Caso Triple A: 16 personas y 6 empresas a juicio por presunto delito de hidrocarburos
Entre los acusados figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, así como representantes de empresas de energía
Luego de analizar los argumentos expuestos por las partes procesales, el juez Renán Andrade resolvió llamar a juicio a 22 procesados (16 personas naturales y 6 jurídicas) por su presunta participación en actividades ilegales relacionadas con la comercialización de derivados de hidrocarburos.
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Entre los acusados figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, así como representantes de empresas vinculadas al sector energético. La Fiscalía sostiene que los implicados habrían incurrido en delitos como almacenamiento, transporte, envasado y distribución de combustibles sin los permisos correspondientes, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado superior a los $61 millones.
La investigación, iniciada en noviembre de 2024 tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, reveló discrepancias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador y el registrado por las empresas investigadas. Además, se detectaron transacciones irregulares y ventas incompatibles con la capacidad operativa de los vehículos involucrados.
La defensa de Aquiles Álvarez
Durante la audiencia preparatoria, el juez declaró la validez de todo lo actuado y desestimó los pedidos de nulidad presentados por las defensas. En lugar de prisión preventiva, se ratificó la colocación de grilletes electrónicos para algunos procesados, incluido el alcalde Álvarez.
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La decisión ha generado una ola de críticas, especialmente desde los equipos de defensa, que cuestionan el papel de los jueces de garantías en el proceso penal. Ramiro García, abogado del alcalde, expresó su indignación en redes sociales: “Entonces, ¿para qué están los jueces de garantías, si no van a analizar los argumentos de las partes? Una vergüenza”.
La resolución ha reavivado el debate sobre la función de los jueces de garantías, quienes, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), deben velar por el respeto al debido proceso y analizar la validez de las pruebas antes de que un caso avance a juicio. Para muchos juristas, esta decisión representa una preocupante señal de que el sistema judicial podría estar renunciando a su rol de filtro legal y constitucional.
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