En ascuas. Aunque el pasado viernes el Ministerio de Gobierno anunció la reanudación de las actividades de la construcción, en la práctica aún hay temas por resolver antes de que trabajadores y profesionales puedan volver a las obras.

La aprobación del protocolo de protección para evitar contagios de coronavirus, entregado por los gremios de la construcción al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional es el principal pendiente.  Se esperaba que este se aprobara este domingo 19 de abril, pero en horas de la tarde, la ministra de Gobierno, María Paula Romo anunció que no se cumpliría el plazo . "Esta semana se revisan protocolos, no se inicia ninguna actividad laboral aún", dijo en su cuenta de Twitter.

Otro pendiente es la aprobación de las obras que recibirán el permiso para reanudar su labor.  Joan Proaño, vocero de Constructores Positivos, colectivo que agrupa a mil miembros de ese sector indicó que la lista presentada a la entidad de control se hizo en consenso con los distintos gremios del país. Esperan que veinticinco de estas sean elegidas para continuar sus actividades. “De ninguna manera se retomarán las actividades en todo el sector. Contamos con 486.000 trabajadores y solo el 0,7 %, es decir 3.500 regresarán a sus puestos de trabajo”, subrayó.

Proaño agregó que el plan piloto tiene como objetivo que, en las obras aprobadas, se apliquen los protocolos de seguridad que el COE valide, y que estos sirvan para determinar si no se necesitan medidas adicionales. “La idea es que, tras esta primera experiencia, se puedan ir incorporando el resto de las actividades productivas a nivel nacional”, recalcó.

Para el gremio, retomar su labor de manera paulatina es también un respaldo a uno de los sectores que genera la mayor cantidad de plazas de empleo a nivel nacional.

“La construcción es el motor de arranque de la economía por su gran encadenamiento con todos los sectores y gran generador de empleos. Porque hoy por hoy somos un sector organizado, unido con el que se puede coordinar una tarea así”, comentó el promotor inmobiliario Mauricio Cattani.

Es también un sector fuertemente afectado por la austeridad y la crisis económica. Según datos de la Asociación Promotores Inmobiliarios de Ecuador (Apive), el año pasado los contratos de nuevas construcciones cayeron un 16,8 %, mientras que la inversión pública en infraestructura también se redujo en 18 % en comparación con 2018.

Jaime Rumbea, titular de Apive señaló que la decisión de retomar las actividades es vital para el país, pero debe ir de la mano con la decisión de que municipios, notarías y registros de la propiedad también regresen a sus puestos de trabajo. "Si el COE Nacional se quiere tomar su tiempo en aprobar los protocolos de seguridad, está bien, lo entendemos desde el punto de vista del cuidado de la salud. Lo que no hace sentido es que se haya frenado la cadena de pagos que alimenta al sector. Para que fluya el dinero, dependemos de todas estas otras entidades, que están paralizadas y que podrían estar funcionando a través del teletrabajo", estableció.

Pero no todos están de acuerdo. Verónica Miranda, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, señaló en una entrevista que, antes de poder concretar la iniciativa estatal, se debe transparentar qué empresas participarán y en qué condiciones.

“Incluso con la aprobación de los protocolos en el COE, se necesitaría, al menos, una semana más para que las empresas participantes puedan establecer todas las acciones necesarias”, dijo.

La experta calificó de “apresurada” la decisión del Estado y agregó que entre los pendientes, también se deberá definir cómo laborará el resto de la cadena productiva que provee de insumos al sector.

“Si no se toma en cuenta a toda la línea productiva, no se va a mover nada. Es decir, se debe establecer medidas y protocolos para los proveedores que van desde el clavo, la madera, el hormigón, el cemento, la ferretería, la alimentación, la movilización. La ruta para ellos no está clara”, puntualizó.