Proyecto de Noboa revive las concesiones eléctricas privadas
Proyecto permite concesiones hasta 30 años después de que Corte eliminó participación privada en diciembre pasado
El presidente Daniel Noboa presentó el pasado miércoles a la Asamblea Nacional un proyecto de "Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía", que reforma la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee) para permitir nuevamente la participación del sector privado en el sistema eléctrico nacional.
La propuesta surge después de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la LOSPEE el 11 de diciembre de 2025, que permitía la delegación al sector privado cuando fuera "necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general", eliminando esa posibilidad.
El nuevo proyecto de ley busca reformar nuevamente el artículo 25 de la Lospee, estableciendo seis causales específicas para que el Estado pueda delegar de forma excepcional a empresas privadas la participación en los servicios de energía eléctrica y alumbrado público.
De las seis, cuatro causales aplican para proyectos incluidos en el Plan Maestro de Electricidad (PME) y sucederían cuando el Ministerio rector identifique retrasos superiores a dos años en el cumplimiento del PME o el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) identifique riesgos de déficit energético.
También procede la delegación cuando por razones técnicas o económicas el servicio no pueda ser proporcionado por empresas públicas, cuando se declare oficialmente una emergencia del sector eléctrico, y cuando la participación privada permita condiciones económicas más favorables para la ciudadanía.
Las dos causales restantes se aplican para proyectos fuera del PME. La primera es cuando existan cambios tecnológicos que requieran proyectos que contribuyan a los objetivos del plan pero no puedan ser realizados por empresas públicas. La segunda, cuando la iniciativa privada presente tecnologías probadas mundialmente que no se hayan desarrollado anteriormente en el país.
"El proyecto permite esta delegación al sector privado bajo ciertos esquemas. Se sigue manteniendo el Estado como ente rector, regulador y quien delega", explicó Andrés Pogo, gerente de IEG Consultora y experto activo del Consejo Mundial de la Energía.
Pogo destacó que una novedad importante es que si el PME no cumple un proyecto en dos años, este puede ser delegado. "Antes el plan maestro era el techo, ahora es el piso", detalló.
Energías renovables
El proyecto también habilita la delegación de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales, energías de transición, autogeneración y Distritos Autónomos Energéticos (DAE). "Un distrito es cuando yo voy a crear un conjunto en el cual establezco mi tipo de energía y le vendo a las personas del conjunto esta energía. Antes esto no era permitido", explicó Pogo.
Sin embargo, Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, considera que la propuesta no resuelve los problemas estructurales. "No logra su objetivo. Mantiene iguales las cosas con un lenguaje muy flojo, muy amable, pero no cambia nada", señaló.
Santos Alvite calificó a un artículo como "peligrosísimo": el que otorga al Ministerio de Energía la facultad de establecer límites al ingreso de proyectos de generación eléctrica. "Esto es un total absurdo en un país que tiene un déficit crónico de energía que ha sufrido apagones de 14 horas al día", indicó.
El exministro advirtió que esta potestad podría prestarse a decisiones arbitrarias. "Esto desanima totalmente a los inversionistas porque están a la voluntad del ministro de turno", agregó.
Los contratos de concesión tendrán un plazo máximo de 30 años desde el inicio de la operación comercial, pudiendo renegociarse una sola vez de manera excepcional. Respecto a este plazo, Pogo explicó que "depende del tipo de tecnología" y de esto dependerá el tiempo de la concesión, que solo puede renegociarse por una vez, si es necesario. Y si no tiene que volver todos estos bienes al estado, tiene que ser revertido".
Para Santos Alvite, la extensión del plazo no es el problema principal. "Entre 25 y 30 años no les hace ninguna diferencia a los inversionistas" porque evalúan el ambiente favorable en el momento de hacer la inversión, explicó.
Al finalizar el plazo, todos los bienes afectados al servicio público deben ser transferidos al Estado sin costo alguno, excepto aquellos de iniciativa privada correspondientes a proyectos que no son parte del PME.
La propuesta busca responder a la crisis energética que causó pérdidas estimadas en $3.278 millones en 2024, restando aproximadamente 1,4 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto del país.
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