Todo estaba perfectamente coordinado. Desde octubre del año pasado, cuando se anunció que se terminaría de forma unilateral el primer contrato para la construcción del hospital de Pedernales, los ahora investigados estaban detrás de esa obra y de los 16,4 millones de dólares que el Gobierno tenía previsto invertir. Un plan coordinado por los asambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, quienes han sido vinculados al proceso que se sigue por las irregularidades que envuelven al segundo contrato de la construcción de la casa de salud de Manabí.

Así lo relató la Fiscalía en la audiencia de vinculación de Azuero a la investigación por delincuencia organizada que ya seguía a Mendoza y otros integrantes de la red.

“Ing, ¿para cuándo ya aparece en el portal la terminación unilateral del contrato una vez que ya se emitió?”, le pregunta José Véliz, segundo contratista del hospital de Pedernales, a Franklin Calderón, hombre de Daniel Mendoza, según un chat entre ambos que es parte del proceso judicial. “Compa, a ver, te cuento los planes, ya te acabo de enviar al correo todo, o sea un link donde están todos los planos (...) Ya Jenniffer (Cobeña) pidió el anticipo y ya mañana el financiero lo ejecuta. (...) Ayer yo me reuní con Daniel, ya están haciendo los informes para la terminación unilateral y yo creo que también en una o dos semanas ya está”, le responde Calderón. En ese entonces, ninguno de ellos estaba vinculado ni al Secob ni a la primera construcción.

“Es decir, señor juez, se iba preparando el camino para ser beneficiario de este contrato al Consorcio Pedernales Manabí y de ahí poder generar las ganancias”, señaló la Fiscalía.

El 3 de marzo de este año, con el contrato ya adjudicado, el Ministerio de Finanzas transfiere el anticipo para la construcción del hospital e inmediatamente los integrantes de la red empiezan a retirarlo.

Según consta en los registros de BanEcuador, el 5 de marzo Danilo Véliz cobró 9 cheques de 15.000 dólares, uno de 7.350 dólares el 6 de marzo, otros cuatro de 15.000 dólares el 10 de marzo y el último de 15.000 el 12 de marzo. Franklin Calderón retiró dos cheques: uno de 100.000 el 6 de marzo y otro de 80.000 dólares el 11. Mientras que José Párraga, José Santos y Miguel Ganchozo sacaron 440.000 dólares entre el 10 de marzo y el 29 de abril. Un total de 837 mil dólares repartidos en 23 cheques en dos meses.

El contratista, por su parte, también transfirió 5 millones de la cuenta del consorcio a su cuenta personal.

Retiros que se hicieron pese a que la construcción del hospital se paralizó por la emergencia sanitaria y no se retomó hasta mediados de mayo, con el anuncio del ministro Juan Carlos Zevallos.

Para tratar de no dejar huella de las operaciones, el consorcio llevaba una contabilidad paralela donde registró pagos por 360.000 a “asambleístas” y 320.000 para “Jalil” y “Tamayo”, en referencia a los directores del Secob. Además, usaba facturas falsas para “devengar” el dinero que debía ser usado “para unas coimas”.

Las conexiones de esta red inician, por un lado, con el asambleísta Eliseo Azuero y el director del Secob, René Tamayo, quien fue designado para el cargo el 21 de agosto de 2019 por recomendación del mismo asambleísta. Según la Fiscalía, ambos están vinculados desde hace más de 30 años, incluso en lo laboral, de la época en la que Azuero fue prefecto de Sucumbíos.

El legislador también está vinculado con Jorge Jalil, subdirector del Secob, y quien firma con José Véliz el contrato para la construcción del hospital. La propuesta del Consorcio Pedernales Manabí fue evaluada por los funcionarios del Secob que formaban parte de la comisión técnica y el contrato les fue concedido pese a que, según la Fiscalía, la alianza aún no estaba constituida.

Véliz también entabla una serie de conversaciones con Franklin Calderón sobre la adjudicación del contrato y posterior retiro del anticipo de 8,2 millones de dólares que, según las mismas investigaciones, “no se destinaron para la adquisición de material o construcción de dicho hospital”, sino que “fueron distribuidos” y “fueron a parar en poder de los asambleístas Azuero y Mendoza”.

Parte de lo retirado de las cuentas del consorcio también fue encontrado a Jean Carlos Benavides, asesor de Mendoza, cuando fue detenido el pasado 15 de mayo. Y por quien también se descubrió, según la explotación pericial de su teléfono, que el dinero era “de la construcción de hospitales de Manabí”.

EN DETALLE

“El negocio es ser asambleísta”

Según la Fiscalía, todos en la red tenían claro que el dinero de “las coimas” salía de la construcción de hospitales de Manabí.

En una de las conversaciones entre José Santos, uno de los cobradores de cheques y un “Ing. Castillo”, el segundo le dice: “Viste el negocio es ser asambleísta”. Una afirmación que fue compartida por Santos, quien le aseguró que el dinero de los cheques era del hospital de Pedernales y que era para un asambleísta. “Ese man ha comido hasta ahora entre los tres hospitales como 2 millones”, “esos cheques son coimas”, mencionó.