Ley Fundaciones en primer debate: ONG bajo la lupa y críticas al Gobierno
La Ley de Transparencia Social pasó la primera discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional
La Ley de Transparencia Social superó su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La discusión se centró en la existencia de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro con presuntos vínculos con el crimen organizado, y en la preocupación de que la normativa pueda ser utilizada para acallar a organizaciones sociales críticas al Gobierno.
El bloque oficialista ADN defendió el proyecto, enviado por el Ejecutivo y modificado por la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la oficialista Valentina Centeno. El debate comenzó, precisamente, con su intervención.
“Las economías criminales mueven 30.000 millones de dólares anuales. Lo más grave es la infiltración de esas economías en la vida social, económica y comunitaria. Existen antecedentes que demuestran cómo la criminalidad está utilizando a organizaciones sociales sin fines de lucro para lavado de activos”, señaló Centeno en el Pleno.
A continuación, explicó los controles incluidos en la normativa para regular los flujos de financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Señaló que las grandes fundaciones, por su nivel de riesgo, deberán implementar mayores controles y herramientas para rendición de cuentas.
“Las pequeñas (fundaciones) tendrán procesos de auditoría simplificados. Si fortalecemos la integridad, cerramos espacios para el crimen organizado”, añadió Centeno.
Los primeros cuestionamientos al proyecto de ley llegaron desde el Partido Social Cristiano (PSC). El legislador Alfredo Serrano sostuvo que, hasta el momento, no existe ninguna denuncia ni proceso judicial contra fundaciones implicadas con el crimen organizado.
“Todo esto suena bonito. Pero escuchen la contradicción: queremos ponerle reglas del juego a las organizaciones de la sociedad civil para que no laven dinero, pero le proponemos al pueblo ecuatoriano poner casinos nuevamente para que se lave dinero de la forma más fácil y perversa”, expresó Serrano.
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana también surgieron críticas. El asambleísta Franklin Samaniego alertó sobre el riesgo de que la Ley de Transparencia Social se convierta en una herramienta de presión política. Aclaró que su oposición no se debe al control del financiamiento, sino a los requisitos exigidos que, en la práctica, podrían limitar el derecho a la libre asociación.
Pachakutik advierte sobre posibles impactos en pueblos indígenas
La bancada de Pachakutik expresó su preocupación respecto al impacto de la ley sobre las organizaciones surgidas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.
“¿A qué nos referimos cuando hablamos de organizaciones comunitarias? Tengamos cautela en generar legislación. Los pueblos y nacionalidades son sujetos de derechos colectivos”, advirtieron desde el movimiento.
¿Qué sigue ahora?
Tras el cierre del debate, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para incorporar las observaciones planteadas durante el Pleno.
Esa mesa legislativa, bajo control del oficialismo, deberá elaborar un nuevo informe que será presentado nuevamente al Pleno para su segundo y definitivo debate.
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