¿Cadena perpetua en El Salvador? Conoce la reforma aprobada por Nayib Bukele
El Salvador aprueba la cadena perpetua para homicidas y terroristas tras reforma constitucional impulsada por Bukele
La estructura constitucional de El Salvador ha dado un giro radical. Con 54 votos a favor, la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó este martes 17 de marzo, una reforma al artículo 27 de la Carta Magna que permitirá imponer la pena perpetua a quienes sean hallados culpables de homicidio, violación y actos de terrorismo. Hasta ahora, la legislación salvadoreña fijaba un límite máximo de 60 años de cárcel.
La iniciativa, impulsada directamente por el presidente Nayib Bukele, modifica una prohibición histórica sobre penas indeterminadas. "Vamos a ver quiénes se atreven a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión", sentenció el mandatario a través de sus redes sociales antes de la votación.
Entre el respaldo político y las denuncias internacionales
El anuncio de esta medida coincide con la difusión de un informe de expertos jurídicos que señala presuntos crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción, vigente desde hace cuatro años. Esta política de seguridad ha sido el pilar de Bukele para desarticular a las bandas delictivas, reduciendo los índices de violencia, pero elevando la tasa de encarcelamiento a niveles récord.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que las detenciones —que superan las 85,000 personas a marzo de 2025— se han realizado en muchos casos sin el debido proceso y mediante juicios masivos. Pese a las críticas, el oficialismo defiende la reforma como una "garantía irreversible" para que quienes sembraron el terror no vuelvan a las calles.
Un camino jurídico sin precedentes
El proceso de implementación será expedito. Gracias a una reforma ratificada en enero de 2025, los cambios constitucionales en El Salvador ya no requieren de dos legislaturas consecutivas, permitiendo modificaciones "exprés". Ahora, la Asamblea deberá ratificar la enmienda en una nueva sesión plenaria para que entre en vigor oficialmente.
Además del cambio constitucional, los legisladores deberán ajustar el Código Penal y la Ley Penal Juvenil para homologar las sanciones. En esta ocasión, la propuesta no solo contó con el apoyo del partido Nuevas Ideas y sus aliados, sino que sumó por primera vez los votos de la formación opositora Arena, dejando casi en solitario el rechazo de la bancada de Vamos.
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