Nuevo referéndum de Noboa en el horizonte: ¿Cómo hacer que valga la pena?

La posibilidad de un referéndum a finales de 2025 toma fuerza. En su rueda de prensa semanal, la vocera del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo, no solo ratificó el proceso plebiscitario anunciado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, sino que anticipó que podría contener hasta ocho preguntas.

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Sin ahondar en detalles, Jaramillo adelantó que las consultas podrían abordar temas que “fomenten la productividad, la generación de empleo y la seguridad jurídica”. Esta sería la segunda ocasión en que Noboa convoque a los ecuatorianos a las urnas, luego del referéndum y consulta popular de 2024, en el que el régimen ganó en nueve de las once preguntas planteadas.

No obstante, analistas consultados por EXPRESO sostienen que una nueva convocatoria electoral debe justificarse plenamente y no funcionar solo como una validación de la gestión presidencial, especialmente por los altos costos del proceso. Además, señalan que este podría ser un espacio para incluir temas urgentes para el país.

Según la académica y experta en comunicación Caroline Ávila, el referéndum forma parte del ciclo de “campaña permanente” de Noboa. “Los gobernantes ecuatorianos han visto en las consultas populares herramientas para ratificar su popularidad o demostrar su capacidad política (...). Pero son una apuesta riesgosa: así como se puede ganar, también se puede perder”, advirtió.

Uno de los temas que ya ha superado el filtro de la Asamblea Nacional es la consulta sobre el regreso de las bases militares extranjeras. Esta iniciativa, según Ávila, busca reforzar el discurso del conflicto armado interno y la lucha contra el crimen organizado. “Es importante que ese mensaje se mantenga, y el referéndum es una oportunidad para instalarlo”, comentó.

Por su parte, el analista político César Febres-Cordero considera que, más allá del tema de seguridad y bases militares, el referéndum debería aprovecharse para consultar a la ciudadanía sobre otras reformas relevantes. 

Entre ellas, mencionó la participación del sector privado en áreas estratégicas, la redistribución de competencias y recursos a las prefecturas, la creación de distritos metropolitanos, y reformas al sistema electoral (como el financiamiento privado, las afiliaciones políticas y la elección por distritos uninominales).

El también analista y docente universitario Giuseppe Cabrera coincidió en que el referéndum previsto para finales de 2025 podría incluir temas largamente debatidos y demandados por la ciudadanía, como la reforma o eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Aunque la Corte Constitucional ya ha trazado la ruta para modificar e incluso eliminar el CPCCS, Cabrera señaló que, si el tema interesa al Gobierno, podría enviar una propuesta de reforma a la Asamblea y, con su mayoría legislativa, lograr que llegue a tiempo para ser incluida en la consulta.

Además, Cabrera cree que, junto con la reforma parcial sobre el financiamiento estatal de los partidos políticos que ya está en trámite, el referéndum debería incluir mecanismos que regulen de forma integral el financiamiento de las organizaciones políticas y el sistema partidista en general.

Aunque reconoce que estos temas podrían no ser del interés inmediato del régimen, sugiere aprovechar la oportunidad para consultar también sobre las competencias y el control constitucional de la Corte Constitucional, así como sobre el modelo económico del país, especialmente en lo referente a la economía popular y solidaria.

Ávila coincide con esa visión y subraya que abrir el debate sobre temas polarizantes puede resultar beneficioso para ciertos sectores. Por ejemplo, consultar sobre el financiamiento público a los partidos políticos podría resultar muy atractivo para una ciudadanía que, en general, percibe con desconfianza a la clase política. 

“Colocar este tema en una consulta popular será atractivo para una población que quiere castigar a una clase política que no ha sabido responder a las necesidades del país”, afirma.

Tanto Cabrera como Ávila coinciden en que este proceso podría servir también para reducir el hiperpresidencialismo que caracteriza al sistema político ecuatoriano. “Ojalá sea esta una oportunidad para discutir el rol del CPCCS y buscar mecanismos más eficaces para ejercer contrapesos al poder de turno. 

El hiperpresidencialismo ha hecho daño, sin importar el color ideológico del gobierno de turno, y a Ecuador le haría bien encontrar una mejor manera de equilibrar el poder”, concluyó Ávila.

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