Caso Triple A: Petroecuador señala desvío de 2,4 millones de galones de combustible

La audiencia preparatoria de juicio del caso Triple A avanza. Este 16 de julio de 2025, EP Petroecuador expuso los argumentos en los que fundamenta su acusación particular, en la que se señala al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto con otras 15 personas entre naturales y jurídicas.

La estatal petrolera calcula un perjuicio equivalente al desvío de 2,4 millones de galones de combustibles subsidiados, que habrían sido entregados a comercializadoras sin autorización legal, según su escrito de acusación particular. 

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Estas cifras, explicó la empresa, se desprenden de los reportes sobre el volumen de combustible despachado por Petroecuador y las facturaciones realizadas por las empresas investigadas, en el marco de un presunto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos, una infracción penal tipificada en los artículos 264 y 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas que oscilan entre tres y cinco años de prisión.

Según Petroecuador, el mecanismo delictivo habría consistido en la compra de combustibles por parte de empresas como Fuelcorp S.A., que adquirían producto a través de firmas no autorizadas, como Copedesa S.A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S.A. e Indudiesel S.A. Estas transacciones se habrían realizado sin respaldo documental ni trazabilidad legal, y se presume que los combustibles “fueron desviados del segmento automotriz al industrial o naviero”, donde no se aplica el subsidio estatal.

La defensa de Aquiles Álvarez dice que es un caso sin sustento

Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, calificó de “precarios” los argumentos presentados por Petroecuador en su acusación particular. “Petroecuador inicia su intervención con: ‘Vamos a explicar lo que son los sectores estratégicos’. Luego hace una exposición en la que acusa de comercialización ilícita a empresas comercializadoras y distribuidoras sin especificar una sola persona a quién se habría vendido. Nos mandaron un albañil”, señaló.

El abogado sostuvo que ni la Fiscalía ni la acusación particular han demostrado dolo, es deicr la s la intención consciente de desviar el diesel subsidiado. “La comercialización ilícita de combustibles se reduce a: A vende combustible a B y lo hizo sin autorización legal. Reconocen que las autorizaciones existen y jamás determinan quién es B. Unos cracks fiscal y acusadores”, ironizó. 

Y agregó que los elementos de convicción son solo "supuestas inconsistencias contables y el cálculo de la capacidad de bodegaje de las estaciones de servicio".

La motivación política del caso, según Álvarez 

Aquiles Álvarez ha esgrimido en el pasado el argumento de una “persecución política”, ya que el caso se originó tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), que también interviene en el proceso como acusadora particular.

La semana pasada, luego de que TC informara sobre una presunta videollamada con reo Daniel Salcedo con Álvarez volvió a sostener la tesis de la persecución política. 

En Petroecuador, el cargo de procurador lo ocupa, desde noviembre de 2024, José Carlos García Cevallos, socio de Dolores Vintimilla —esposa de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura— y amigo de Fausto Jarrín, exabogado de Rafael Correa y actual operador político del gobierno. De hecho, José García y Fausto Jarrín constan como accionistas en el bufete García Falconí & Asociados, según los registros de la Superintendencia de Compañías. La inscripción de esta compañía fue cancelada en 2005.

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