El oficialismo empezará el trámite de la Ley de Fundaciones con tres autoridades
ADN en la Asamblea rebautizó la Ley de Fundaciones de Daniel Noboa como Ley de Transparencia Social
El 5 de agosto de 2025, la Comisión de Desarrollo Económico iniciará el trámite de la Ley de Fundaciones propuesta por el presidente Daniel Noboa, ahora denominada “Ley de Transparencia Social”. El proyecto busca que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria supervise los recursos de las organizaciones sin fines de lucro, tras detectar $600 millones en operaciones inusuales. Autoridades del Gobierno y de la Superintendencia comparecerán para sustentar la iniciativa.
El trámite de la Ley de Fundaciones propuesta por el presidente Daniel Noboa comenzará el 5 de agosto de 2025 en la Comisión de Desarrollo Económico. Valentina Centeno (ADN), presidenta de dicha mesa, ha convocado a dos sesiones, una de las cuales incluye la comparecencia de tres autoridades.
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En primer lugar, el oficialismo en la Asamblea ha rebautizado la Ley Orgánica para el Control de los Flujos Irregulares de Capitales —enviada con carácter económico urgente— que ahora se denomina “Ley de Transparencia Social”.
En la primera sesión de la Comisión de Desarrollo, prevista para las 15:00 del 5 de agosto de 2025, se abordará la ley remitida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) a esa mesa.
Posteriormente, durante la segunda sesión, se recibirá a dos autoridades del Gobierno y a una de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Con ello se prevé iniciar la discusión para elaborar el informe correspondiente al primer debate. Las autoridades convocadas son:
Ministerio de Gobierno: Zaida Rovira
Secretaría de Integridad Pública: José Julio Neira
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: Christina Murillo
El Gobierno Nacional defiende su proyecto
La mañana del 4 de agosto de 2025, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, se refirió a la Ley de Transparencia Social. Señaló que, durante el presente año, se han registrado 600 millones de dólares en operaciones inusuales vinculadas a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.
Según la vocera del Gobierno, estos datos ponen sobre la mesa un debate necesario sobre lo que ocurre dentro del sector. Añadió que las causas de la mayoría de estas organizaciones son nobles. “Esa labor no puede verse empañada porque algunas, pocas o muchas, estén desviando estas causas para cometer presuntos delitos”, indicó Jaramillo.
Entre los planteamientos del proyecto de ley del Ejecutivo se establece que los flujos de recursos manejados por las organizaciones sociales sin fines de lucro estén bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
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