Gobierno suspende minería en Napo, El Oro y Loja por impactos ambientales e ilícitos
El Gobierno ordena detener operaciones mineras en tres provincias debido a daños ambientales y riesgos para las comunidades
El Gobierno dispuso la suspensión total de las actividades mineras en la provincia de Napo y la restricción de operaciones en las plantas de beneficio de El Oro y Loja, como parte de una acción preventiva frente al avance de la extracción ilícita de minerales, cuya expansión ha provocado serios daños ambientales en la Amazonía y en el sur del país.
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La decisión, emitida el 2 de febrero por el Ministerio de Ambiente y Energía, se sustenta en informes técnicos que alertan sobre impactos directos en ecosistemas frágiles, especialmente en zonas donde se han registrado afectaciones a fuentes hídricas.
Los análisis advierten la presencia de metales pesados —entre ellos cobre, plomo, arsénico y cadmio— así como cianuro en concentraciones superiores a los límites permitidos en los ríos Calera y Amarillo, ubicados en la cuenca Puyango–Tumbes, una señal del deterioro generado por actividades mineras clandestinas.
En declaraciones recientes, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano Díaz, señaló que la minería ilegal “representa una amenaza directa para los ríos, los bosques y la vida de las comunidades amazónicas”, y afirmó que la medida busca frenar un daño que, según la entidad, se ha acelerado de forma preocupante en los últimos meses.
Controles e inspección
Como parte de la resolución, el Ministerio ordenó la ejecución inmediata de controles e inspecciones, además del inicio de procedimientos sancionatorios en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y el apoyo de la fuerza pública. Estas acciones incluyen la intervención de operaciones irregulares, el decomiso de maquinaria y material mineralizado, y la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental y de agua vigente.
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Las Direcciones Zonales 7, 8 y 10 también iniciarán procesos administrativos sancionadores contra operadores mineros que registren infracciones, con el objetivo de impedir que el daño ambiental continúe avanzando en las zonas afectadas.
De acuerdo con Manzano, el propósito de la intervención estatal no se limita a detener la minería ilegal, sino también a restaurar los ecosistemas, garantizar el acceso al agua limpia y frenar prácticas que ponen en riesgo la salud de las comunidades. “Vamos a actuar con firmeza, sin retrocesos y con la ley en la mano”, afirmó la ministra al referirse a la ejecución de las nuevas disposiciones.
La medida se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para reforzar el control estatal y contener la expansión de actividades extractivas ilícitas, priorizando la protección de la naturaleza y la seguridad de las poblaciones que dependen de estos territorios.
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