Ley de Fundaciones: ¿Asamblea aprobó una nueva Ley trolebús?
Asambleístas de RC y PSC advirtieron riesgo de persecución a organizaciones sociales y de abuso al IESS
Como ha sido común en este período, el 26 de agosto del 2025, el Pleno de la Asamblea cumplió con las formalidades: el oficialista Niels Olsen abrió un debate, del que participaron 16 legisladores. Y en alrededor de dos horas se aprobó otro proyecto económico urgente, la Ley Orgánica de Transparencia Social, conocida como Ley de Fundaciones.
Con 78 votos a favor, 66 en contra, cero blancos y dos abstenciones, el presidente Daniel Noboa consiguió que otro texto pase sin ningún cambio. Se trata de un documento de 75 páginas, con 18 artículos, 10 disposiciones generales, nueve disposiciones transitorias, siete reformatorias y tres finales.
El proyecto, que llegó al Legislativo el 29 de julio, fue presentado como Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. Se dijo que se trataba de una respuesta urgente frente a la creciente amenaza del crimen organizado, que incluso ha infiltrado en fundaciones.
En esa línea lo defendió la legisladora de ADN, Mishel Mancheno, quien insistió en que surgió de una necesidad urgente e impostergable de cerrarle las puertas a flujos irregulares de capital.
¿Qué argumentó la ponente de la ley, Mishel Mancheno?
En su intento de poner un ejemplo de que buscan “prevenir el uso indebido de las organizaciones sociales como fachadas”, Mishel Mancheno mencionó que hay fundaciones, en donde tratan las adicciones, en donde ocurren todo tipo de violaciones, maltratos.
“Eso demuestra hasta que punto que la falta de control ha permitido que se disfracen de obra social, lo que es espacio de abuso y crimen”.
Aunque eso confundió a la sala, ya que no hablo de los recursos económicos que llegan a ese tipo de espacios. Además, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) suele clausurar esos centros de adicciones.
La defensa de Sergio Peña
Sergio Peña, expulsado de la Revolución Ciudadana, que integra la mesa de Desarrollo Económico, puso un mejor ejemplo para promover la tesis del Gobierno. Habló de una asociación, que había facturado de enero a mayo de este año, más de 400.000 dólares. Resaltó que Ecuador al igual que muchos países de la región enfrentan el financiamiento ilícito, por lo que repitió que había que transparentar los recursos que tienen las organizaciones sociales.
Consultada semanas atrás, la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo apoyó las sanciones a organizaciones que sirvan de fachada para actos criminales. Pidió que se publiquen evidencias, nombres de los responsables y las sanciones aplicadas o por aplicarse. Ayer en la tarde revisaban un pronunciamiento.
Otra ley trolebús, según Liliana Durán, de la Revolución Ciudadana
En la sesión, del lado del correísmo, Liliana Durán anotó que la Asamblea se convertirá en cómplice de un proyecto que “bajo el ropaje de transparencia abre la puerta a la persecución política y al debilitamiento de la democracia”. Según señaló, en el segundo informe se rompe con el artículo 136 de Constitución sobre unidad de materia en los proyectos de ley.
“Lo que inició como empezó como un proyecto circunscrito al control de flujos irregulares de capitales y supervisión de organizaciones sociales, terminó incluyendo disposiciones tributarias, reformas a la Ley de Minería, régimen de liquidación de empresas públicas y hasta centralización en el Banco Central de fondos congelados por orden judicial. Es una nueva ley trolebús encubierta, con vicios de inconstitucionalidad de origen”.
.@LilianaDuranA insta: “El proyecto de #LeyTransparenciaSocial presenta dispersión normativa e inconstitucionalidad” “Desnaturaliza el trámite de urgencia económica, y representa una carga excesiva para fundaciones y organizaciones sociales”. pic.twitter.com/Vd4ofHuzQT
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 26, 2025
Contra más impuestos y una inconstitucionalidad al disponer de recursos del IESS habló Alfredo Serrano
Alfredo Serrano, del PSC, lamentó que una vez más no se hayan recogido las observaciones de él y sus coidearios. Y reiteró que su partido no apoyará proyectos que tengan que ver con impuestos.
Fernando de la Torre
“No podemos castigar la reinversión de utilidades”, sostuvo, luego de recordar que en 1952, la familia de Tommy Wright (+), empezó con un negocio pequeño La Favorita, en Quito. “Hoy un imperio, Supermaxi. ¿Qué hubiera pasado si no reinvertían utilidades, para crecer?
Además, Serrano advirtió que la disposición transitoria sexta es inconstitucional pues toca recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la que no pueden disponer la Asamblea ni el Gobierno.
El texto dice: “El IESS no podrá cobrar multas o recargos ni obligaciones de capital adeudado a las instituciones del Estado o empresas públicas que reciban dentro de sus pasivos los pagos de aportes, fondos de reserva y demás que corresponda a los trabajadores, empleados o servidores públicos, de instituciones del Estado que, por liquidación pierdan o se elimine su personería jurídica”.
Sobre la Ley de Minería
Por su parte, Steve Villacrés, de ADN, celebró que en esta ley también se reforme a la Ley de Minería. “Hasta diciembre 2024 se han reportado 387 focos de minería ilegal en todo el país, se les ha acabado la fiesta”, dijo.
