El clima electoral se ha prendido en el país por lo que un paso en falso puede ser peligroso para cualquier figura o agrupación política, aseguran los juristas consultados. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) serían la carta de salvación para unos, pero a su vez, la de perdición de otros. ¿Qué pasará en la palestra pública?

Para Kevin García, abogado, experto en derecho Penal y Constitucional, todo lo actuado por los legisladores, el pasado jueves, evidencia, primeramente, que no leen lo que van a aprobar. En el acta del 9 de febrero, los 10 asambleístas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado votan a favor del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal.

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Ante la polémica en torno a la inclusión de nuevos parámetros para que se proceda al recurso de revisión de sentencias, se suspendió la sesión del pleno. A criterio de García, esto se dio porque la sociedad civil se involucró en el debate, por lo que cuestiona el procedimiento del Legislativo porque “recién allí fue cuando ellos toman esa actitud”. Pero esto ya tuvo un proceso y un procesamiento, entonces no leen, no tienen conocimiento o son ignorantes sobre los que van a aprobar, sentencia.

Pero la aprobación de este último informe fue con votos de los asambleístas alternos del Partido Social Cristiano y no de sus titulares. Francisco López, especialista en Procesos Constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas, sostiene que esto “es una movida típica, ya que no quieren ensuciarse”; lo que muestra evidentemente que hay un pacto entre esta organización política, Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional (ADN), porque “era un paquete listo”.

Al polemizarse, todo cambió. La razón para ello son las elecciones, asegura López, ya que podría “pasar factura”. Pero cree que los asambleístas insistirán en ello y no permitirán pasar la página porque este es un tema trascendental para su organización política, ya que han bajado en número de representaciones en la Asamblea.

A esto, López le suma que para el correísmo no ha sido fácil gobernar, porque desde el Legislativo tienen que ponerse de acuerdo y ellos han estado acostumbrados a imponer. Por lo que requieren que el exmandatario pueda volver a la contienda electoral por medio de las dos nuevas causales polémicas.

Aunque Esteban Ron, abogado constitucionalista, experto en derecho electoral y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, no visualiza un pacto, sí una estrategia para que se dé la consulta popular, porque si se llegase a aprobar estas reformas, para qué el plebiscito. “Si se hacen dos reformas al COIP, dentro de un mismo año, estaría mostrando que en el país hay inseguridad jurídica”. Por lo que, a su parecer, el Ejecutivo no tomaría riesgo y preferiría que quede suspenso.

López también lo ve como una acción estratégica para el presidente Daniel Noboa, “al tener mente de empresario privado” analiza su nivel de aceptación y cómo mantenerse a flote ante nuevos actores que figuran ser sus próximos contrincantes y que “no están dañados”. Además, bajo ningún concepto a ninguna organización política le conviene que RC tome fuerza, porque mermaría fuerza a los demás, analiza Ron. Lo que hasta ahora se ve es que cada vez la RC está mermando su capital político, debido a que apelan a su única figura.

Aunque puede pasar cualquier cosa en la Asamblea, dice García. Aun así, si llegase a prosperar este proyecto de reformas, “se requiere de un debate lógico y coherente porque las nuevas causales no tienen correspondencia jurisdiccional”.

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