Ministro de energia Roberto Luque dió a conocer sobre el recorrido en en el centro de Captación de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en El Chaco, Napo. 30 de mayo del 2024
La Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair de 1,500 megavatios (MW) está ubicada en la provincias de Napo.Archivo / Expreso

Las fuertes lluvias reviven las alertas en el sector energético de Ecuador

La salida de operación de hidroeléctricas desnuda las falencias del sector. Las industrias ponen a prueba su limitada ayuda

Cuando todo parecía solucionarse, las fuertes lluvias de la Amazonía vuelven a recordar la fragilidad y deficiencia del sistema energético. Las precipitaciones no solo amenazan a la infraestructura petrolera, sino también a la eléctrica, con la salida de operación de tres centrales hidroeléctricas que, desde ayer, merman 1.730 megavatios del sistema interconectado nacional.

El pasado miércoles, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) ordenó, como medida de prevención, parar el funcionamiento de Coca Codo Sinclair (1.500 MW), Delsitanisagua (180 MW), San Bartolo (49,9 MW), entre otras unidades hidroeléctricas. El riesgo es que la corriente de ríos traiga consigo sedimentos que pueden juntarse en los afluentes que van hacia estas centrales de generación, y dañar con ello sus turbinas.

“Las lluvias están generando mucha agua con residuos de roca y eso puede dañar las turbinas (de las centrales). Con mucho sedimento es necesario paralizar las hidroeléctricas y poner a operar las termoeléctricas y otras fuentes de generación eléctrica” explica Katherine Pazos, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Ecuador.

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha ratificado la alerta meteorológica, previendo precipitaciones de muy alta intensidad hasta hoy viernes en las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza y Morona Santiago, un fenómeno que podría repetirse o extenderse la próxima semana.

EXPRESO intentó tener información del Ministerio de Energía respecto a las medidas compensatorias que se tomarían para cubrir el déficit energético, pero aún se está a la espera de una respuesta.

En las condiciones actuales, calculan los expertos, el país, con la generación del complejo Paute Integral (1.700 MW), la generación térmica (1.800 MW), más Agoyán, San Francisco, Pisayambo y otras centrales, puede disponer de 4.000 MW. Sin embargo, en lo que va de este 2025 la demanda máxima de energía ha llegado hasta los 5.110 MW, según el reporte de operación del Cenace.

Gabriel Secaira, analista energético, concluye que con esto existiría una diferencia de al menos 1.110 MW, que podría ser cubierta en parte con importaciones de Colombia (450 MW) o con ayuda de las empresas privadas.

Ayuda privada limitada

En medio de esta nueva emergencia, Cenace dispuso la operación de los Grupos Electrógenos de Emergencia (GEE), los mismos que, anunció, deberán operar desde las 14:00 del pasado miércoles hasta las 23:00 de hoy.

Según el comunicado, se requiere la operación continua y sostenida de todos los GEE durante las 24 horas del día en el período indicado. “No obstante, en caso de restricciones operativas que impidan el funcionamiento ininterrumpido, se recomienda priorizar su operación diaria entre las 07:00 y 22:00, con especial énfasis en la franja horaria de 17:00 a 22:00”, cita el comunicado.

No obstante, no todas las industrias del país participan en este periodo o eventos futuros, sino únicamente aquellas que tienen firmado un contrato de generación emergente con el Estado y que tienen una capacidad total de proveer al sistema hasta 300 MW. Esto porque, según explica Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), “no todas las industrias tienen la capacidad de autogenerarse e inyectar energía al sistema por periodos cortos”. Habló además del limitado aporte que podrían tener ciertas empresas, con generadores que solo pueden funcionar entre 4 y 12 horas, pero no las 24 horas como el Cenace solicita.

Las industrias involucradas en este mecanismo son principalmente las de mayor envergadura y consumo energético para sus operaciones productivas. Según Navarro, se trata generalmente de empresas clasificadas como AB2, como petroleras y mineras.

“A diferencia del año pasado, cuando se lo pedían a todas las industrias, ahora esto es puntual”, destacó el también presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), diferenciando esta medida de las implementadas durante la crisis energética del 2024, cuando el país sufrió cortes eléctricos de hasta 14 horas diarias.

Sin embargo, Navarro reconoció que existe una afectación para estas industrias, ya que al ser una medida puntual e imprevista, las empresas deben recurrir a su flujo de caja para comprar combustible y todos los insumos necesarios para autogenerar energía, algo que no estaba programado ni planificado. No obstante, esta inversión se compensa cuando el Gobierno realiza el correspondiente cruce de facturas, pues estos contratos obligan al Estado a pagar a las empresas un valor determinado por kilovatio suministrado.

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En Guayas, hasta marzo de 2025, había en total 43 empresas que habían firmado contratos de generación emergente con el Gobierno ecuatoriano. En dicho grupo están compañías que operan en los sectores del plástico, cemento, papel, entre otros rubros.

Desacuerdos por plazos de autogeneración eléctrica

El Gobierno Nacional estableció un plazo de 18 meses para que las empresas de tarifa de alto voltaje instalen sistemas de generación eléctrica propia. La orden rige desde el pasado 15 de junio. No obstante, aún esto genera dudas en el gremio de industriales.

Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, señaló que esperan reunirse la próxima semana con autoridades para analizar las disposiciones del acuerdo 32, que no deja claro qué tipo de empresas deberían acogerse a esta norma.

“Fijar 18 meses para una empresa de medio voltaje es técnicamente y financieramente improbable... Las empresas AB1 y las de AB, que también son mencionadas en el reglamento, no tienen esa capacidad”, dijo el dirigente, quien además espera que las autoridades resuelvan otras dudas relacionadas a la participación de proveedores privados de energía.

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