Ecuador: Dividendos y utilidades no distribuidas con nuevos tributos desde septiembre
La Ley de Transparencia Social plantea reformas tributarias. La norma plantea ambién cambios para el IESS
La recién aprobada Ley de Transparencia Social, conocida como Ley de Fundaciones, que busca regular la operación de fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), plantea cambios tributarios, que aplicarán desde este 1 de septiembre de 2025.
(Lea también | Banco Mundial: Tres de cada 10 ecuatorianos en riesgo de caer en pobreza en dos años)
El Servicio de Rentas Internas (SRI) indicó este 29 de agosto de 2025 que esta Ley introduce reformas tributarias con el objetivo de “simplificar” el pago del Impuesto a la Renta en dividendos, fomentar la reinversión de utilidades y mejorar el control de obligaciones tributarias de los sectores señalados en la norma.
En el caso de los cambios en la tributación de dividendos (que son los montos que reciben los accionistas), la entidad mencionó que a partir de septiembre de 2025, se implementará un impuesto único del 12% sobre la distribución de dividendos, retenido en su totalidad al momento de la entrega de utilidades. “Esta medida no crea un nuevo impuesto, sino que modifica el esquema vigente para hacerlo más eficiente y transparente”, enfatizó el SRI.
Además, precisó que las medidas aplicables serán las siguientes: 10 % cuando el beneficiario efectivo sea un no residente; 12 % cuando el beneficiario efectivo sea residente en Ecuador; y 14 % en casos relacionados con paraísos fiscales o cuando no se informe la composición societaria.
¿Desde cuándo aplicará el impuesto sobre la distribución de dividendos y utilidades no distribuidas?
El impuesto sobre la distribución de dividendos y utilidades que aplicará desde el mes siguiente a su publicación en el Registro Oficial. Esto significa desde septiembre de 2025 puesto que este proceso se cumplió este 28 de agosto de 2025.
Según el SRI, esta imposición permite una franja exenta equivalente a tres salarios básicos unificados por cada sociedad que distribuya dividendos a una persona natural residente en Ecuador.
Sobre el anticipo de pago a utilidades no distribuidas, se establece un pago sobre las utilidades no distribuidas al 31 de julio de cada ejercicio fiscal, con tarifas progresivas que van desde 0 % para montos menores a $ 100.000 hasta 2,5 % para más de $ 500 millones. Este pago podrá compensarse al momento de distribuir o capitalizar utilidades, refirió.
Damián Larco, director del SRI, manifestó que las empresas en Ecuador han acumulado $ 36.000 millones en utilidades no repartidas por más de 10 años. Y destacó que esta ley busca que las empresas reinviertan sus utilidades, generen más empleo, más inversión y más oportunidades para el país.
Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, el mecanismo fijado para las utilidades no distribuidas desincentiva a que los recursos se queden en las empresas para reinvertir y, en su lugar, obliga a que se distribuya a los accionistas.
“Las empresas deberán tomar una medida rápida sobre capitalizar o pagar dividendos”, enfatizó. Y, agregó que esta imposición representa una nueva carga para las utilidades no distribuidas, que ya pagan IR.
#BoletínSRI#LeyTransparenciaSocial simplifica tributación sobre dividendos y promueve reinversión de utilidades en beneficio de los ecuatorianos.
— SRI Ecuador (@SRIoficialEc) August 29, 2025
Conoce más aquí: https://t.co/FJcUwJeJ1A#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/aaUDpgqSuR
El Gobierno tiene previsto recaudar $ 545 millones al año con estas reformas. La carga recae otra vez sobre el sector productivo, dijo Acosta Burneo.
Aparte, la norma incorpora una transitoria que señala que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) “no podrá cobrar multas o recargos a las instituciones del Estado o empresas públicas que reciban como pasivos los pagos de aportes, fondos de reserva y demás que corresponda a los trabajadores, empleados o servidores públicos, de las instituciones del Estado que, por liquidación pierdan o se elimine su personería jurídica”.
Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, indicó que esta reforma es un “mal precedente”, porque “es el propio Estado moroso, representado por el gobierno nacional, el que hace leyes para no pagar sus deudas”. Además, enfatizó que esta iniciativa es inconstitucional y atenta contra el patrimonio del IESS.