Caso Triple A: El juicio contra Aquiles Álvarez se difiere otra vez
Cambios de abogados y solicitudes de los otros procesados motivaron que la audiencia no se realice
La audiencia de juicio del caso Triple A, en el que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a otras 21 personas naturales y jurídicas, se difirió por segunda vez. Una serie de solicitudes presentadas por los otros procesados hicieron que el juez temporal Jorge Sánchez (ponente) deje sin efecto la convocatoria.
Uno de los escritos fue presentado por César Emilio Bravo Ibáñez, en calidad de representante de la compañía Fuelcorp S.A. En su pedido, insiste en la nulidad solicitada el 23 de diciembre de 2025, al alegar la falta de competencia de la jueza Consuelo Tapia Guerrón en la integración del Tribunal.
Bravo sostiene que desde hace un mes ha solicitado el acta del sorteo mediante el cual el caso fue asignado a la jueza Tapia, en reemplazo del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien salió del país para resguardar su vida, tras denunciar presiones para que fallara a favor de un narcotraficante serbio. A criterio de la defensa, la conformación del Tribunal debe anularse hasta que se incorpore formalmente dicho documento.
El juez negó la nulidad, pero Bravo Ibáñez pidió el recurso de aclaración y ampliación. Según el Tribunal, en aplicación del artículo 255 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), se concedió 48 horas a la contraparte para que se pronuncie sobre el pedido, y mientras ese recurso horizontal no sea resuelto, se suspenden las actuaciones posteriores. “Con el objeto de garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa”, señala la providencia, se resolvió dejar sin efecto la convocatoria a juicio.
Otros procesados en el caso también hicieron pedidos
A este planteamiento se suman otras solicitudes ingresadas entre el 28 y el 30 de enero. Olga Cecilia Ortega Loaiza y Edgar Moisés Flores Torres, también procesados en la causa, alertaron que restan menos de 24 horas para la audiencia y que el Tribunal aún no se ha pronunciado sobre un pedido relacionado con la rectificación de dependencias judiciales en las ciudades de Cariamanga y Machala, desde donde las mujeres podrían asistir a la audiencia.
Otro pedido fue entregado por el abogado Iván Lara Naranjo, defensor de Jessenia Monserrate Vélez Orellana y Lady Juliana Cedeño Toala, quien solicitó copias certificadas de las transcripciones y grabaciones tanto de la audiencia de formulación de cargos como de la audiencia preparatoria de juicio. El jurista argumentó que asumió recientemente la defensa de sus clientes y que requiere acceso íntegro al expediente para ejercer una defensa técnica.
La Fiscalía General del Estado cambió nuevamente de fiscal en el caso. Se trata del tercer relevo: inicialmente la causa estuvo a cargo de Carlos Alarcón, hoy fiscal general encargado; posteriormente pasó a manos de Dennis Villavicencio, quien preparó la primera convocatoria a juicio del 24 de diciembre; y actualmente el caso lo maneja la fiscal Ruth Amoroso.
Mientras tanto, Sebastián Jaramillo Freire, abogado de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), entidad que presentó la denuncia y actúa como víctima, solicitó que se garantice la realización de la audiencia. “Solicito formalmente que se niegue cualquier requerimiento dilatorio presentado por cualquiera de las partes que tenga por objeto suspender, postergar o entorpecer la celebración de la audiencia”.
- Judicatura. El Tribunal está conformado por los jueces temporales Jorge Sánchez y Consuelo Tapia; y Gabriela Lara, investigada en el caso Fachada.
El caso se centra en las ventas
La Fiscalía sostiene que existió una estructura empresarial y operativa que habría incurrido en el delito de comercialización o distribución ilegal de combustibles. Como ejemplo, señala que Ternape no ha podido justificar el origen ni la venta de 10.000 galones de diésel para embarcaciones.
La defensa de Aquiles Álvarez afirma que cada galón de combustible que recibe la comercializadora es despachado por Petroecuador, previa solicitud formal, por lo que, según su argumento, no se trata de una venta libre ni irregular.
Además, sostiene que las pericias incorporadas dentro del proceso coinciden en que no existe delito. Y asegura que el caso tiene un trasfondo político, derivado de las confrontaciones que han existido entre funcionarios del gobierno de Daniel Noboa, el propio presidente.
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