Fallaron en el primer intento. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, no acudió este 1 de junio de 2023 a la audiencia pública convocada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para interrogarla sobre el supuesto plagio de la tesis de grado con la que obtuvo el título de abogada.

La ausencia estaba anunciada. En su respuesta escrita, Salazar cuestiona los alcances de este tipo de audiencias públicas, les recuerda que la Fiscalía es una entidad autónoma incluso del Consejo de la Judicatura (CJ) y que su elección, que se produjo con el CPCCS de transición, quedó protegida por decisión de la Corte Constitucional (CC).

A la audiencia llegaron el presidente del Consejo de Participación, Alembert Vera; y los consejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos. Los cuatro restantes integrantes no acudieron. Además, los denunciantes de la agrupación Acción Jurídica Popular que criticaron y pidieron explicaciones por las ausencias.

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El salón del pleno del CPCCS también se llenó de personas que hacían ‘barras’ a favor de los consejeros presentes y los denunciantes. Algunos rostros conocidos e identificados con el correísmo fueron vistos nuevamente después de algún tiempo.

Vera rechazó la inasistencia de la fiscal Salazar y le pidió que acuda a rendir cuentas a los “grandes héroes” que, según él, son los ciudadanos que activaron el mecanismo de audiencia pública para tener un cara a cara con la funcionaria.

También, advirtió que este desplante puede traer consecuencias como una denuncia por violación a los derechos de participación ciudadana. ¿Ante qué instancia? Ante ellos mismos, ante el Consejo de Participación Ciudadana.

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Previo al inicio de la exposición, Richard González aclaró que además de ser parte de Acción Jurídica Popular, es juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y fue uno de los que votó a favor de que quede sin efecto el archivo de la denuncia por posible infracción electoral planteada por Esteban Guarderas en contra de Alembert Vera.

La primera en intervenir fue Priscila Schettini, quien es parte de ese colectivo, además de ser esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, que tiene una condena por abuso sexual y también firma la denuncia. Empezó denunciando que han sido víctimas de amenazas.

El 2 de junio habrá otro intento. Para las 10:00 la fiscal está convocada, esta vez, por pedido de Miguel Benavides Oleas, por la misma causa. Salazar ya anunció que tampoco asistirá, pero Vera espera que revise su decisión, porque “todavía está a tiempo”.

Además, deberá continuar la audiencia de Acción Jurídica Popular que ayer solicitó al CPCCS que se le facilite el acceso a un programa informático antiplagio o les den tiempo para conseguir uno. Ante eso, se suspendió casi a las dos horas de ser instalada.