CNA acusa desinterés del Gobierno y advierte uso político de la institucionalidad

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) se pronunció sobre los recientes acontecimientos políticos del país. Sus integrantes denuncian un marcado desinterés del Gobierno de turno frente a las principales problemáticas nacionales y sostienen que esta actitud profundiza la crisis institucional y la polarización.

Advertencia sobre cálculos preelectorales

Para la CNA, varios de los hechos registrados en los últimos días responden a intereses políticos. Entre ellos, aluden la detención de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, ocurrida el martes 10 de febrero, con fines de formulación de cargos, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada denominada caso Goleada.

A juicio de la Comisión, “en este último período hemos advertido que se vive en el Ecuador una conducta propia de los intereses y cálculos preelectorales”, según expresó en un comunicado. Añaden que estos hechos se ejecutan, desde diversas vertientes, con el propósito de satisfacer “venganzas políticas”.

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Señalamientos sobre libertad de expresión

Además, la organización de la sociedad civil alude a una censura dirigida contra medios de comunicación considerados no afines al Gobierno, en la perspectiva de acallar la opinión crítica. En ese contexto, subraya que “las instituciones del Estado deben favorecer las tareas de control de la prensa nacional que da cuenta sobre los distintos sucesos que ocurren en el país”.

Aunque el pronunciamiento no menciona hechos concretos, la referencia surge en medio de la reciente disposición emitida por Henry Delgado Salvador, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Para la CNA, “el amedrentamiento y la intimidación a la libertad de expresión y de información son muestras totalitarias y antidemocráticas”. Añade que este tipo de acciones tendría como objetivo “desviar la atención respecto a los problemas fundamentales del país”, según consta en el comunicado.

Crisis en Salud y cuestionamientos a las compras públicas

Para la Comisión, existen varios problemas que no deben ser pospuestos, como la crisis en el sistema de salud. Denuncian que los proveedores –del Ministerio de Salud Pública (MSP), y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- que irregularmente han logrado contratos siguen en su actividad pese a las alertas que la agrupación y los medios de comunicación han señalado. Además, califican de inoperante al Comité Nacional de Salud, ya que las compras que han realizado “se encauzan para favorecer las adquisiciones de manera direccionada”.

Ante este escenario, la Comisión Nacional Anticorrupción demanda que “a la brevedad” se designe al titular del MSP. Desde el 18 de noviembre de 2025, la vicepresidenta María José Pinto asumió la conducción de esa cartera por encargo del presidente Daniel Noboa.

A criterio del organismo, “el MSP debe ser conducido sin improvisaciones por una persona experta”, que además “esté enterada de los objetivos de la salud pública y de sus desafíos”. Pinto es profesional en arte y diseño, con formación en administración de empresas.

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Asimismo, la CNA solicita que la gestión de la cartera sanitaria se articule con veedurías ciudadanas, la academia, los gremios médicos y otros especialistas. Esta coordinación permitiría fortalecer los mecanismos de control y vigilar las compras públicas del sector, con el fin de prevenir posibles actos de corrupción.

Pedido de sanciones y acciones legales

También demandan que las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM) sean declaradas “proveedores incumplidos”, tras lo que califican como “el asalto cometido en la venta de equipos termoeléctricos”. Añaden que el Estado debe iniciar las acciones legales correspondientes, al considerar que se habrían entregado equipos obsoletos y en condición de chatarra.

Además, sostienen que los “auténticos responsables locales de estas compras y los encubridores” deben ser sancionados. A estos, agregan, se sumarían los responsables políticos.

Cuestionamientos al CPCCS y a la Fiscalía

Por otro lado, la CNA cuestiona las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Entre ellas menciona lo que califica como “un sainete de concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado”, así como la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura.

En ese contexto, el organismo considera que Andrés Fantoni, titular del CPCCS, debería excusarse de continuar al frente de una entidad que, a su juicio, “no representa a la sociedad civil”. Asimismo, sostiene que la Fiscalía General del Estado tampoco estaría cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades institucionales.

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