"Me perturba que se compare con el correísmo": Neira sobre ley de fundaciones
El secretario José Julio Neira reconoce que el proyecto se basa en un riesgo y no en cifras
El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, se pronunció este 30 de julio de 2025 sobre el reciente proyecto de Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional.
En entrevista con Ecuavisa, Neira explicó que la iniciativa legal es necesaria porque la "información empírica" demuestra que las fundaciones también han sido utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero.
Según el funcionario, algunas fundaciones, de forma individual, reciben entre 10 y 15 millones de dólares. En total, el universo de más de 70.000 organizaciones sin fines de lucro mueve más de 300 millones de dólares en ingresos.
El Gobierno no sabe cuánto dinero ilícito ingresa a las fundaciones
A pesar de los análisis financieros realizados, Neira admitió que el posible ingreso de recursos ilícitos sigue siendo un tema en estudio. La propuesta legal, dijo, se basa en un riesgo identificado por inteligencia financiera, no en cifras concretas.
No obstante, indicó que incluso si tuvieran esos datos, actualmente no existe un marco regulatorio que permita denunciarlo. Por ello, el proyecto de ley busca implementar las herramientas necesarias para controlar esos flujos.
“Estamos regulando este vehículo que ha sido utilizado para el lavado de activos; le estamos devolviendo el deber ser”, señaló. Añadió que la información recopilada indica que incluso hay dinero de fundaciones que termina en organizaciones políticas, aunque no esté vinculado con sus fines institucionales.
La ley no será utilizada para perseguir, asegura el Gobierno
Al ser cuestionado sobre las similitudes con normativas aplicadas durante el correísmo, Neira rechazó las comparaciones y afirmó que la propuesta del actual Gobierno no busca perseguir a quienes piensan diferente.
“Me perturba que se compare con el correísmo. El correísmo fue una persecución. Esto es una protección social”, sostuvo. Aclaró que existirán parámetros objetivos para el control de las organizaciones.
Entre los criterios que se aplicarán, mencionó la revisión de los directivos de las fundaciones, su tamaño, y una comparación técnica sobre los recursos que manejan en el sistema financiero y en la economía popular y solidaria.
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