El dinero para coimar a asambleístas no solo salió del segundo y fallido proceso de contratación de la construcción del hospital de Pedernales, sino que también, según ha dicho el exasambleísta Daniel Mendoza en su tercera versión en la Fiscalía, provenía de los contratos de fiscalización de los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez.

La historia empieza, a decir de Mendoza, a finales de agosto de 2019 cuando su exasesor Jean Carlos Benavides es contactado por el ingeniero Franklin Calderón, cuya empresa Joalnapi S. A. había ganado la fiscalización del hospital de Bahía de Caráquez. “Requería que el nuevo director del Secob, ingeniero Tamayo, calificara dicha adjudicación, para lo cual le solicitó a mi asesor que hablara conmigo del acercamiento con Eliseo Azuero, puesto que Franklin Calderón ya sabía que Eliseo era quien había recomendado a René Tamayo para el cargo”, dijo Mendoza al fiscal Xavier Rosero el pasado 14 de septiembre.

Franklin Calderón, ahora procesado por delincuencia organizada en el caso del hospital de Pedernales, fue gerente de Joalnapi hasta 2017, pero tiene nexos familiares con los actuales accionistas de la compañía, tal como lo contó EXPRESO el pasado 15 de junio.

Por la “ayuda” para ratificar el contrato, Calderón ofreció pagar “300.000 o 350.000 dólares”, una parte para Azuero y la otra parte para el “movimiento político Mejor”, del cual Daniel Mendoza forma parte y Jean Carlos Benavides es secretario ejecutivo.

“Procedí a conversar con el entonces asambleísta sobre la propuesta realizada por Calderón y él aceptó la misma y se comprometió a hablar con el ingeniero René Tamayo para aquello”, precisó el exasambleísta de Alianza PAIS.

Este Diario pidió una versión a los representantes de Joalnapi, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

“Este primer acuerdo, señor fiscal, sentó las bases de la relación que permitiría a futuro ser parte del proceso de construcción del hospital de Pedernales”, agregó.

Mendoza volvió poner a Azuero a la cabeza del entramado y aseguró que el Servicio de Contratación de Obras (Secob) “fue entregado” a él “en representación de su bancada, BADI”. Sin embargo, no precisó qué funcionario le dio la institución.

“Quien tomaba las decisiones era Eliseo Azuero junto a Jorge Jalil”, afirmó el exlegislador de PAIS. Jalil fue recomendado para subdirector del Secob por el mismo Azuero, según contó Mendoza en su anterior versión ante la Fiscalía.

Meses después, Calderón volvió a buscar a Daniel Mendoza para que lo ayude con la fiscalización del hospital de Pedernales. Sin embargo, Mendoza le habría asegurado que no era él quien decidía eso y que intentaría hablarlo con Azuero.

“Eliseo me supo indicar que había tomado la decisión de darle esa fiscalización al mismo Jorge Jalil”. Dicho contrato fue adjudicado a Mercampar S. A., que tenía hasta el 6 de agosto como representante legal a Mauricio Reyes Constante, exempleado del Secob.

Tras la adjudicación de la construcción del hospital de Pedernales, los miembros de la supuesta red cobraron 360.000 “para cumplir con el pago a Eliseo Azuero y sus compañeros de bancada”, y luego otros 185.000 que sacaron de una cuenta que “pertenece o está relacionada con la empresa a la que fue adjudicada la fiscalización del hospital de Pedernales”, explicó Mendoza.

Tras esos cobros, habrían empezado a tener problemas para efectivizar los cheques, por lo que de nuevo acudieron a Mendoza. “Eliseo me pidió colaboración en la parte logística en Manabí, para según él seguirles cumpliendo a sus compañeros asambleístas de bancada que le presionaban, amenazando con que no habrían los votos para aprobar la ley económica urgente que se trataba en la Comisión de Régimen Económico”.

Los nombres de los asambleístas de BADI y el supuesto cobro de coimas fueron abordados en otra conversación entre Mendoza y Azuero que salió a la luz a mediados de julio. En ese entonces, todos los involucrados negaron las acusaciones.

EN DETALLE

Más cheques. Mendoza aseguró que tras las presiones de Azuero, accedió a ayudarle a cobrar 10 cheques de 40.000 dólares cada uno. Aunque al final solo efectivizó dos. “El objetivo era que se cobraran esos cheques y proceder a entregarle el monto a Azuero”.

Otras cuotas. El exasambleísta se refirió a información de su celular sobre “repartos de espacios” en la Agencia Nacional de Tránsito y confirmó una lista de nombres de “varios asambleístas que a su vez se les ha asignado esas cuotas en sus provincias”. 

Nuevo proceso. Tras la terminación del contrato del hospital de Pedernales, el Ministerio de Obras Públicas, ahora a cargo del Secob, contratará a otra empresa para la nueva fiscalización, una vez que se pueda adjudicar la construcción al Cuerpo de Ingenieros del Ejército.