La frase “el que persevera, alcanza” parece marcarles el rumbo. La propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) es el más reciente intento de los correístas para configurar un escenario jurídico que permita que su líder, Rafael Correa, regrese al Ecuador sin recursos legales que lo impidan.

La maniobra se suma a otras acciones que, la ahora Revolución Ciudadana (RC), aplicó en años anteriores para allanar el camino hacia su regreso.

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Correa fue sentenciado el 7 de abril de 2020 a 8 años de cárcel por la trama de financiamiento ilegal a su partido Alianza PAIS, dentro del caso Sobornos. Lo declararon culpable por el delito de cohecho, con lo que quedó inhabilitado para un cargo público. En ese entonces, él se refugió en Bélgica.

A más de la sentencia, el exmandatario está enjuiciado por el secuestro de Fernando Balda. Ambos procesos lo tienen alejado del país. Él mismo lo dijo. En una entrevista en 2021 a Europa Press afirmó que regresar “sería suicida” y que volverá cuando tenga inmunidad, que le otorgaría una candidatura electoral oficial.

Primer intento para que Correa regrese

Ese fue su primer intento: candidatizarse a la Vicepresidencia como compañero de fórmula de Andrés Arauz y cobijado por Unión por la Esperanza (UNES). Su aspiración se truncó porque era un requisito el que se presente en persona y acepte su candidatura en el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

No demoraron. Su hermana, Pierina, y el expresidenciable, llevaron una tableta donde aparecía el exmandatario. Así pretendía que esa presentación virtual fuera aceptada. Al correísmo le urgía inscribirlo antes de que sea ejecutoriada la sentencia por el caso Sobornos, con la que perdió sus derechos políticos.

El CNE rechazó la candidatura por incumplir el Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas. “Es un intento desesperado, ante las reglas en materia electoral” que lo marcaban, señala el analista político Esteban Ron.

Segunda maniobra apunta a la Fiscal

Esta se dio cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea aprobó el 7 de diciembre el juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar. La interpelación fue solicitada por la correísta Gissela Garzón y lo sustanciará la Mesa de Fiscalización, presidida por su coidearia Pamela Aguirre. 

Según Ron, esa acción busca que la funcionaria sea señalada por inhabilidad para el ejercicio del cargo y que sus actuaciones sean anuladas junto al proceso de investigación y enjuiciamiento contra Correa.

El intento con polémicas reformas al COIP

Y la tentativa más reciente: las reformas al COIP. Las alarmas en la Asamblea se encendieron por el art. 658, donde se plantea la revisión de una sentencia cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de DD.HH. de Naciones Unidas identifiquen violaciones a esos derechos o errores en el proceso en sentencias condenatorias.

“Se intenta tergiversar el marco normativo del Ecuador con dedicatoria a una persona específica y generar un escenario de impunidad que trastoca los valores que deben guiar la actividad legislativa”, sostiene Ramiro García, catedrático penalista.

El recurso de revisión aplica cuando hay determinaciones jurídicas que no fueron consideradas en ese momento o existe nueva documentación. “Los abogados de Correa no tienen ninguna”, añade Ron.

El constitucionalista David Ochoa resalta que la Carta Magna establece los límites de las actuaciones del Legislativo. Los asambleístas “deben pensar en perspectiva nacional y decidir en función del bien común. Eso, de entrada, es prohibición para canalizar un trámite con propósitos particulares”, acota.

Correístas persisten

En los tres hechos hay acciones concretas del correísmo. Pero, García menciona otros: al tratar de enjuiciar a jueces de la Corte Constitucional, cuando se opusieron a reformas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al pretender crear comisiones de la verdad en la Asamblea y más. “Nos hace ver que el correísmo actúa, no pensando en el país, sino en su coyuntura electoral e intereses particulares para el retorno de su líder prófugo”.

Saben que ningún otro líder hegemónico produce el arrastre electoral que él tuvo. “Intentan tanto porque no ven que otro sea el ungido de Correa, eso es clarísimo”, afirma Ron.

El caso del correísmo se parece a la lucha del roldosismo por el regreso de Abdalá Bucaram “con el ‘déjenlo volver’. Pero los correístas tienen más armas y más perseverancia”, considera García.

La obsesión por el ‘líder’ afecta a los partidos

Esas maniobras impactan a los partidos políticos. Gabriella Guerrero, SEO de la consultora Politeka, dice que a más de cuestionar la ética de los legisladores, pierden legitimidad y daña a eventuales candidatos. Otra de las consecuencias es que afecta al crecimiento de la agrupación política “porque se encasillan en una figura representativa, que siempre va a tener nombre y apellido: Rafael Correa”.

Es una oportunidad para que grandes figuras de RC se cuestionen si les conviene seguir en el partido. “Porque uno se mete a política para aspirar a cargos públicos”, señala. De allí que se generaría una migración o utilización de otras organizaciones existentes para catapultarlos.

La insistencia se mantendrá, porque el correísmo no formó un nuevo liderazgo, pues no cumplían los estándares del expresidente o porque hay desconfianza del líder, analiza Ron. “Lo natural sería desapegarse del líder hegemónico. Lo mismo pasa con el PSC y Jaime Nebot, después de él no hay nada, solo dependencia del caudillo”.

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