El costo oculto de las ‘vacunas,’ una amenaza para las empresas de Ecuador

Los intentos de EE.UU. por debilitar    el financiamiento que recibe el crimen organizado empieza a captar la atención del sector productivo de Ecuador. La cercanía que algunas empresas tienen con el primer    socio comercial del país, podría exponerlas a controles y    sanciones en un contexto en el que, sin control eficiente estatal,    el pago de ‘vacunas’ tiende a    institucionalizarse.

Son las empresas exportadores o importadoras o las que tienen algún vínculo de negocios con EE.UU., las que, principalmente, deberían tener mayor cuidado y atreverse a denunciar cuando son víctimas de extorsión, alerta Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG). “Algunas empresas sí denuncian, pero muchas optan por callar,    aceptar y hasta negociar el pago de una vacuna y convertirlo en un costo más de operación, resignándose a la situación que vivimos en la actualidad. Algo penoso y crítico”, dice González    a EXPRESO, en días en que hablar públicamente sobre cómo combatir las extorsiones se ha convertido en un tema prohibido para más de un dirigente gremial.

Las cifras de la Fiscalía reflejan cómo ha aumentado la incidencia de este delito, si bien en el 2025 se reportó un descenso de denuncias (16.134), ese número sigue estando muy encima de los casos    registrados hace una década (1.477).

Según los últimos estudios del mercado, al menos el 30 % de las empresas han denunciado ser víctima de extorsiones. Pagos que, explica González, se pueden dar por una sola vez y llegar a fluctuar entre los $ 5.000 y hasta $ 100.000, o fijarse en montos menores de forma mensual.

“Las estimaciones que se han hecho es que    entre un 10 - 15% de algunos sectores, han tenido que    cerrar su negocio, ya sea por temor o porque los números simplemente no les dan”. Otras empresas, generalmente, las más grandes, por    precautelar su vida y la operatividad de su actividad, han sucumbido a los pagos, ante las amenazas y presiones, pero bajo otros riesgos que desconocen.

Control externo

El año pasado, EE.UU.    decidió endurecer los controles    y penas contra agrupaciones terroristas, una política que, a criterio de juristas internacionales, podría poner bajo el radar el pago de estas extorsiones, algo que puede ser interpretado por el Departamento de Justicia (DOJ) como una forma de financiar a estas bandas delictivas.

Latin Lawyer, un portal de noticias legales para América Latina, recoge en uno de sus análisis lo clave que podría ser la presentación de una denuncia,    para que las autoridades determinen      si se formulan cargos o no. Cita a Andrew Adams, exfiscal federal en Manhattan y alto funcionario de la División de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien destaca la labor que se hace en países como México, de comenzar a ofrecer a las empresas vías más idóneas para    informar a las autoridades si son víctimas de extorsión o de intentos de extorsión. Si una empresa se autodenuncia ante fiscales en México y en Estados Unidos, dice, y puede demostrar que está cooperando con las autoridades    para corregir la situación, los pagos por extorsión “bien podrían encuadrarse” dentro de los casos que el DOJ decide no procesar.

Reforzar las leyes

Ese control podría traer repercusión en Ecuador, luego de que EE.UU. añadiera a la lista a tres bandas criminales con base en Venezuela y Ecuador. Y de ser así esto plantea    desafíos en el país, donde no existen normas que ayuden a combatir de forma especializada el delito de extorsión.    “En este    caso o en el caso de los delitos    contra lavados de activos, por ejemplo, el    vínculo de personas jurídicas (empresas) es bastante limitado. Los casos que hemos visto recientemente se han conocido por investigación o presión externa”, de otros países como EE.UU., dice Renato Rivera, miembro de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado.

González coincide en fortalecer las normas de control, pero pensando también en el bienestar empresarial. “Lo que no tiene sentido es que una empresa que es víctima, luego, por no saber de estos temas, encima sea perseguida”. Por ello habla de la      necesidad de fomentar la capacitación. Como Cámara, dice, junto a la Unidad Anti Secuestros y Extorsión (UNASE) de la Policía Nacional han logrado capacitar alrededor de 2.000 empresarios y emprendedores sobre como    prevenir ser víctimas de este delito, o incluso    alertar de los riesgos conexos como el hecho de que una empresa, en su desesperación, trate de alguna manera de utilizar un mecanismo errado como maquillar o falsificar documentos, para intentar deducir ese gasto por extorsión.

Los expertos creen que urge fortalecer    también la confianza en las instituciones. “La verdadera solución del tema está en lograr que las empresas confíen, pero para ello el Estado debe darles seguridad,    protección y la garantía de que están a buen recaudo” dice    González.

El descenso del reporte de este delito el año pasado, aclara Rivera, también es una señal de temor, resignación o de la poca fe que los ecuatorianos le tienen a las denuncias y el sistema de justicia.

El experto invita a seguir viendo lo que se hace en otros países. No basta con poner más policías en la UNASE, dice, hace falta    entender las causas    y cómo se están moviendo el crimen. “La Cámara de Comercio de Bogotá ha creado un observatorio de seguridad para documentarse y empezar a ver herramientas contra este delito. Se debe buscar la forma de crear ciertos incentivos en las empresas y sobre todo hay que crear los mecanismos de seguridad para que ellas puedan también apoyar a los Gobiernos locales en la lucha contra las vacunas, mejorar canales de denuncia, tener mesas de trabajo donde se pueden discutir nuevas estrategias”, dice.

Entrevista.  HUGO ACERO: “El miedo se corta con la acción de la autoridad”

EXPRESO en noviembre de 2023 se propuso, desde su ámbito, abanderar la lucha contra la ola delincuencial, organizando foros para generar ideas. Entre los ponentes estuvieron exautoridades colombianas, como Hugo Acero. Hoy, dos años después no se ha dejado de debatir sobre este tema.

- ¿Qué deberían de hacer los gobiernos para evitar que el pago de vacunas se siga normalizando e institucionalizando?

- Yo sí creo que hay que empezar a crear normas especializadas para combatir este crimen, pero para combatir esto hay que conocer bien sus causas y la forma en cómo esto se mueve. Si tú detienes a un extorsionador que está recibiendo $250 por mes, los jueces lo van a soltar porque por    $250 no vale la pena.    Esa es la persona que cobra, la que amenaza, pero el jefe es otro. La clave está en atacar las estructuras completas. Necesariamente la Fiscalía y la Policía deben hacer eso porque si siguen deteniendo uno a uno esto nunca va a acabar. Y las empresas deben estar conscientes del aporte que hacen, son ingresos    que van a    organizaciones criminales, alguna de ellas llevarán hasta contabilidad, porque son muy organizadas.    Pero en términos de investigación judicial esos aportes podrían aparecer. Y aportar a una organización criminal denominada    terrorista, pues ya hemos visto qué efectos puede tener.

- ¿Cómo está este tema en Colombia?¿Han logrado controlarlo?

- No ha logrado controlarse    porque la verdad es que en los últimos Gobiernos, particularmente el actual, no se ha hecho algo para solucionar ese problema. Hay varias modalidades de extorsión: una es la      extorsión directa, que se da en los barrios,    las comunidades, al supermercado, a la microempresa, al    empresario    y otra cosa es la llamada la llamada a extorsionar, que en la mayoría de sus casos se da de las desde las cárceles. En Colombia, más del 50 % de casos de extorsión se da desde las cárceles con la participación de los guardianes que dejan instalar un call center, con gente que    todo el día está llamando con ayuda de un listados de gente. En el caso de Ecuador funciona parecido. Hace poco conocimos que las      fuerzas militares y demás hicieron una intervención en las cárceles, pero eso ya desapareció, eso no ha vuelto a darse. Pero un punto para atacar esto está ahí, esas cárceles hay que intervenirlas. No por un día ni por dos ni por tres,    constantemente hay que estar interviniendo y depurar también a su personal.

- ¿Cuál es el rol que deben tener los gremios en esto?

- La representación debe continuar y hay que apoyarse en las fortalezas que tiene una organización, para lograr que la gente no calle, hacer que la gente denuncie estos temas.. En Colombia tenemos la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Vamos a suponer que en Bogotá hay una zona donde los comerciantes están siendo extorsionados. Si cada comerciante se va a poner la denuncia y dice que lo están extorsionando, pues lo van a matar.    Si esos comerciantes que pertenecen a Fenalco, que tienen un presidente que lo representa y usa el gremio para poner esa denuncia, el riesgo es menor y al ser un reclamo gremial tiene más posibilidad de ser atendida.

- Eso es parte de    tener una sociedad civil organizada, pero ¿qué pasa cuando hay miedo? ¿Cuándo la gente no quiere denunciar y cuando la propia clase empresarial se niega a debatir este tema?

- Tener miedo es normal. Pero eso se corta con la primera acción de la autoridad. Se requieren acciones contundentes y eso es llegar a las zonas,    hacer las investigaciones y eso no se puede de un día para otro, hay que hacer labor de inteligencia, trabajo de inteligencia, meter unos investigadores, identificar quiénes se están extorsionando, recoger pruebas. Cuando la gente sienta que se hace algo, comenzará a tener menos miedo y comienza a hablar. Si yo llego y la primera acción es preguntar a la gente ‘¿quién cree que lo está extorsionando?’ Y venga y me dice cuál es el delincuente, pues la gente no va a hablar, así la gente no habla. Y eso está ocurriendo. Yo necesito primero a la gente demostrarle que yo (Gobierno) llegué para acabar eso, que la Policía, que la Fiscalía, que el secretario, que la institucionalidad llegó para quedarse.

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