Corte Constitucional anula hábeas data de Pablo Muentes contra el Banco del Pacífico
La Corte Constitucional declaró inválido el hábeas data, archivó el proceso y remitió el caso a Fiscalía
La Corte Constitucional (CC) declaró la nulidad absoluta del proceso de hábeas data impulsado por el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y su esposa, Mónica Alvarado, contra el Banco del Pacífico. La sentencia, emitida el 26 de enero, ordena el archivo definitivo del caso y establece que si el banco llegó a pagar alguna suma por la reparación económica dispuesta en instancias previas, deberá iniciar acciones, incluso coactivas, para recuperar ese dinero.
El organismo subrayó que la resolución de conflictos sobre la extinción de obligaciones crediticias y la validez de comprobantes de pago corresponde a la justicia ordinaria, civil o coactiva, y no a jueces constitucionales. La CC determinó que el hábeas data fue utilizado de manera improcedente, pues esta garantía está diseñada para proteger el acceso y corrección de datos personales, no para resolver litigios financieros.
Los jueces señalados por la Corte
La sentencia también tuvo un alcance disciplinario. La CC declaró que los jueces de la Sala Provincial del Guayas: Guillermo Valarezo, Johann Marfetán y José Poveda, incurrieron en una falta gravísima al aceptar una acción manifiestamente improcedente y ordenar reparaciones económicas sin certeza legal.
Por ello, la Corte dispuso remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para que se investigue a los jueces de primera y segunda instancia que intervinieron en el caso, por haber actuado contra ley expresa.
Conflicto con el Banco del Pacífico
El conflicto que derivó en el cuestionado hábeas data se remonta a 1998, cuando Pablo Muentes, su cónyuge y su empresa solicitaron un crédito por 800.000 dólares al Banco del Pacífico para adquirir una camaronera. Al incumplir con los pagos, la entidad financiera los demandó en 1999 y obtuvo una sentencia que los obligaba a cancelar alrededor de 415.000 dólares.
Muentes y su esposa aseguraron que sí realizaron pagos parciales en ventanilla, que sumaban 315.000 dólares entre 1999 y 2002, pero el banco sostuvo que esos desembolsos no constaban en sus registros oficiales.
En 2019, el exasambleísta interpuso una acción legal para que el banco registrara la cancelación de la deuda, doce pagos en efectivo y uno en cheque, y se eliminara la totalidad de los intereses. Como soporte presentó unas notas de crédito notarizadas. El proceso recayó en el juez de primera instancia Reinaldo Cevallos, quien en 2020 falló a favor de Muentes. No solo ordenó que se registraran los pagos y se extinguiera la deuda, sino que dispuso una indemnización de 3,9 millones de dólares a favor del demandante.
El Banco del Pacífico apeló, argumentando que los documentos presentados no eran auténticos, pues incluían en el margen inferior izquierdo un código contable inexistente en 1999. Según la entidad, esa codificación fue exigida recién en 2002 por la Superintendencia de Bancos, mediante la Resolución SRS-200202, lo que evidenciaba inconsistencias en las pruebas de Muentes.
En 2021, el Tribunal de alzada de la Corte Provincial del Guayas ratificó el fallo de primera instancia, pero ante la negativa del Banco del Pacífico de registrar los documentos y pagar la indemnización, se ordenó el embargo de bienes por más de 40 millones de dólares, lo que llevó a la entidad a presentar en 2023 una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
Caso Purga y vínculos judiciales
En marzo de 2024, Muentes fue detenido junto a su esposa en la Isla Mocolí, Guayas, durante allanamientos que revelaron una presunta red de delincuencia organizada integrada por jueces y funcionarios judiciales.
Según la entonces fiscal general Diana Salazar, el objetivo era desmantelar un esquema de corrupción que operaba desde las más altas esferas del sistema de justicia. Testimonios como el de Mayra Salazar, exdirectora de Comunicación de la Corte Provincial del Guayas, evidenciaron pagos y campañas mediáticas dirigidas por Muentes para favorecer a magistrados como Fabiola Gallardo y Hugo González.
El tribunal determinó que Muentes, Gallardo y el juez Marfetán conformaron un grupo estructurado para controlar decisiones judiciales en Guayas mediante delitos de peculado, cohecho y prevaricato.
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