Las cartas de juego ya han caído sobre la mesa. Arribaron la noche del jueves pasado, empaquetadas en dos proyectos económicos que buscan, por un lado, facilitar los recursos que el Estado necesita para enfrentar la crisis que ha originado la pandemia del COVID-19, y por otro, trazar una ruta de ordenamiento al escenario fiscal.

La primera, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria es la más urgente. Y la Asamblea deberá, contra reloj, debatirla y aprobarla en un plazo no mayor a 30 días. De ello dependen los $ 1.428 millones que el Estado espera obtener, en los próximos 9 meses, a cuenta de la contribución solidaria que ha exhortado de los ciudadanos que ganan más de $ 500 mensuales y las alicaídas empresas. El problema es que una vez arribado, el proyecto sigue sin convencer al empresariado, que deberá aportar el 5 % en base a las utilidades que se obtuvo en el 2018, si estas alcanzaron o superaron el millón de dólares.

Las contribuciones, que según detalla el proyecto, no podrán ser utilizadas como crédito tributario ni como gastos deducibles. Y se empezarán a realizar a partir del mes siguiente al de la promulgación de la ley ante el Registro Oficial. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), califica este pago como un tributo más y que se vuelve inoportuno si se dicta durante la crisis de iliquidez que está viviendo el sector empresarial, como consecuencia de un mes de paralización de actividades, un factor que ya ha empezado a afectar también a los ciudadanos. No todas las empresas han podido pagar los sueldos a sus trabajadores, algunas, incluso, están optando por los despidos.

El proyecto, que será analizado por la mesa de Régimen Económico y Tributario, da luz verde para el uso de ciertas modalidades laborales, como la posibilidad de que empleadores y empleados se pongan de acuerdo, para definir las jornadas de trabajo y la forma en cómo se realizarán los pagos. Los acuerdos son fundamentales, pero Costa cuestiona que dependan de un proceso burocrático, en un momento en el que debe prevalecer la urgencia. “En algunos casos se requerirá la aprobación del Ministerio de Trabajo, que tendrá que escuchar a las partes, algo que no sé cómo se va a dar. Lo que creo es que en este momento necesitamos algo más pragmático, debe ser más sencillo, más ágil. Las empresas estamos perdiendo oxígeno”.

La propuesta del Ejecutivo, sin embargo, aborda otras ayudas que intentan alivianar el peso económico de los hogares. En el plano educativo, prohíbe que instituciones particulares suspendan la asistencia y evaluación de estudiantes que se retrasen en el pago de pensiones. También estimula la rebaja hasta un 20 % en los cobros, a cambio de dar compensaciones. Para fortalecer la economía familiar además se ha dispuesto la prohibición de elevar el costo de servicios básicos, durante los primeros seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la ley.

Por otra parte, también se establece que durante todo el tiempo de confinamiento, y hasta 60 días después de su conclusión, no se realicen desahucios a arrendatarios de viviendas, excepto si existe peligro de destrucción o ruina del edificio. Tampoco que se den por terminadas las pólizas de salud y su cobertura, en caso de que el titular esté en mora.

Lenín Moreno, presidente de la República, ha destacado que el espíritu de este proyecto es motivar la solidaridad. Los aportes de las empresas y de los ciudadanos, que serán canalizados a través de una cuenta especial, se ayudará a los negocios más frágiles y a más de 2 millones de familias, con un bono de $ 60 (durante dos meses). Para impulsar aquello, dijo, también se decidió rebajar el 50 % del salario del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros y obligar a aquellos funcionarios públicos que ganen más de $ 1.000 a dar una contribución del 10 %. Después de la etapa de emergencia, para estos últimos, la rebaja del sueldo regirá de forma permanente.

El primer mandatario, en su última cadena nacional, se ha mostrado confiado en que prospere el diálogo dentro de la Asamblea. “Tengan la seguridad de que gracias a esa postura que es democrática podemos incluir sus mejores ideas a la propuesta de ley sin ideologías, sin personalismo. No es el momento para ello. Por favor, si no ayudan no frenen el futuro del país. Si no ayudan, por favor, no estorben.”, dijo.

La expectativa ahora está puesta en la organización y la celeridad que tenga el Legislativo para tramitar no solo este proyecto, sino la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que plantea reformas para mejorar, a corto y mediano plazo, las finanzas públicas.

Esta otra propuesta se enmarca en el acuerdo que suscribió Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), su ejecución supondría cumplir con ciertas condiciones para acceder a nuevos recursos frescos para ayudar a cubrir los más de $ 8.000 millones que el Ministerio de Finanzas calcula como déficit fiscal solo para este año.

La propuesta, que antes tuvo que ser aplazada tras las protestas de octubre del año pasado, contiene temas como mayores límites al gasto presupuestario, cambio en el uso de los Certificados de Tesorería (Cetes) por el de Notas de Tesorería. También permite la implementación de instrumentos para que el Gobierno tenga ingresos mínimos por la comercialización de combustibles, para afrontar la volatilidad del precio del petróleo en los mercados internacionales, entre otros temas.

• “EL GOBIERNO QUIERE ASEGURAR EL RESPALDO”

Un seguro. El hecho de que el Gobierno Nacional dividiera las iniciativas en dos proyectos de ley, a criterio del exasambleísta y excandidato vicepresidencial, Andrés Páez, funciona como un seguro para que los temas que pudieran no aglutinar mayor apoyo no afecten a los otros que sí pueden. “El Gobierno hace lo apropiado porque quiere asegurarse el respaldo por la materia que probablemente tenga más apoyo. En medio de la emergencia, actúa de manera inteligente”, sostiene el político.

Sin embargo, considera que el mismo Gobierno se ha “disparado en el pie” al enviar un proyecto de ley con el que busca la contribución económica de los ciudadanos y empresas, y hace pocos días desembolsó más de 320 millones de dólares para pagar deuda externa. “El Gobierno pidiendo ahora a la gente solidaridad para pagar las obligaciones de la crisis se torna complejo”. Páez vaticina que los dos proyectos en el debate legislativo tendrán tropiezos.