¿La eliminación del CPCCS podría llegar en el referéndum anunciado por Daniel Noboa?

Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una de las banderas políticas del oficialismo. El 30 de junio, la vocera de Carondelet reiteró que este objetivo “deberá resolverse en las urnas”, un discurso que apunta al referéndum como vía para suprimir este órgano, pero que no termina de aclarar por qué no se ha activado aún el procedimiento correspondiente si el gobierno, como presume, ya cuenta con mayoría legislativa.

Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, recuerda que el procedimiento ya ha sido definido por el máximo órgano de control constitucional. “En 2019 la Corte ya indicó que corresponde la vía de reforma parcial”, afirmó. Esto implica que no se trata de una simple consulta ciudadana, sino de una reforma que exige debates legislativos formales y luego la ratificación popular.

“No es una pregunta, es una reforma constitucional. Y el proceso tiene plazos que ya no alcanzan para este fin de año”, explicó, haciendo referencia al anuncio del presidente Daniel Noboa durante su gira por Italia, quien aseguró que habrá un referéndum para tratar la reforma de instalación de bases militares extranjeras, pero en el que también se podría incluir la eliminación del CPCCS, según han comentado fuentes confiables desde Carondelet a este medio. Pese a los anuncios, la Corte Constitucional ha indicado que el alto tribunal no ha recibido ningún trámite o pregunta para un futuro referéndum.

El proceso legal para la eliminación del CPCCS

La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa indican que la eliminación del CPCCS no puede realizarse por decreto ni consulta directa: debe tramitarse como reforma parcial a la Constitución, según lo ha señalado en al menos dos ocasiones la Corte Constitucional. Esto significa que la propuesta debe contar con un dictamen de admisibilidad de la Corte, luego atravesar un trámite legislativo con mayoría absoluta (77 votos) y finalmente someterse a referéndum. Todo el proceso podría tomar al menos seis meses, en el mejor de los casos.

El artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que, una vez emitido el dictamen de la Corte, la Asamblea debe conformar una comisión ocasional especializada que tendrá entre 30 y 60 días para presentar un informe para primer debate. El segundo debate debe realizarse de forma impostergable al menos 90 días después del primero. Si se aprueba, el referéndum debe ser convocado en un plazo no mayor a 45 días. “En total hablamos de entre seis y siete meses si no hay retrasos”, advirtió Rivas.

El Gobierno puede aprovechar su mayoría en la Asamblea

Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, coincide en que la eliminación del CPCCS exige una reforma parcial. Subraya que existe ya un precedente que permite este camino y destaca que el gobierno podría aprovechar su actual mayoría en la Asamblea para acelerar el trámite. Sin embargo, advierte que “esto tendría que hacerlo ya, prácticamente mañana”, si quiere cumplir con el cronograma sugerido por el presidente.

Muñoz también advierte sobre el deterioro del discurso institucional. “Se intenta posicionar de forma equivocada a la Corte como un actor político contrario al gobierno”, dijo, aludiendo a las declaraciones de voceros oficialistas que han calificado a la Corte de conspirar en su contra. Esta narrativa, advierte, es peligrosa, pues deslegitima a la institución encargada de garantizar la constitucionalidad del proceso. “La Corte resuelve conflictos con trasfondo político desde una óptica técnica e imparcial”, añadió.

Aunque el oficialismo cuenta con una mayoría legislativa, ese capital político podría erosionarse. Entonces, el dilema no es solo técnico o jurídico. En el fondo, se trata de una decisión política desde el gobierno.

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