Mantienen el ritmo. La mesa de Fiscalización de la Asamblea Nacional prevé aprobar entre el 14 y 16 de febrero de 2024 el informe que recomiende o archive el juicio político a Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y Juan José Morillo, exvocal.

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Este proceso, que inicialmente fue impulsado por Luis Almeida y Xavier Santos en la Legislatura anterior, fue calificado por la nueva Asamblea Nacional el 19 de enero de 2024 y, en menos de un mes, ya se podría conocer su desenlace.

La diligencia de la mesa legislativa presidida por la asambleísta correísta Pamela Aguirre se observó desde el inicio de la nueva Legislatura, cuando ‘depuró’ la lista de procesos de control político que había dejado la Asamblea Nacional cesada.

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En septiembre de 2023, Fiscalización decidió suspender el juicio político al Consejo Nacional Electoral (CNE) por estar en periodo electoral, así como el archivo de los procesos de control político contra los exfuncionarios Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paola Flores.

De los procesos que sí mantuvo, el de Esteban Bernal, exministro de Inclusión Social de Guillermo Lasso, recibió un tratamiento expedito, ya que tras la etapa de presentación de cargos y de descargos fue censurado en una sesión del pleno que duró menos de cinco horas.

Según la agenda parlamentaria aprobada por la Asamblea Nacional, los procesos que continúan son los de Fernando Santos Alvite y Juan Zapata, exministros de Energía y del Interior de Lasso; el de la fiscal Diana Salazar; y el de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura; el vocal Xavier Muñoz y la exvocal Maribel Barreno.

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El proceso contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, fue presentado por la legisladora correísta Gissela Garzón al inicio de la nueva Asamblea. Según ella, Salazar también tendría responsabilidad en la crisis de inseguridad que azota al país desde hace años.

Durante la práctica de pruebas de cargo y de descargo del juicio político que comparte con el exvocal Juan José Morillo, el vocal Fausto Murillo ha denunciado el interés del correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) por su puesto en el Consejo de la Judicatura.

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Incluso, en entrevista con EXPRESO, Murillo manifestó que este es un plan que se viene tejiendo desde hace tiempo y que tendría el objetivo de volver a captar la administración de la justicia, para actuar en favor de intereses personales y de ciertos partidos políticos.

Antes de la votación del informe, la mesa de Fiscalización prevé recibir el 13 de febrero de 2024 más comparecencias en el proceso de control político en contra de Murillo y Morillo. Entre ellas, la del proponente Carlos Vera Mora, legislador del bloque socialcristiano.

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