Paro nacional 2025 vs. 2019 y 2022: similitudes, diferencias y consecuencias

Los levantamientos liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se han convertido en un evento cíclico de la historia política reciente del país. Si bien los paros de 2019 y 2022 dejaron una estela de violencia generalizada y caos en las principales ciudades, el de 2025 ha mostrado una dinámica distinta, marcada por la estrategia del gobierno de Daniel Noboa y una respuesta más contenida de las bases sociales.

En la superficie, las similitudes con los paros anteriores son evidentes. La Conaie se mantiene como el actor principal y la causa de la movilización sigue siendo el rechazo a medidas económicas, principalmente la eliminación de subsidios, en este caso al diésel. En 2019, bajo el gobierno de Lenín Moreno, el motivo fue la eliminación del subsidio a la gasolina extra. En 2022, durante el mandato de Guillermo Lasso, las demandas incluyeron la reducción del precio de los combustibles, la moratoria de deudas para agricultores y pequeños productores; y el freno a la expansión petrolera y minera en territorios indígenas.

En este nuevo paro, según reportes de la Policía Nacional, persisten focos de tensión y violencia localizada, como en Otavalo, donde la fuerza pública enfrentó a manifestantes que incendiaron un cuartel y generaron disturbios.

¿Cuáles son las diferencias en 2025?

Las diferencias en la respuesta gubernamental han redefinido el panorama del conflicto. El Gobierno de Noboa optó por una estrategia de “mano dura” que contrasta con la gestión de Moreno en 2019 y Lasso en 2022. La principal novedad radica en la utilización de la figura de terrorismo para procesar a manifestantes violentos que cierren vías o parelicen servicios básicos, con lo que busca disuadir la escalada de las protestas.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que “los violentos serán procesados como terroristas”. Esta calificación, sumada al corte de la transmisión de MICC TV mediante resolución de Arcotel, envía un mensaje claro: habrá consecuencias judiciales más severas que en el pasado.

Adicionalmente, el Gobierno implementó una medida sin precedentes: el bloqueo de las cuentas bancarias de la Conaie y fundaciones afiliadas. Reimberg explicó que esta acción busca combatir el financiamiento ilícito de las protestas y evitar el caos y la violencia.

La Conaie, por su parte, calificó la acción como un intento de “asfixiar a la organización social” y una violación a su derecho constitucional a la resistencia. Sin embargo, esta táctica de “asfixia financiera” parece haber limitado la capacidad logística de la movilización, lo que podría explicar por qué, a diferencia de los paros anteriores, gran parte del país se mantiene en relativa calma, sin las masivas concentraciones ni el colapso de Quito que caracterizaron a 2019 y 2022.

El paro de 2025 se distingue por un cambio en la estrategia estatal de contención. La combinación de firmeza judicial y bloqueo financiero ha logrado mantener las protestas en un nivel controlado. Aunque el conflicto persiste, el Gobierno ha mostrado un manejo diferente al de sus antecesores, lo que ha generado un intenso debate sobre los límites entre el derecho a la protesta y la seguridad del Estado.

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