Caso Triple A: qué investiga Petroecuador y por qué piden la salida del juez
El Caso Triple A indaga una presunta estructura dedicada al almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles
El proceso penal que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sumó un nuevo episodio. Petroecuador, acusador particular en el Caso Triple A, pidió formalmente la salida del juez Carlos Serrano.
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La empresa pública, que actúa como acusador particular en el proceso, argumentó que la separación del magistrado busca evitar posibles nulidades o cuestionamientos procesales que puedan afectar la validez del juicio en etapas posteriores.
¿Qué es el Caso Triple A?
El denominado Caso Triple A indaga una presunta estructura dedicada al almacenamiento, transporte y comercialización irregular de combustibles subsidiados.
La investigación, impulsada por la Fiscalía General desde julio de 2024, busca determinar si existió un desvío de producto desde terminales de Petroecuador hacia el mercado ilegal, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado.
Según la Fiscalía, la red habría ocasionado un daño estimado en $ 61,5 millones, correspondiente a 2,27 millones de galones de diésel y gasolina.
La causa involucra al alcalde de Guayaquil, a sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, y a una empresa familiar relacionada con la comercialización de combustibles.
El pedido de excusa del juez
En este escenario, Petroecuador pidió que el juez Carlos Serrano se aparte del proceso. La estatal sostiene que la medida pretende “blindar” el trámite judicial frente a eventuales recursos o alegaciones futuras que puedan cuestionar la imparcialidad o validez de las actuaciones.
Serrano, juez anticorrupción, se encuentra actualmente fuera del país por temas de seguridad. El 17 de diciembre pasado renunció a su cargo en la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, luego de denunciar presiones de funcionarios del Consejo de la Judicatura.
La reacción de la defensa
César Emilio Bravo Ibáñez, quien comparece en representación de Fuelcorp S.A., presentó un escrito ante el Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, en el que solicitó que se declare la “improcedencia, ilegalidad e inconstitucionalidad” de cualquier intento de apartar al juez Serrano.
Bravo cuestionó el argumento de la empresa pública. A su criterio, el derecho procesal “no admite excusas hipotéticas” y no se puede separar a un juez únicamente para evitar que, en el futuro, alguna de las partes alegue nulidades.
Desde esa perspectiva, aceptar la excusa bajo ese razonamiento abriría la puerta a que cualquier proceso sea reconfigurado por eventuales escenarios no concretos.
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