El Gobierno ‘ensaya’ en medio de polémica una reforma laboral

“Nos hicieron un flaco favor”, dijo el ministro del Trabajo, Harold Burbano, al reconocer que el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2026-046, que planteaba una flexibilidad a la jornada laboral, “era un borrador” y que el documento debía llegar únicamente al sector empresarial y a los dirigentes gremiales. La polémica que se generó por su difusión, según Burbano, se basa en una lectura incompleta de la propuesta.

Pero el problema no es solo de comunicación: en realidad, el acuerdo ya había sido firmado el 18 de febrero de 2026 de manera electrónica y está vigente desde su suscripción, aunque no haya sido publicado en el Registro Oficial. La propuesta regula los turnos y horarios especiales e introduce la “jornada laboral eficiente para el desarrollo”, que permite distribuir las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas diarias sin recargos. En turnos especiales, las partes pueden además pactar hasta 12 horas diarias a cambio de días adicionales de descanso, bajo la fórmula de cinco días trabajados por dos de descanso.

¿Qué dicen los gremios sindicales?

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) rechaza el acuerdo de forma tajante. José Villavicencio, presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGT) y parte del FUT, advirtió que la norma abre la puerta a que los empleadores reorganicen los horarios sin pagar recargos por trabajo en sábados y domingos, días que el Código del Trabajo reconoce como descanso obligatorio con recargo del 100%.

“El empleador le va a decir: este es tu nuevo horario, lo tomas o lo dejas. Y el trabajador, frente a la falta de empleo, se va a ver obligado a aceptar”, sostuvo. El dirigente añadió que el gobierno ya intentó flexibilizar el mercado laboral en las consultas populares de 2024 y 2025, y perdió. Para el FUT, este acuerdo es el tercer intento, ahora por vía administrativa.

Alba Guevara, abogada laboral, matiza esa lectura. Reconoce que el acuerdo tiene aspectos positivos si se aplica con control adecuado, pero advierte que la relación de poder entre empleador y trabajador hace que el “mutuo acuerdo” que exige la norma sea, en la práctica, una formalidad. “El trabajador que necesite tendrá que firmar, le guste o no”, señaló.

¿Qué dicen los sectores que están a favor?

Andrés Isch, exministro de Trabajo, defiende el acuerdo y explica que es un paso que debe dar el país ya que la informalidad laboral afecta al 60% de la población activa y llega al 90% entre mujeres rurales. Para el exministro, las normas rígidas hacen que sea más fácil quedarse fuera del sistema que cumplir la ley. "El Estado tiene que ser un aliado de la formalización, no un enemigo", dijo. Y advierte que el abuso laboral no nace de este acuerdo: ya existe, y existirá independientemente de lo que diga la norma.

La visión desde el sector empleador es distinta. Rodrigo Gómez de la Torre, exrepresentante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), también defiende que el acuerdo formaliza una realidad que el mercado ya aplica informalmente, y destaca el banco de horas como su elemento más útil. El mecanismo permite acumular horas no trabajadas en una semana para compensarlas en otra. “Imagínese las dos semanas antes del feriado: puedo bajar las horas para que el trabajador colabore de mejor manera”. 

Isch ilustra el concepto con el sector petrolero: trabajadores que laboran 21 días seguidos en la Amazonía y descansan 9, un esquema imposible bajo la jornada tradicional. Es el caso también del sector agrícola en épocas de cosecha y el comercial durante todo el año y que requieren de horarios rotativos y por temporada.

Los expertos explican en que el banco de horas no es una figura nueva: Brasil ya la aplica y varios países europeos manejan jornadas flexibles con resultados positivos. Pero Guevara advierte que la clave está en la fiscalización y recuerda el caso Furukawa, donde hubo explotación laboral pese a la normativa vigente. “¿Cómo hacer efectivo el control si no tenemos el personal suficiente?”, cuestionó.

Sin embargo, la abogada ilustra el punto más débil: si un trabajador ya cumplió las 40 horas y el empleador le pide ir un sábado, ese día debería pagarse con el 100% de recargo. Con el banco de horas se compensaría con un día libre entre semana. “No me estás compensando en la misma proporción”, advirtió.   

Para Isch, esto no debería pasar ya que el acuerdo es claro en que quien trabaje más de 40 horas debe recibir el pago correspondiente, pero el exministro admite que controlar eso en un país con millones de trabajadores informales es imposible. Su apuesta es otra: "Confiar en las partes, en que se pueden poner de acuerdo, es lo que se debería hacer, una negociación en la que ninguno pierda.

¿ Se puede realizar una demanda de inconstitucionalidad?

El cuestionamiento jurídico no viene solo de los sindicatos. Gabriel Recalde, director del Observatorio de la Política Laboral (OPL), presentó este 20 de febrero una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, argumentando que los cambios solo pueden hacerse mediante reforma legal en la Asamblea Nacional. También señala posibles violaciones al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al principio de no regresividad reconocido en la Constitución.Guevara, en cambio, no ve inconstitucionalidad en estricto sentido, pero coincide en que el banco de horas es la parte más sensible y que el Ministerio debió establecer controles más claros.

El FUT anunció su propia demanda para la próxima semana y convocó a movilizaciones para el 13 de marzo. Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador y miembro del CNTS, también planteó objeciones jurídicas: el acuerdo contradice el Código del Trabajo en materia de descanso obligatorio y recargos, y advirtió que si se mantiene como está, activarán los mecanismos de revisión legal. 

Con varios frentes abiertos, el acuerdo que el ministro dice que aún se debate enfrenta su primera prueba antes de llegar al Registro Oficial.

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