La inacción de Participación, clave para ‘manosear’ la institucionalidad
El correísmo confesó su plan de cambiar a las autoridades del Estado. El Consejo de Participación guarda silencio. Su afinidad con Correa, alarma
Ni una sola palabra. Ocho días atrás, el 7 de junio de 2023, el expresidente Rafael Correa volvió a ser noticia por su sinceramiento respecto a los planes que su movimiento político tiene de llegar a la Presidencia de la República en los comicios anticipados de agosto.
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“No excluimos la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente, (...) sobre todo para declarar inválida esa consulta del 2018 y poner nuevas autoridades del Estado”, dijo a diario ‘El País’ sin encontrar respuesta alguna, ni siquiera del aludido Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).
Este Diario intentó consultar la postura de los siete consejeros, sin embargo, Alembert Vera y Andrés Fantoni ignoraron la consulta; Johanna Verdezoto y Augusto Verduga no respondieron; el equipo de Nicole Bonifaz quedó en enviar una respuesta que no llegó; y Yadira Saltos dijo no dar declaraciones.
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Por su parte, la consejera Mishelle Calvache sostiene que, si bien es cierto que la convocatoria a una Asamblea Constituyente está contemplada en la Constitución, “en el actual momento político implicaría cambiar las reglas del juego. Me parece que únicamente promoverá la inestabilidad del país”.
El cambio radical que dice querer hacer el correísmo de llegar al Palacio de Carondelet, según la constitucionalista Ximena Ron, tiene más un valor simbólico que práctico y está ajeno a lo que el Consejo de Participación Ciudadana pueda hacer.
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“Si quieren cambiar las autoridades del Estado, no necesitan de una Asamblea Constituyente. Lo podrían hacer por una reforma parcial”, dice, y señala que pueden haber otras dos opciones para los fines del correísmo.
El CPCCS tiene su génesis en la Constitución de Montecristi. Dado que ahora está conformado por autoridades cercanas al correísmo, seguramente serán obsecuentes.
De insistir en la Constituyente se podría optar por la eliminación de la Función de Transparencia y con ello la desaparición del Consejo de Participación y redireccionar la facultad de designación de autoridades.
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“Si el fin es cambiar las autoridades, tal vez también podrían optar por un Consejo de Participación Transitorio, pero el actual (el CPCCS en funciones) poco puede hacer. Ellos saben del riesgo de que algo así les pueda pasar”, continúa.
El artículo 444 de la Constitución de la República contempla a la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma a la Carta Magna.
Sin embargo, al ser el Consejo de Participación Ciudadana el órgano constitucional encargado de la designación de autoridades, según la docente de la Universidad San Francisco de Quito y analista política, Ana María Correa, este debería ser la primera entidad interesada en defender su espacio dentro del Estado ecuatoriano.
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“Dado que ahora este órgano está conformado por autoridades cercanas al correísmo, seguramente serán obsecuentes con esta propuesta realizada por Rafael Correa”, sostiene, e indica que el silencio de los consejeros abonan a las dudas que hay alrededor de ellos sobre su afinidad con la agenda partidista de la Revolución Ciudadana.
Si quieren cambiar a las autoridades, no necesitan de una Constituyente. Es más un acto simbólico. El Consejo de Participación en funciones poco o nada puede hacer con eso.
Esto, según continúa, se puede observar cuando, pese a los estragos y crisis que vive el país, la institución está concentrada en otros temas como el acoso a la fiscal Diana Salazar o el creciente interés por observar las acciones del Ejecutivo, como los decretos leyes o las audiencias públicas a ministros.
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En ese sentido, la analista Ana María Correa hace hincapié en que hablar de una convocatoria a una Asamblea Constituyente “es un acto de irresponsabilidad por parte de actores políticos que quieren utilizar este instrumento como un mecanismo para servir a sus propios intereses y conseguir impunidad”.
Incluso, según el propio expresidente Correa dijo en la entrevista concedida a diario ‘El País’, otro de los objetivos de buscar la inconstitucionalidad de la consulta popular del 2018 y el recambio de autoridades a través de una Asamblea Constituyente es derrumbar sus casos judiciales y, si se anima, buscar personalmente la Presidencia.
