Caso Malvinas: Tribunal notifica sentencia contra 16 militares

El Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil notificó este 24 de febrero de 2026 la sentencia escrita en el caso conocido como Las Malvinas, que involucra la desaparición forzada de cuatro menores ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en el sur de la ciudad. La resolución formaliza las condenas previamente anunciadas de forma oral en diciembre de 2025 y detalla el análisis judicial que sustentó el fallo. 

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Condenas y responsabilidades

Según la sentencia, once miembros de la patrulla militar recibieron penas de 34 años y 8 meses de prisión, la sanción más alta contemplada en la legislación ecuatoriana para este delito, incrementada además por agravantes como la actuación en grupo, el ensañamiento y la minoría de edad de las víctimas. 

Otros cinco procesados, que colaboraron con la investigación mediante testimonios considerados clave, fueron sancionados con 30 meses de prisión. En total, son dieciséis los militares sentenciados, mientras que un procesado fue declarado inocente

Los jueces concluyeron que Steven Medina, Josué Arroyo Bustos, Ismael Arroyo Bustos y Nehemías Arboleda Portocarrero fueron retenidos de manera ilegítima, trasladados fuera del lugar de su aprehensión y no entregados a la autoridad competente, configurándose un delito de desaparición forzada cometido por agentes del Estado. El fallo se apoyó en testimonios, peritajes, informes técnicos e institucionales que permitieron reconstruir la secuencia de hechos.

Medidas económicas y reparadoras

La sentencia también establece medidas pecuniarias y simbólicas. Cada uno de los condenados deberá pagar una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados, así como una reparación económica de 10.000 dólares destinada a las familias de las víctimas. Además, se ordena el congelamiento de cuentas y la prohibición de vender bienes para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones

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El Tribunal dispuso también la realización de disculpas públicas, en las que se rectifique la información errónea difundida en un inicio sobre las víctimas. Asimismo, se ordenó la instalación de una placa conmemorativa en la base militar de Taura y la capacitación obligatoria en derechos humanos para el personal militar.

El caso Las Malvinas generó rechazo social desde la desaparición de los menores en diciembre de 2024. Imágenes de videovigilancia captaron la detención violenta de los adolescentes por parte de personal militar, quienes los trasladaron posteriormente hacia la zona rural de Taura. La aparición de sus cuerpos calcinados el 24 de diciembre de ese mismo año profundizó el impacto social y desencadenó manifestaciones ciudadanas que exigían justicia. 

Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios y material audiovisual que documentaron torturas, tratos crueles y la coordinación interna de los militares para unificar versiones. La sentencia escrita ahora emitida deja abierta la fase de apelaciones en instancias superiores.

Con la notificación de la sentencia, los militares sentenciados —quienes aún formaban parte activa de las Fuerzas Armadas— deberán ser desvinculados de la institución. La decisión judicial se suma a un creciente escrutinio nacional e internacional sobre el uso de la fuerza por parte del Estado y refuerza las obligaciones de prevención y no repetición en materia de derechos humanos.

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