Plaguicidas, solución y riesgo para el agro ecuatoriano

Las notificaciones fitosanitarias que la Unión Europea ha emitido hacia frutas ecuatorianas no exponen un problema que inicia en sus puertos, sino en el manejo de plaguicidas en origen, donde el uso de sustancias prohibidas en ese mercado o el exceso de residuos aún persiste.

Uno de los casos más sensibles es el del clorpirifos (Chlorpyrifos), un insecticida organofosforado prohibido en la Unión Europea desde hace años, pero que aún aparece en cinco de las once notificaciones vinculadas a frutas y verduras ecuatorianas registradas en el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF), en el análisis correspondiente a 2025 y hasta el 30 de enero de 2026. 

Las otras dos notificaciones al banano ecuatoriano corresponden a la detección de Imazalil (funguicida con Límite Máximo de Residuos de 0 .01 mg/kg), mientras que la segunda fue por residuos de pesticidas sin especificar nombre, pero indica que el producto fue devuelto al consignatario.

Como explicó el exministro de Agricultura Alfredo Saltos, estas restricciones “no son nuevas, son de vieja data” y responden al marco sanitario europeo de control estricto de alimentos. Añade que el sector exportador bananero ha trabajado durante años bajo esas exigencias, aunque reconoce que aún se requieren hacer ajustes, para seguir garantizando compras y calidad en este continente.

Según el sitio web oficial de la UE, los estados miembros votaron por “no renovar las aprobaciones de clorpirifos y clorpirifos-metilo”. Y detalla que el reglamento se adoptó formalmente el 10 de enero de 2020.

Para el consultor de agronegocios del Centro de Comercio Internacional (ITC), Alex Bustos, la solución es directa: “El clorpirifos está prohibida en la Unión Europea. No se puede usar”. A su criterio, el problema es interno al manejo productivo. “Si está prohibido en nuestros principales socios comerciales, hay que prohibirlo aquí inmediatamente”, advierte.

Bustos traslada el tema al plano sanitario. “Siguen usando un plaguicida cancerígeno” y, en su lectura, no solo se comprometen exportaciones, sino que se pone en riesgo la población de un país. Señala que la alerta no busca escandalizar, sino evitar sanciones y cierres de mercado en la región por esta molécula.

Saltos explica por qué la sustancia sigue presente en el campo. “Es un producto muy eficaz que cumple eficientemente su función”, especialmente frente a plagas complejas. También reconoce el factor económico, pues su uso resulta más barato frente a otras alternativas.

El contraste se observa en cultivos como la pitahaya, un sector más joven, con menor asociatividad y todavía en proceso de consolidar estándares, según sostiene Saltos.

En el plano técnico, Bustos recuerda que los Límites Máximos de Residuos (LMRs) en Europa son extremadamente bajos y menciona valores de promedios que llegan a 0.0.1 mg/kg, lo que exige control desde el campo.

En cambio, el banano es un sector consolidado, con gremios estructurados como la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador (AEBE) y Asociación de Comercialización y Exportación de Banano. Desde Acorbanec, su director ejecutivo Richard Salazar sostiene que no se trata de un problema generalizado: “Son 2 o 3 casos particulares” y exhorta que Europa es “el mercado más exigente” y que quienes producen para ese destino operan bajo estándares altos y auditorías constantes.

Parte de las detecciones, afirma, puede explicarse por factores externos. “Pueden ser parte de las derivas”, señala, en referencia a aplicaciones en fincas vecinas que producen para otros mercados que si permiten el uso de clorpirifos. También advierte que la transición tiene costos: al sustituir la molécula, “tenían una merma del 10%”, lo que impacta en rendimiento y costos.

Bustos discrepa con que se trate de hechos aislados y vincula el problema al uso estructural de agroquímicos en el país. “Es tan grave la situación del abuso de agroquímicos en el Ecuador que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) implementó un programa llamado Farm, precisamente para intervenir en el país y bajar el abuso de agroquímicos”.

Los porcentajes de inspección según la norma internacional rondan alrededor de 2 a 3% del total mediante muestreos, pero añade: “en general la mayoría del banano ecuatoriano si cumple con los estándares sanitarios, pero hay un porcentaje que no y eso puede ser motivo de sanciones al país”.

En el plano institucional, los entrevistados coinciden en que el control oficial requiere fortalecimiento. Agrocalidad es la entidad encargada de certificar Buenas Prácticas Agrícolas, pero su capacidad operativa enfrenta limitaciones de personal, equipamiento y presencia territorial, en un contexto de restricciones presupuestarias.

Aun así, Bustos recalca que la responsabilidad no recae solo en el Estado. “El primer responsable es el propio sector”, ha señalado, insistiendo en que el ajuste debe venir desde dentro pues son los que aplican con cuidado o abuso los plaguicidas.

Este medio solicitó una vocería a Agrocalidad para conocer más detalles sobre las notificaciones recientes y las acciones de control, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Mayor presión externa

En el paquete regulatorio debatido por el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE, se abordó la “alineación de estándares de producción de productos importados con los residuos de pesticidas más peligrosos prohibidos en la UE”, mientras varios Estados miembros fijaron posición sobre límites máximos de residuos. Mientras Francia y dos países más impulsaron la reducción Alemania planteó un enfoque basado en “ciencia y riesgo”.

Estas conversaciones desembocan en una propuesta que la próxima semana llegará a los Estados miembros, según el informe de noticias de AEBE, la que la Comisión Europea plantea reducir a cero los LMRs de pesticidas en productos importados, una medida que podría aplicarse de próximamente a sustancias usadas en cítricos.

La Unión Europea funciona como referencia global en normativa fitosanitaria y de inocuidad. En ese contexto, el exministro Saltos advierte que Ecuador debe mantenerse atento a los arreglos y definiciones que se adopten en ese bloque, porque “eso nos implica hacia dónde tenemos que ir”.

Desde el sector exportador, Salazar añade que, si la tendencia regulatoria se consolida, Ecuador tendrá que empezar por la prohibición el uso del clorpirifos a nivel interno y “quien no cumpla se expondrá a sanciones fuertes”, en un proceso que debe ser socializado y notificado oficialmente a productores y exportadores por Agrocalidad.

En ese marco, las notificaciones equivalen a señales de advertencia. Sectores en expansión como la pitahaya enfrentan el reto de crecer con estándares más altos, mientras el banano debe ajustar prácticas para sostener su posición.

104.63 millones de cajas de banano envío Ecuador a la Unión Europea entre noviembre de 2024 y 2025 según AEBE. El desafío no está solo en responder a Europa, sino en corregir lo que ocurre en campo, donde se define si un producto cruza fronteras o es detenido antes de llegar al consumidor.

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