediado por una serie de intereses particulares que determinan lo que se puede o no se puede publicar. En este caso, el gobierno está convencido de que el origen de los fondos con los que se financia la campaña sucia contra la Corte Constitucional y con los que se pagó también la marcha en su contra convocada por el presidente de la República, no es algo en lo que el periodismo tenga que meter sus narices. Por el momento, se limitan a exigir rectificaciones (improcedentes, porque no aportan pruebas), pero no se puede descartar que la cosas evolucionen para peor. Si la propia sociedad no cuida al periodismo como un ejercicio de escrutinio democrático de los asuntos de interés público, ¿por qué habría de hacerlo el gobierno?

• Contexto. Diario EXPRESO publicó investigaciones sobre el negocio de las derivaciones del IESS y la huella detrás de las vallas publicitarias en contra de la Corte Constitucional.

• Amenaza. El periodismo nacional atraviesa un preocupante momento donde la obligación de investigar los asuntos de interés público ha sido puesta en duda.

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