Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores
El Biess asumió la administración de estos recursos en mayo de 2015. En total, maneja $ 310 millones por este concepto
Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados (FCPC’s), conocidos como fondos de cesantía, podrán regresar a manos de sus dueños. El quinto proyecto de Ley urgente del Ejecutivo llamado de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia plantea, entre otros, que estos recursos vuelvan a ser administrados por sus aportantes.
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Este fondo, que es paralelo al que tienen los afiliados a la seguridad social, se nutre con aportaciones de trabajadores de municipios, de la Contraloría, empresas eléctricas, petroleras y otras entidades.
Entre las razones para dejar de manejar estos recursos consta que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) está administrando alrededor de $ 310 millones de Fondos Previsionales, de naturaleza privada, señala el proyecto que remitió el presidente Daniel Noboa el 28 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional.
Además, el Biess según la norma de la Superintendencia de Bancos cobra un tasa de administración inferior al costo que genera su manejo. Esto, según la iniciativa, evidencia que “se están usando fondos del IESS, en la administración de fondos privados” (ver gráfico).
Ante esta realidad el proyecto de ley, establece en la segunda disposición transitoria, que los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados -manejados por el Biess- vuelvan a ser administrados por sus participantes en un plazo de 90 días.
Para que esto se concrete la Junta de Política y Regulación Financiera deberá establecer en una normativa secundaria los procedimientos, para la designación de los Consejos de Administración por medio de elecciones entre el total de partícipes.
Ley del Biess: ¿Qué impacto tiene esta reforma?
Para Pablo Lucio-Paredes, doctor en Economía Aplicada y director de Economía en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la disposición busca que la administración de estos recursos vuelva a ser como era antes de su traspaso al Biess.
De acuerdo al artículo 1 de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el Biess asumió la administración del FCPC’s en mayo 2015. Entonces, la medida fue tomada por el expresidente Rafael Correa.
En este sentido, Lucio-Paredes agregó que esta reforma es más de carácter administrativo y financiero, que no tiene mayor incidencia en el manejo del banco de los afiliados. “En el total de recursos que maneja el IESS, $ 300.000 nos son nada, ni bueno ni malo”.
Según la rendición de cuentas de 2024, el banco de los afiliados destinó para inversiones privativas los siguientes valores:
- $ 6,8 millones en préstamos hipotecarios.
- $ 5,6 millones en créditos quirografarios.
- $ 62.000 en créditos prendarios.
Diego Burneo, exgerente del Biess y experto en estructuración financiera, refirió que la entidad financiera de los afiliados administra alrededor de 37 fondos de este tipo y señaló que su administración quedaba relegada por su “tamaño relativo frente a la carga operativa del banco en su conjunto”.
Por esta razón, Burneo indicó que el traspaso es acertado. En este proceso, añadió, que el levantamiento de inventarios es clave para garantizar transparencia y continuidad. “La transición plantea desafíos importantes y conlleva riesgos de fragmentación o de politización que no deben ser ignorados ni subestimados”.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, que cuenta con un fondo complementario, resalta también la medida. Aunque sus recursos no son administrados ya por el Biess, Gabriela Menéndez, presidenta de este gremio, contó que ellos recuperaron su fondo en 2019 tras demostrar que no provenían de aportes estatales. Sin embargo, recuerda que no vino “completo”.
Más allá de este cambio, a Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, le preocupa que esta iniciativa busque “vender” la cartera de créditos (quirografarios, hipotecarios y prendarios) que tiene el Biess para contar con liquidez y comprar así bonos al Estado para que le permitan “cubrir el déficit fiscal”.
"Este proyecto es un atentado al seguro social porque restringiría los recursos para la concesión de créditos quirografarios, hipotecarios y prendarios a los afiliados", apuntó Llanes.
La Asamblea Nacional tiene 30 días para tratar el proyecto de Ley urgente de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia conocidad como Ley del Biess.
