Cuatro factores para explicar un paro sin comparación a los otros

Este ha sido un paro nacional que no le llega ni a los tobillos a los que hubo en 2019 en contra de Lenín Moreno y en 2022 en contra de Guillermo Lasso. Esos dos paros anteriores fueron masivos y tuvieron una fuerza tan grande que pusieron en riesgo la estabilidad de los gobiernos de Moreno y Lasso. Incluso las movilizaciones indígenas que hubo en 2015 en contra del correato fueron más fuertes que las desarrolladas estos últimos días en contra de la eliminación del subsidio al diésel, una medida que hasta hace poco era impensable para cualquier gobierno. En efecto, las imágenes de las escuálidas movilizaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contrastan con las auténticamente masivas y multitudinarias que hubo en 2019 y 2022. Incluso con las marchas del 2015 que pusieron a temblar a Rafael Correa, que fue particularmente represivo en ese entonces.

¿Qué ha cambiado en el Ecuador para que se haya producido ese fenómeno? ¿Por qué esta convocatoria de la Conaie no surtió el efecto que tuvieran las de 2015, 2019 y 2022? En principio se podrían enumerar al menos cuatro factores, sin perjuicio de que haya otros:

Quito y lo simbólico.

La decisión de Daniel Noboa de llevar la Presidencia de Quito a Latacunga y la Vicepresidencia a Otavalo, vaciando a la ciudad de su contenido políticos, tuvo un efecto simbólico de enormes consecuencias. Para comenzar, las históricas marchas a Quito, que han marcado al movimiento indígena, perdieron su significado. De golpe, en Quito ya no estaba el poder y marchar hacia la ciudad perdió sentido. Marchar hacia Latacunga, donde se había radicado la Presidencia, no parecía tener un atractivo similar que el de llegar a Quito desde el norte, el sur e incluso del este (Amazonía).

Para los indígenas de Imbabura y Cayambe, llegar hasta Latacunga se hizo una tarea mucho más complicada que la de llegar a Quito, donde tradicionalmente se encontraban con sus pares de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi que venían desde el sur. Latacunga no es un lugar de encuentro. Quito se había convertido en un punto de convergencia donde a la llegada se reproducía algo similar a las tomas de las plazas que hay en las festividades del Inti Raymi o sanjuanes. El control correísta y de grupos cercanos a la Conaie de Leonidas Iza del edificio de la sede de la Casa de la Cultura, ubicada en un lugar estratégico, dejó de tener sentido.

La movida de Noboa no solo que provocó ese derrumbe del simbolismo generado históricamente por las marchas y la lucha del movimiento indígena, sino que descolocó a su dirigencia: el presidente se fue a la boca del lobo. Además, la población mestiza de ciudades intermedias de la Sierra ecuatoriana, como por ejemplo Latacunga, generalmente repudia las protestas de los indígenas por perjudicar sus actividades comerciales.

Otro mundo indígena

Existen sectores del país donde el movimiento indígena ha sido particularmente militante y que, por cambios en la estructura social y productiva, ya no son lo mismo que en 2019 y 2022. Un ejemplo de aquello es la zona de Cayambe y Tabacundo, hogar de dirigentes combativos y radicales como Ricardo Ulcuango, Humberto Cholango e incluso de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, que en esta ocasión, muy a diferencia de las anteriores, se ha mantenido distante de la dirigencia del paro.

En Cayambe y Tabacundo la realidad social ha cambiado radicalmente: muchos indígenas, sobre todo de la zona de Cangahua, se han convertido en floricultores que abandonaron los cultivos tradicionales de la cebolla. Producir flores exige cortes casi diarios y llegar a los sitios de acopio el mismo día, para que no se dañe el producto. Sin paso en las vías, el negocio se hace imposible y las cooperativas que financiaron sus pequeños emprendimientos no les van a perdonar la falta de pago. Los mismos Ulcuango y Cholango son ahora productores de flores y no han tenido ningún protagonismo en las protestas.

Los Gobiernos de Quito y Pichincha

En este paro en contra de Daniel Noboa, la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha han tenido un comportamiento distinto. Al quitarle a Quito y a sus alrededores su condición de objetivo final de las protestas, tanto el alcalde Quito, Pabel Muñoz, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, no se han visto presionados por sus movimientos para ayudar a los manifestantes. Un ejemplo muy claro está en que esta vez no hubo maquinaria de la Prefectura acarreando material para interrumpir las vías, como pasó en el 2019 y 2022. Y eso que Muñoz y Pabón son correístas y, como tales, debían haber apoyado al movimiento. Ambos, además, han decidido no confrontar con Noboa por motivos estratégicos (léase financiamiento), ocasionando, eso sí, la indignación de su líder, Rafael Correa.

Represión

La reacción de la Policía y de las Fuerzas Armadas en esta ocasión ha sido mucho más dura y represiva que en las dos paralizaciones anteriores. Lo mismo la Fiscalía. El jueves 25 de septiembre, por ejemplo, 12 detenidos en Otavalo (donde hubo violencia extrema) fueron llevados en helicópteros a las temibles cárceles de Esmeraldas y Portoviejo, alejándolos así de sus comunidades y familia, lo que constituye una evidente violación de los derechos humanos. Los choques con las comunidades han sido más duros y se sabe incluso que miembros de las Fuerzas Armadas ingresan a las comunidades indígenas buscando a los dirigentes del paro. Esto ha producido, sin duda, una cierta inmovilización del movimiento, que en esta ocasión, con la excepción de Otavalo, no ha sido tan violento como las veces anteriores.

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