Contexto político y judicial del caso Triple A: ¿Qué hay detrás del juicio a Aquiles?
El caso Triple A enfrenta múltiples retrasos judiciales. Conoce los detalles
El proceso judicial del caso Triple A continúa en medio de un clima marcado por retrasos procesales y tensiones políticas. La causa, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 21 personas naturales y jurídicas, investiga un presunto esquema de almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles que habría generado un perjuicio estatal de $61,5 millones, según las autoridades.
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Desde septiembre de 2024, el caso ha enfrentado al menos 13 diferimientos, ocasionados por factores que incluyen certificados médicos de abogados, cambios de defensa, impugnaciones al tribunal y ausencias de procesados o fiscales, lo que ha impedido la instalación formal del juicio en múltiples ocasiones.
Las audiencias han sido suspendidas reiteradamente: el 24 de diciembre de 2025, el juicio fue declarado fallido por la ausencia de dos abogados que alegaron problemas de salud; lo mismo ocurrió con nuevas convocatorias fijadas para el 31 de enero y 1 de febrero de 2026, que también quedaron sin efecto por la presentación de recursos de aclaración y ampliación, principalmente por parte de la empresa Fuelcorp.
Las acusaciones clave
La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) sostiene que estas actuaciones conforman una estrategia dilatoria sistemática que ha frenado el avance del proceso y evita que se sustancien las pruebas, entre ellas 185 elementos probatorios previstos para el juicio
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Las investigaciones se iniciaron en julio de 2024, con allanamientos simultáneos en Guayaquil y Milagro, donde se incautaron computadoras, documentos y dispositivos electrónicos. El eje del caso gira alrededor de inconsistencias en los volúmenes de combustibles despachados y facturados por empresas vinculadas, incluyendo faltantes que superan los 9 millones de galones en algunos balances.
Según la Fiscalía, la red habría operado desviando combustibles subsidiados hacia mercados internacionales, donde podían ser vendidos a precios no regulados. Se investigan tanto figuras naturales como compañías del sector hidrocarburífero, entre ellas Fuelcorp, Ternape Petroleum e Insudiesel
El factor político: confrontación entre Álvarez y el Gobierno
La dimensión judicial del caso se superpone con un fuerte componente político. El alcalde Álvarez ha acusado al gobierno del presidente Daniel Noboa de utilizar la causa como un instrumento de persecución, señalando que el proceso es un “invento” y que existe un linchamiento mediático en su contra.
La confrontación se ha agudizado en redes sociales y declaraciones públicas. Álvarez ha sostenido que su postura crítica hacia el Ejecutivo lo convierte en blanco del aparato estatal, mientras que funcionarios del Gobierno han desestimado esas afirmaciones, calificándolas como maniobras distractoras
Ante los rumores de un posible nuevo allanamiento, con la excusa de “armas sin permiso”, aclaro de una vez:
— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 15, 2026
No uso armas.
Cuento únicamente con dos personas de seguridad, con sus permisos en regla.
Nadie de mi entorno porta armas.
Si llegara a ocurrir un allanamiento y…
Lo que viene en el caso Triple A
Ante la reiterada ausencia de abogados particulares en las convocatorias, las autoridades han designado defensores públicos de respaldo, quienes ya tienen acceso completo al expediente, con el fin de evitar nuevos aplazamientos cuando se señale una nueva fecha de audiencia.
El juicio, inicialmente previsto para el 21 de enero de 2026 y luego adelantado al 24 de diciembre de 2025, continúa sin fecha definitiva, quedando en suspenso en medio de un tenso escenario donde lo judicial y lo político se entrelazan de forma evidente.
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