Todo autoritario tiene en su manual el control de las ONG

Si existiera un Manual del Perfecto Autoritario habría un capítulo especial sobre la necesidad de tener bajo control a las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG). Lo tiene Vladimir Putin que en 2012 promulgó una ley para regular las ONG y también lo tiene el presidente de Hungría, Víctor Orban, otro autoritario de manual como aparecen muchos en un mundo donde la democracia recula y gana espacio el autoritarismo. Y esto no es nada extraño: en el libro The Dictator’s Learning Curve (en español La Curva de Aprendizaje de los Dictadores, 2012), el académico Willian Dobson escribió varias páginas sobre cómo Putin y otros autoritarios como Chávez le metieron la mano a las organizaciones de la sociedad civil utilizando leyes que establecen marañas de leyes, regulaciones, impuestos, controles o otros trámites para tener el control sobre estas organizaciones que muchas veces trabajan por los derechos de las personas, por la participación política o por los derechos humanos.

Dobson explica que los regímenes autoritarios modernos han aprendido de las dictaduras del siglo XX y, en lugar de recurrir siempre a la represión brutal o a los golpes militares, ahora usan mecanismos más sutiles, legales y administrativos para controlar las ONG. Estos gobiernos promueven (bajo la pantalla de muy buenos objetivos), requisitos de registro, licencias especiales o regulaciones, normas fiscales para limitar, retrasar o incluso disolver a las ONG críticas. No las prohíben abiertamente (eso ocasionaría protestas internacionales) sino que “ahogan en papeleos” o las cierran por incumplimiento técnicos. El gran maestro de este sistema es, sin duda, el presidente ruso Vladimir Putin que con estas regulaciones, impuestas en 2012 y reforzadas en 2023, pudo eliminar prácticamente toda actividad crítica al gobierno de agrupaciones ciudadanas que recibían donaciones o financiamiento de empresas privadas o desde el extranjero. En el Ecuador parece que hay muy buenos alumnos: en 2016 Rafael Correa emitió el célebre decreto 16 que le permitió cerrar fundación Pachamama que promovía al activismo cívico y ambiental de grupos indígenas.

Daniel Noboa y su interés por controlar las ONG

Ahora, es el presidente Daniel Noboa que llega con una iniciativa similar de ley para regular las ONG que, tiene como las de muchos otros autoritarios, razones aparentemente positivas para implementarla. En el caso de la ley de Noboa que se llama Ley Orgánica de Transparencia Social, el supuesto objetivo es el combate a las economías criminales y vinculadas a los lavadores de dineros que provienen del narcotráfico. El proyecto es un intrincadísimo sistema de regulaciones y controles con el supuesto fin de evitar que se lave dinero en el Ecuador. Ahora bien, una cosa es el aparente fin benéfico del proyecto y otro la veracidad de los argumentos que el gobierno y el gobiernismo están usando para su aprobación y defensa.

La asambleísta Valentino Centeno que ha dirigido el proceso de aprobación del informe para segundo debate, por ejemplo, ha dicho que el crimen organizado mueve 30 mil millones al año y que muchas organizaciones sociales sin fines de lucro (cuyo número no conoce) están utilizando esos fondos. Pero las cifras, en realidad, parecen ser muy distintas. Según la verificadora de datos Lupa Media, el director de la Unidad de Análisis Financiera y Económico, José Julio Neira, dijo que en los primeros cinco meses de 2025 se reportaron 600 millones en operaciones inusuales a la Fiscalía. La cifra de Centeno, en realidad, es un absurdo: representaría al 83% del Presupuesto General del Estado. Lupa Media dice que luego de varias investigaciones se ha llegado a la conclusión de que entran al país 4 mil millones de dólares ilícitos al año: una cifra importante pero ni de cerca a los 30 mil millones de dólares de los que habla Centeno. En una entrevista con Ecuavisa, Neira no pudo responder a una pregunta bastante simple: ¿cuánto de esos 600 millones de los que habló son usadas por fundaciones?

Los riesgos para la sociedad civil en la Ley de Fundaciones

Para comenzar, las regulaciones para evitar el lavado de dinero en las ONG están plenamente vigentes, por lo que la ley es inútil. Eso lo dijeron en la Asamblea los representante de varias organizaciones, entre esas la de Defensa de la Naturaleza. La Fundación Ciudadana y Desarrollo que es dirigida por Mauricio Alarcón, sostiene que la ley es subjetiva, discrecional y recuerda a instrumentos de persecución política como el decreto 16 de Correa. La World Wildife Foundation, WWF, por su lado dijo que el Estado ya tiene mecanismos para fiscalizar y que el proyecto no tiene nada de económico urgente. Incluso la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica por intermedio de su autoridad, Gina Romero, dijo que la ley estigmatiza la libertad de asociación y que es completamente inútil para lo que dice quiere combatir.

Si bien es cierto que la GAFI, Grupo de Acción Financiera de América Latina, recomendó el control a las ONG para evitar el lavado del dinero sucio, también es cierto que pidió a los países que tomen medidas para eso que no abusen de las regulaciones para no ahuyentar a la ayuda social y cívica.

En definitiva, si la intención fuere perseguir lavado, no hace falta otra norma que no sea la Ley de Control de Lavado de Activos. En realidad, el proyecto es muy parecido al decreto 16 de Rafael Correa: reportar todo lo que hace una ONG, quién le entrega dinero y cómo lo usan. El proyecto, por ejemplo, dice que la licitud de los fondos debe ser comprobada. O sea, no hay que probar la infracción sino que toda donación es, por principio, ilícita.

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