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La Corte Constitucional aclara que no es su potestad aprobar planes de mejoras para las cárceles

Los jueces constitucionales demandan a las autoridades determinar a los autores, por acción u omisión, de los hechos violentos de las últimas horas

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Edmundo Moncayo anunció el miércoles 23 de febrero que había sido enviado a la Corte Constitucional un plan carcelario de mejoras.Karina Defas / EXPRESO

La Corte Constitucional (CC) respondió este 24 de febrero de 2021 al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolecentes Infractores (SNAI), Edmundo Moncayo, quien anunció que se había enviado a esta entidad un plan de mejoras para el sistema penitenciario.

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A través de un comunicado, los jueces constitucionales recordaron que en un dictamen de octubre de 2020 instaron al Gobierno a elaborar y ejecutar un plan para afrontar la crisis carcelaria dentro del régimen ordinario, en lugar de apelar a estados de excepción constantemente.

“El diseño, aprobación y ejecución oportuna del mencionado plan es de exclusiva y entera responsabilidad de los órganos competentes de la política pública del sistema de rehabilitación social. Su remisión tiene como único objetivo que esta Corte verifique el cumplimiento de su dictamen”, señala el documento.

La CC también asegura que en reiteradas ocasiones ha advertido de la compleja situación de los centros carcelarios, que respondería a la falta de actuación oportuna y adecuada por parte del Estado para atender problemas estructurales que históricamente han afectado los derechos de las personas privadas de la libertad.

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“La Corte manifiesta su preocupación por la falta de seguridad y control en los centros de privación de libertad y expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas de estos reprochables acontecimientos”, agrega el comunicado.

Los jueces constitucionales demandan a las autoridades competentes que adopten medidas para lograr el control de la seguridad de los centros penitenciarios, garantizando los derechos de los reos, y exige una investigación para determinar responsabilidades por acción u omisión y aplicar sanciones a los responsables.