Ecuador avanza en reglas para atraer inversiones verdes con apoyo de la banca
Gobierno y banca trabajan en una herramienta que definirá qué actividades califican como sostenibles
El Ecuador intenta ordenar su camino hacia las finanzas sostenibles. No es un anuncio aislado ni un documento técnico más: es un proceso que avanza y que pone en la misma mesa al Gobierno de Daniel Noboa, a la banca y a organismos internacionales.
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La apuesta gira en torno a una herramienta poco conocida fuera del mundo financiero, pero clave para atraer capital: la llamada “taxonomía verde”. En términos simples, se trata de un sistema que permitirá definir con claridad qué actividades económicas realmente aportan al cuidado del ambiente y cuáles no. Esa clasificación será determinante para que inversionistas —locales y extranjeros— decidan dónde colocar su dinero.
En Quito, el Ministerio de Economía y Finanzas dio uno de los primeros pasos con talleres técnicos que reunieron a bancos públicos, privados y entidades de control. La intención no es menor: construir reglas claras que orienten el financiamiento hacia proyectos que reduzcan emisiones, mejoren la gestión del agua, impulsen la economía circular o protejan la biodiversidad.
Desde el Gobierno, la lectura es que el sistema financiero juega un rol transversal. Kimberly Celis, subsecretaria del área, planteó la necesidad de recoger experiencias del sector para diseñar una herramienta que no solo sea técnica, sino también útil para la toma de decisiones. La meta es generar confianza y transparencia en el mercado, dos condiciones necesarias para movilizar capital.
La colacación de créditos verdes
Del lado de la banca, la respuesta ha sido de cautela, pero también de apertura. Desde la Asociación de Bancos Privados se insiste en que el proceso debe ser gradual, con pilotos y capacitación, para evitar que la normativa termine siendo una barrera en lugar de un incentivo. La experiencia previa en esquemas similares, sirve como punto de partida.
Las cifras muestran que el tema no parte desde cero. Según la Superintendencia de Bancos, entre el sistema público y privado se han colocado más de 4.600 millones de d´ólares en créditos verdes desde 2021. La mayor parte se ha destinado a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, lo que refleja una tendencia que ya venía tomando fuerza antes de este nuevo esfuerzo institucional.
Sin embargo, el reto ahora es ordenar ese crecimiento. Sin una taxonomía clara, el riesgo es que cada actor defina por su cuenta qué es “verde”, lo que puede generar dudas en los mercados y limitar el acceso a financiamiento internacional.
La hoja de ruta que sigue el país cuenta con respaldo técnico del Instituto Global para el Crecimiento Verde y financiamiento de iniciativas como UK PACT y el Fondo Verde para el Clima. Pero más allá del apoyo externo, el desafío será interno: alinear intereses, evitar trabas regulatorias y traducir el discurso ambiental en proyectos concretos.
En un contexto donde el acceso a financiamiento es cada vez más competitivo, el Ecuador busca posicionarse como un destino atractivo para inversiones sostenibles. La construcción de la taxonomía verde será una prueba clave para saber si ese objetivo puede pasar del papel a la práctica.
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