Ecuador tiene un fallido sistema de rehabilitación social en las cárceles. La falta de una política integral ha provocado que en los últimos años los índices de violencia, como la masacre ocurrida el martes en los tres grandes centros penitenciarios, sigan en aumento.

Medidas emergentes como los estados de excepción (dos desde 2019), que con sus ampliaciones duraron seis meses y que implicaron la movilización urgente de las fuerzas del orden, no han resuelto los problemas de violencia y corrupción que se viven en los Centros de Privación de Libertad (CPL).

La Defensoría del Pueblo, que realiza visitas periódicas a los establecimientos penitenciarios, ha evidenciado varias problemáticas que han sido recurrentes, lo cual, de acuerdo con esa entidad, desmejora las condiciones de privación de libertad y, por ende, afecta al objetivo de una rehabilitación social integral y la reinserción a la sociedad de los presos.

El estado de excepción de 2019 le costó al país $ 20 millones. Con esos recursos se realizaron mejoras de infraestructura, alimentación y equipamiento, según detallaron las autoridades del sistema nacional carcelario.

Pero la Defensoría, en un informe publicado en 2020 sobre esa medida excepcional decretada por el Gobierno, sostiene que continúan en las prisiones los problemas de hacinamiento, falta de personal y de infraestructura.

La información recopilada por el organismo mostró que la referida declaratoria de emergencia no se tradujo en mejora alguna en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad.

“Aparte de determinadas adecuaciones puntuales en algunos centros (que no generaron el impacto deseado ante la grave situación por la que atravesaban y atraviesan los CPL), continuaron observándose deficiencias en la infraestructura, quejas reiteradas respecto a la calidad y cantidad de la alimentación, falta de acceso a los servicios de salud, demoras en la tramitación de los beneficios penitenciarios, inadecuados espacios de separación para personas con enfermedades contagiosas, y condiciones de hacinamiento que en algunos casos llegaba a triplicar su capacidad”, desglosa el reporte.

Para Armando Benítez, experto en seguridad, la estructura del Estado, al no disponer de un Consejo de Seguridad que esté activado permanentemente, desnuda la pobre política estatal de rehabilitación, concebida únicamente para la reacción y manutención de los presos. “Tan solo el Gobierno busca una salida más fácil con un estado de excepción, como si este mecanismo fuera una solución”, cuestiona.

La situación que se vive en las cárceles va empeorando cada año, a pesar de que los gobiernos de turno supuestamente intentan implementar políticas de rehabilitación social direccionadas a disminuir el hacinamiento y mejorar la seguridad, diagnostica por su parte la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) en un informe sobre la crisis del sistema de rehabilitación.

“Se asumía que a partir del año 2013, periodo en el cual se implementó el modelo de gestión penitenciaria por parte del Gobierno de Rafael Correa a través de su ministro de Derechos Humanos, José Serrano, los problemas de hacinamiento y seguridad iban a cesar. Sin embargo, desde el inicio de su implementación se comenzaron a ver deficiencias en los servicios básicos que deben tener los centros de rehabilitación social”, observa.

EXPRESO corroboró esa situación en un recorrido efectuado el año anterior. Doce mil internos de las megacárceles de Guayaquil, Latacunga y Turi seguían alimentándose en condiciones similares a las viejas prisiones: esos establecimientos fueron construidos sin comedores ni lavanderías.

Este año, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad a cargo de las cárceles, tiene dos programas dentro de su plan operativo anual. Ambos terminan su periodo de vigencia en 2021, pero no disponen hasta ahora de presupuesto.

Uno, por $ 41,1 millones, es para la contratación del servicio de alimentación de las personas privadas de libertad. Y el otro, para la transformación del sistema de rehabilitación social, por $ 2,6 millones.

EL DETALLE

Decisión. El presidente Moreno dispuso al Ministerio de Defensa "ejercer un estricto control"

 de armas, municiones y explosivos en los perímetros de las cárceles. 

Subdirector del SNAI renuncia en medio de amenazas de más muertes

Los 79 privados de la libertad asesinados el martes en centros de Guayas, Azuay y Cotopaxi no serían, al parecer, los únicos de la guerra por el dominio de las cárceles.

Al menos eso se evidencia del contenido de panfletos que aparecieron en los parqueaderos de dos canales de televisión de Quito. Desde esos medios se confirmó su existencia.

¿La novedad? Se identifican como el cartel Nueva Generación, que agruparía a Tiguerones, Lobos, AIKNQ y los Chone Killer. Anuncian al menos cuatro asesinatos más. A Junior, Fito, Javi, de quienes dicen serían líderes de Los Águilas. Y añaden al subdirector del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), coronel Orlando Jácome. Verdadero o no, el panfleto logró que Jácome renuncie.

Desde la Policía se señaló que “algo hay de cierto”. Pero Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, alberga dudas porque “tiene hasta error en las siglas de los Latin Kings”. Lo del asesinato de los reos, dijo, evidencia “el poco control que tiene el Gobierno a través de sus instituciones”.

EL DETALLE

Opinó que “lo oportuno es evaluar si las personas a cargo de la rehabilitación social son aptas y capaces para realizar el trabajo, tomar correctivos de inmediato y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad”.

Una exfuncionaria gubernamental que pidió la reserva de su nombre señaló que el problema de las cárceles pasa por un déficit de guías y la creación de un cuerpo de seguridad aparte en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Control de Orden Público, pero financieramente es insostenible, así es que hay un gran problema de seguridad interna. Citó peleas entre mafias que se han agravado. “Los carteles mexicanos tienen hábitos muy violentos, se ve cada vez más”, reveló.

Y la guerra interna de bandas se reproduce en las cárceles. La muerte de Jorge Zambrano, alias Rasquiña, exlíder de Los Choneros, sería parte de eso.

Para el excomandante del Ejército Luis Altamirano, espanta el solo hecho de mencionar que el asesinato de Rasquiña el año pasado haya generado un vacío en la disputa del liderazgo dentro de las cárceles. Afirma que después de escuchar las declaraciones de los funcionarios del SNAI, cabe una reflexión básica: si en sistemas vigilados hay tal grado de inseguridad y descontrol, ¿cuál es el mensaje que se brinda al ciudadano que camina por las calles? Desolación e indignación, respondió.

Manifestó que las acciones de violencia de las últimas horas “evidencian que estamos frente al fracaso más rotundo del sistema de rehabilitación social”.

Reiteró que lo de los centros de detención evidencia el grado de articulación de los integrantes de varias organizaciones criminales. “Esta penetración en el sistema ha sobrepasado la capacidad de anticipación del Estado, mostrando un exiguo sistema de inteligencia penitenciario”.

Concluyó que lo que pasa en las cárceles es el reflejo de lo que ocurre en la cotidianidad de la sociedad. Pues “frente a un Estado frágil que ha sido incapaz de articular un conjunto de acciones de prevención y acciones afirmativas de las problemáticas sociales, este vacío abre la puerta a que la insatisfacción y la falta de oportunidades se expresen en crecientes niveles de violencia”. MCV

EL DETALLE

La Fiscalía inició una investigación previa sobre los incidentes ocurridos en cuatro centros carcelarios. Ya recogieron evidencias en las cárceles.

“Mamá, perdón, dame la bendición”

El proceso de identificación y entrega de los cuerpos de los privados de la libertad en la cárcel de El Turi, en Cuenca, fue lento y engorroso. Familiares y amigos de las víctimas llegaban desde otras provincias con el ánimo de reconocerlos y llevar rápido los cuerpos. Sin embrago, a unos 30 metros del ingreso al centro, personal policial les explicaba que la confirmación de las identidades y las autopsias estaban previstas para la tarde.

De pronto surgió una voz de una mujer que aseguraba ser la esposa de Henry Altamirano, una de las víctimas. “Vengo de Loja. Por un video en las redes sociales identifiqué a mi marido. Es al que le cortaron la cabeza”, dijo la mujer al exigir la entrega del cuerpo.

A pocos metros, sentada sobre una piedra, estaba María Eugenia, madre de Juan Jácome, otro fallecido. Según contó, Juan la había llamado a eso de las 09:40 del martes, para decirle: “Mamá, perdón por tu sufrimiento. Dame las bendiciones. Nos quieren matar y están entrando a las celdas con armas”. Luego la llamada se cortó.

Igual situación se vivió en los centros forenses de Guayaquil y Cotopaxi, donde se aceleraban las autopsias. JM