Los primeros pasos del Consejo de Participación (CPCCS), perfilados como partidistas según analistas consultados por este Diario en una publicación anterior, empiezan a generar dudas y fraccionamientos a la interna de la institución.

Una de las primeras muestras de la creciente división se observó alrededor de la audiencia pública convocada para la fiscal general del Estado, Diana Salazar, donde los consejeros Augusto Verduga y Andrés Fantoni tuvieron un enfrentamiento de ideas en una sesión de pleno.

“Vayamos a los temas álgidos, quitemos situaciones que no suman. ¡Dos semanas en lo mismo y no se avanza en situaciones críticas que vive el Ecuador (...)”, dijo Fantoni, mientras que Verduga le replicó: “Pido, señor presidente, que se dé paso a cuanto pedido de audiencia pública se nos solicite (...)”.

Luego de ese roce, el fraccionamiento del pleno del Consejo de Participación se evidenció en la instalación de la doble jornada de audiencia pública a la fiscal Salazar, donde solo asistieron los consejeros afines al correísmo: Alembert Vera, Augusto Verduga y Yadira Saltos.

EXPRESO intentó contactarse con los consejeros Vera y Verduga, pero no hubo respuesta. Por su parte, Saltos sostiene que las actuaciones del Consejo responden a la Constitución y que los disensos son naturales.

“El objetivo del Consejo siempre ha sido recuperar la institucionalidad, no solo de la misma entidad, sino de cada una de las carteras de Estado”, añadió y descartó que haya división y una agenda junto al correísmo.

Por su parte, Mishelle Calvache, autodenominada consejera de minoría de la institución, explicó los conflictos que han surgido en el Consejo a menos de un mes de que sus nuevos miembros asumieran funciones.

Por ejemplo, cuenta que a ella no le fue remitida la convocatoria de la audiencia pública a la fiscal Salazar, pese a que sí tenía conocimiento de la misma a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

También señala que algunas convocatorias se las hace con 24 horas de anticipación y sin todos los documentos anexados, según dice, para que los consejeros de minoría no tengan tiempo de meditar sus decisiones.

Sin embargo, a criterio de Calvache, el mayor problema que acarrea los aparentes intereses políticos de la mayoría del Consejo es la distracción de la entidad en otros temas como la designación de autoridades.

Este panorama, según explica la exvicepresidenta de la institución, María Fernanda Rivadeneira, es un mal que viene arrastrando el Consejo de Participación desde las administraciones que ella fue partícipe. “Cuando hay políticos disfrazados de candidatos es que tenemos lo que tenemos”, sostiene.

Según recuerda, estos intereses políticos-partidistas terminan afectando el funcionamiento de la institución. “Con Sofía Almeida (expresidenta del Consejo) estuvimos más de un mes sin sesionar porque no tenían los votos para lo que querían hacer y así no designamos a las autoridades”, señala.

Este fenómeno, según continúa, ya se observa en el nuevo Consejo, aunque puntualiza que esto se lo preveía desde que perfiles afines al correísmo optaron por candidatizarse. “Tienen una ruta de un partido político (Revolución Ciudadana) de tomarse por asalto las instituciones del Estado”, hace hincapié.

Al no estar alineada a dichos intereses, según continúa Calvache, se ha hecho imposible insertar otros temas a la agenda de la mayoría del Consejo de Participación. “Desde la primera semana en funciones le he dicho al consejero Alembert Vera que necesitamos hacer una agenda de trabajo, pero no he tenido respuesta alguna”, sostiene.

Además, destaca que “la población no es ciega. Las acciones están determinando su inclinación e intereses que tienen detrás”. También dice que insistirá en la elaboración de un plan de trabajo y que, de persistir la negativa, será una ratificación del partidismo en la entidad.