Diego Franco: "No se favorecerá a ninguna familia, ni a la del presidente"

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa ha sido la encargada de revisar, modificar y aprobar los informes para debatir el proyecto de Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, calificado como económico urgente. Una normativa que involucra a múltiples actores: la protección ambiental, el sector turístico y las comunidades locales, entre otros. En este contexto, Diario Expreso dialogó con Diego Franco, vicepresidente de la Comisión, el pasado 4 de julio, mientras se preparaba el informe para segundo debate que se llevará acabo el 10 de julio. En la entrevista, el legislador defendió el proyecto y respondió a varias inquietudes sobre su construcción y alcance.

-¿Cuáles fueron los criterios clave que motivaron calificar este proyecto como urgente en materia económica, considerando que su eje central parece estar vinculado al ambiente y la gestión territorial?

Esta es la tercera económica urgente. Tuvimos la de solidaridad, luego la de integridad, y mucha gente se pregunta por qué esta, de las áreas protegidas, es económica urgente. Y tiene mucho que ver con economía, pero muchísimo: primero, la reactivación económica de las áreas aledañas a las áreas protegidas. Por lo general son zonas reprimidas, muchas son comunidades, pueblos y nacionalidades, y también tienen que reactivarse de forma económica. Además, tomen la minería ilegal —ojo, solo minería ilegal, no hablo del resto de actividades ilícitas—, solo en minería ilegal, el Ecuador pierde al año alrededor de 3.000 millones de dólares.

-El proyecto de ley no menciona creación de proyectos de extracción minera o mecanismos para que los GDOs devuelvan fondos ¿Cómo se va a recuperar el dinero?

Me refiero a que no se pierdan, no a recuperarlo. Con esta ley se permite más control en las áreas protegidas, intervención de las fuerzas del orden, lo cual va de forma transversal con otras leyes. Eso va a permitir arrinconar a todos estos corruptos. No necesariamente el Estado lo va a percibir, pero no lo va a perder, esa es la idea. Esto no es inventarse el agua tibia. Yo siempre pongo de ejemplo a Costa Rica. Nada más alejado de la verdad. No hay privatización de las áreas protegidas, pero sí una privatización de los servicios que se van a brindar en ciertas áreas protegidas.

-Uno de los puntos más críticos es el artículo 7, que da seis meses a empresas y comunidades para llegar a acuerdos. ¿No debilita la integración de pueblos y nacionalidades indígenas?

Tuvimos la oportunidad de unirnos con líderes de las comunidades. Ellos son los primeros en sentirse protegidos, en ser incluidos, en sentirse parte de la toma de decisiones. El Ecuador no puede esperar. Son seis meses en los cuales podemos llegar a todos los acuerdos necesarios. Creo que incluso va a sobrar tiempo.

-Uno de los cuestionamientos más mencionados es el caso del proyecto turístico ECHO en Olón, vinculado a la familia presidencial. Este proyecto fue frenado por riesgo ambiental y reactivado tras un cambio de funcionarios. En caso de aprobarse esta ley, ¿no se estaría abriendo la puerta a la legalización de estos casos bajo un marco muy general?

No se va a abrir el caso de Olón. No es para favorecer a ninguna familia, ni a la del presidente ni a ninguna empresa en particular. Ese caso se hizo 100% político. A veces vemos el arbolito y no el bosque, y queremos hacer de un caso muy particular un daño a todo un país que sí espera una reforma como esta.

-Se plantea que el Ministerio del Ambiente, Turismo y Trabajo asumirán funciones del nuevo SNAP mientras se crea. Pero cuando muchas instituciones participan, ¿quién se responsabiliza?

Sí, existe el temor de que haya demasiada burocracia. Pero yo creo que las líneas están claras, y la idea es que esto sea muy rápido y transitorio. Por eso es una ley económico urgente: tenemos fechas, tenemos tiempos, y hay que hacerlo ya

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