Acuerdo del Ministerio del Trabajo desata disputa sobre su vigencia

El debate sobre el nuevo planteamiento de horario de trabajo planteado por el Ministerio del Trabajo se mantiene abierto y ha escalado tanto en el plano jurídico como en el político. Mientras el Gobierno sostiene que la propuesta aún no está vigente porque no ha sido publicada en el Registro Oficial, juristas advierten que el documento difundido —firmado electrónicamente por el ministro— señala expresamente que entra en vigencia desde su suscripción.

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La controversia se encendió tras la filtración del acuerdo ministerial que crea la denominada “jornada eficiente para el desarrollo”, que permitiría distribuir las 40 horas semanales en cinco días con jornadas de hasta 10 horas diarias. Para el abogado laboralista Carlos Barrionuevo, entrevistado en Ecuavisa, esta modalidad es “100 % legal” y se ajusta al artículo 47 del Código del Trabajo, reformado en 2016, además de estar contemplada en la Ley de Economía Violeta.

Barrionuevo rechazó los cuestionamientos de quienes sostienen que el empleador podría dividir la jornada en varios bloques arbitrariamente o imponer horarios sin acuerdo. Recordó que el propio Código del Trabajo limita la división de la jornada a dos partes, con un descanso específico, y subrayó que cualquier modificación requiere el consentimiento del trabajador.

Sin embargo, el punto más polémico es la posibilidad de extender la jornada hasta 12 horas diarias a cambio de más días de descanso. En este aspecto, el abogado reconoció que la medida no se ajusta estrictamente al Código del Trabajo, aunque defendió su necesidad práctica en sectores como el petrolero, el marítimo o el agrícola, donde las condiciones operativas no encajan con el esquema tradicional de cinco días consecutivos y dos de descanso.

Buebano defiende la jornada eficiente para el desarrollo

Desde el Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, defendió la propuesta en una entrevista concedida a Teleamazonas. Aseguró que el texto difundido era una propuesta en proceso de socialización dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y que, conforme a la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, una norma de efectos generales solo entra en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial.

Burbano insistió en que la iniciativa no incrementa la jornada laboral ni elimina derechos, sino que ofrece la opción de compensar horas adicionales con tiempo de descanso en lugar de recargos económicos. Según explicó, el objetivo es facilitar acuerdos entre empleadores y trabajadores para adaptar los horarios a necesidades familiares o productivas, especialmente en sectores como el agrícola, el camaronero y el turístico.

Las críticas, no obstante, provienen de sindicatos y organizaciones laborales que alertan sobre posibles riesgos de precarización y abuso, debido a la relación asimétrica entre empleador y trabajador. Para el ministro, la propuesta no precariza derechos, pues mantiene el límite de 40 horas semanales y establece mecanismos de aprobación y control por parte del Ministerio, además de canales de denuncia.

El trasfondo del debate es más amplio: la rigidez del Código del Trabajo frente a un mercado laboral donde cerca del 60 % de la población económicamente activa permanece en la informalidad. Mientras el Gobierno apuesta por reformas puntuales vía acuerdos ministeriales para dinamizar el empleo, especialistas coinciden en que el país requiere una reforma laboral integral que modernice la normativa y reduzca la incertidumbre jurídica.

Por ahora, el acuerdo sigue en discusión y ya enfrenta una demanda de inconstitucionalidad. El desenlace dependerá tanto del proceso de socialización como de la eventual revisión de la Corte Constitucional del Ecuador, en medio de un debate que divide opiniones entre quienes ven en la flexibilización una vía para generar empleo y quienes temen que se debiliten las garantías laborales.

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