Concurso Fiscalía: Colegio de Abogados del Guayas tendrá sus propios postulantes

El Colegio de Abogados del Guayas evalúa postular candidatos tanto para integrar la comisión ciudadana de selección del concurso como para ocupar la Fiscalía General del Estado. Así lo anticipó su vicepresidente, César Alarcón, durante la sesión extraordinaria N º 15 del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), realizada en el marco de las festividades por la fundación de Guayaquil.

“Nosotros sí, es probable que planteemos un candidato, primero para la comisión de selección y, segundo, para fiscal general. Hay varios. Varios prominentes analistas están a la altura para ejercer esos cargos”, sostuvo Alarcón en entrevista con EXPRESO. Consultado sobre posibles nombres, precisó que el análisis se está realizando de forma interna: “Yo creo que en unos 15 días, porque creo que esto dura como un mes. Vamos a estar anunciando alguna candidatura”.

El pronunciamiento se dio luego de que el Pleno del CPCCS aprobara la suscripción de un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados del Guayas. El objetivo: activar procesos de capacitación en temas de participación y control social. La resolución fue adoptada tras recibir, en comisión general, al representante del gremio, quien destacó el rol que esperan asumir dentro de los mecanismos de vigilancia ciudadana

El Colegio de Abogado del Guayas cuestionó demoras en concursos

Durante su intervención, Alarcón señaló que “la vigilancia de los colegios profesionales es la que va a marcar la diferencia, porque nosotros no tenemos compromiso con las autoridades. Les vamos a hacer saber cuándo algo está mal. Por eso, la presencia de los colegios de abogados va a ser sumamente importante”.

En el marco de la misma intervención, el jurista fue enfático al señalar que, si bien el proceso para designar al nuevo fiscal general ya fue convocado, la demora ha sido prolongada. Asimismo, cuestionó la falta de avances en la designación del nuevo Consejo de la Judicatura, entidad que —recordó— es “el rector de la justicia en el Ecuador”, pero que actualmente no opera de forma plena: “Está constituido por cinco miembros y actualmente solo hay tres. Imagínense: si se convoca a una sesión y no están los tres, no hay quorum y no puede sesionar”.

Para Alarcón, las trabas responden a una combinación de factores políticos y omisiones institucionales. “Primero, tiene que ver con que no han constituido el Consejo de la Judicatura, porque ni siquiera se han designado las ternas que deben proponer las instituciones. Por ejemplo, el Ejecutivo no ha enviado su terna... Pero, en general, no existe una motivación real; no están haciendo lo necesario para que se conforme el Consejo”, advirtió.

¿Jueces designados a dedo?: un temor del gremio de abogados

Uno de los puntos más sensibles mencionados fue la falta de un reglamento para la designación de jueces constitucionales. “El reglamento ya había sido aprobado por el Consejo de la Judicatura, pero presentaba varias falencias y violaciones a la Constitución. En consecuencia, tuvieron que retirarlo. Al final, no se llegó a nada”, señaló.

Alarcón advirtió sobre el riesgo de volver a prácticas del pasado: “¿Cuándo van a designar a los jueces constitucionales? ¿Quién sabe? ¿O será acaso que las autoridades quieren nombrar a dedo a los jueces, como lo hicieron en la época del señor Correa, cuando les dieron la calidad de ‘jueces golondrina’ por tres meses, por seis meses?”

Si bien se opone al nombramiento discrecional de autoridades, Alarcón reconoce que podrían darse designaciones temporales: “Que haya un cambio, pues. Se convoca al concurso de méritos para jueces… digamos que dura un año. Entonces, los jueces se designan temporalmente por ese período, hasta que sean reemplazados por quienes resulten electos en el concurso”.

El Consejo de Particiapción Ciudadana responde a críticas

EXPRESO también consultó al consejero del CPCCS, Gonzalo Albán, sobre el rol de las veedurías ciudadanas, en medio de cuestionamientos por la falta de información proporcionada a los observadores sociales respecto al proceso de designación del nuevo fiscal.

Albán confirmó que la reforma al reglamento establece que “la veeduría empieza a actuar una vez que se conforma la comisión ciudadana de selección”, aunque expresó su desacuerdo con ese cambio. “Es necesario que esta figura se active desde ya... que esté pendiente de todas las gestiones que se realicen dentro de los equipos técnicos”, afirmó, y añadió que “el Consejo debería ser mucho más fluido y transparente al comunicar a la veeduría lo que se está haciendo”.

Sobre la conformación de la comisión ciudadana, explicó que “hasta el momento aún no se han recibido las carpetas para integrar la comisión”. Sin embargo, consideró normal que las postulaciones se concentren en los últimos días de la convocatoria, que cierra el 31 de julio. “No es un trámite sencillo… hay que recopilar documentos para acreditar los distintos requisitos”.

Consultado sobre la transparencia del proceso, Albán recalcó: “Toda esta información debe ser transparente y accesible, para que la ciudadanía pueda estar informada… y para que el periodismo, a su vez, pueda dar seguimiento a todo lo que acontece”.

La renovación del CNE y el Consejo de la Judicatura, estancados

En cuanto a otros procesos estancados, Albán reconoció que ya existe una comisión ciudadana que actúa en la primera renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero que falta avanzar con la segunda. “Uno de los puntos que siempre menciono en cada moción es que demos celeridad a los otros procesos”, afirmó.

También confirmó que aún no se completan las ternas necesarias para constituir el nuevo Consejo   de la Judicatura: “Está pendiente la terna de la Corte Nacional de Justicia, que es la que define la presidencia del organismo, y también está pendiente la terna del Ejecutivo, que ha tenido una reforma reciente”.

Aun así, se mostró optimista: “Yo creería que para los próximos días esto ya estará regularizado, y con eso podremos avanzar”. Según lo que establece el reglamento, una vez presentadas todas las ternas, “un plazo de hasta 60 días sería suficiente” para completar el proceso, afirmó.

Aunque el convenio con el Colegio de Abogados del Guayas representa un avance para fortalecer la vigilancia ciudadana, el contexto institucional aún muestra una serie de retrasos e indefiniciones. La presión pública se centra ahora en el cumplimiento de los plazos, la publicación de información y la activación efectiva de los concursos. Mientras tanto, las preguntas clave siguen abiertas: ¿Se corregirá a tiempo el rumbo institucional? ¿Responderán las designaciones al mérito o a intereses políticos?

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