Ley de Fundaciones: Gobierno ensaya un marco para controlar a las ONG
Noboa dice que hay dinero de fundaciones para el narco. Organizaciones sociales dicen que intentan silenciarlas
Daniel Noboa apunta al control del financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de las sociedades civiles sin fines de lucro. Sostiene que algunas de ellas han sido utilizadas como “vehículo de lavado” para financiar a organizaciones narcoterroristas.
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Se trata de la cuarta ley económica urgente presentada por el Ejecutivo en el nuevo periodo legislativo. Noboa la denominó Ley de Fundaciones, aunque llegó bajo el membrete de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales.
La normativa, que fue enviada a la Asamblea la tarde del martes pasado, contiene dos elementos claves: uno vinculado directamente a las ONG y otro enfocado en una reforma tributaria del Impuesto a la Renta.
En esencia, quiere combatir el lavado de activos, el financiamiento de grupos delictivos, la corrupción y el uso indebido de fondos públicos o privados.
Nueva facultad para la SEPS
La propuesta asigna a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) el control. En caso de uso indebido o desvío de recursos económicos respecto a los fines declarados, se prevén sanciones.
Sobre este punto, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señaló que es uno de los aspectos perfectibles de la ley. Aseguró que debería evaluarse si la SEPS cuenta con el conocimiento y la capacidad técnica para ejercer esa facultad.
La ley también propone que cada organización establezca mecanismos de control basados en los riesgos a los que está expuesta. De esta manera, la SEPS deberá concentrarse en la vigilancia de aquellas con mayor exposición a riesgos operativos, legales y financieros.
Un punto fundamental de la norma es la creación de un registro. Se crearía el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales, bajo responsabilidad del Ministerio de Gobierno. “Sin el registro no podrán realizar sus actividades en el territorio ecuatoriano”, señala la propuesta del Ejecutivo.
La asambleísta del oficialismo Valentina Centeno insistió en que el objetivo es afectar a las economías criminales. “En muchos casos, el financiamiento se da a través de fundaciones a grupos de delincuencia organizada, minería ilegal, o (para) paralizaciones violentas en contra del Gobierno”, manifestó.
¿El regreso del Decreto 16 de Rafael Correa?
Este enfoque generó comparaciones inevitables. Durante el correísmo, se emitió el Decreto Ejecutivo 16, con el que se reguló el funcionamiento de las organizaciones sociales.
Bajo esa normativa, fundaciones críticas al gobierno del expresidente Rafael Correa, como Pachamama, fueron cerradas. Ahora, desde las organizaciones sociales se levantan nuevamente las mismas alertas.
Ricardo Buitrón
Ayer, Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica, afirmó en una rueda de prensa que se pretende asociar a las organizaciones que defienden los derechos humanos y la naturaleza con grupos delictivos.
“Estas organizaciones han denunciado los abusos bajo los modelos de explotación de recursos naturales”, mencionó Buitrón. Agregó que el mecanismo para acallar a estas entidades es imponer leyes que no difieren de las que, una década atrás, llevaron al cierre de fundaciones.
La propuesta incluye como causal de disolución de las organizaciones sociales incurrir en actividades ilícitas, entre ellas lavado de activos, tráfico de armas, drogas o personas, minería ilegal o cualquier actividad que atente contra los derechos fundamentales, el orden público o la seguridad del Estado.
Al respecto, Alarcón indicó que esa causal debería ser eliminada. “Es incompatible con los estándares internacionales”, argumentó el experto.
Por ahora, el proyecto está en proceso de calificación ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL). De superarlo, será remitido a una comisión especializada para su trámite. Alarcón advirtió que, tomando en cuenta los antecedentes de las tres leyes económicas urgentes ya aprobadas, es necesario prestar atención a lo que pueda incluirse en el Legislativo.
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