Blindar el acceso al poder: el reto que enfrenta el IESS

En menos de una semana, dos denuncias han generado un velo de dudas sobre el desempeño de Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo (CD) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

(NO TE PIERDAS: Lama sobre conflicto de intereses: "Intentan ensuciar nuestro trabajo con mentiras") 

La primera surgió el 31 de octubre, cuando José Guevara, presidente de Interhospital -uno de los prestadores externos del IESS- declaró en una entrevista con EXPRESO que el Seguro Social dejó de cancelarle las derivaciones “para hacerme quebrar. Lama paga solamente a la familia Lama, a su padre”, dijo en referencia a Edgar Lama Valverde, propietario del Hospital de Especialidades de La Ciudad, antes parte del Grupo Hospitalario Kennedy de Guayaquil.

La segunda denuncia se conoció el 5 de noviembre, cuando el asambleísta Héctor Rodríguez, de la Revolución Ciudadana (RC), presentó públicamente un informe de la Contraloría que establece una glosa por $3’757.712 debido a presuntas irregularidades en contratos con las empresas Teotón Servicios de Salud y Servicios Hospitalarios AlboTeotón, vinculadas al círculo familiar de Lama. 

Según el documento, se registraron 24 trámites sin documentación justificativa y pagos sin los soportes necesarios. Rodríguez afirmó que estos desembolsos podrían configurar peculado. “Han intentado ocultar una verdad que es el abuso del señor Lama, con sus conflictos de intereses, entregando contratos a familiares por más de $30 millones”.

La defensa del Gobierno a Lama

El Gobierno salió en defensa de su funcionario. La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, respondió ese mismo día leyendo desde su celular: “Es absolutamente falso que el director del IESS haya pagado exclusivamente a alguna empresa relacionada con su entorno familiar”, y detalló desembolsos a prestadores como Solca, centros de diálisis y clínicas de tercer nivel que atienden a pacientes oncológicos, renales y cardíacos.

Por su parte, Lama manifestó ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional que no se han detectado irregularidades en la auditoría realizada a la Clínica Kennedy y reiteró que su familia “no mantiene participación accionaria en dicha institución desde hace más de un año”. Además, difundió videos en los que indica que los cuestionamientos “han intentado ensuciar nuestro trabajo con mentiras y rumores”.

En el debate público se ha instalado la discusión sobre el impacto que podría tener un supuesto caso de conflicto de intereses en el Seguro Social, una institución en crisis, que tiene como cabeza a una persona vinculada a las clínicas privadas y la cual mantiene una deuda de más de $600 millones a prestadores externos. También han surgido propuestas para evitar que cargos como el de presidente del CD del IESS se vean comprometidos por situaciones similares.

Propuestas desde la sociedad civil

Desde la sociedad civil se plantean reformas legales. “Es importante pensar con rapidez en modificaciones o normas, porque es posible que se cumplan ciertos antecedentes jurídicos, pero esos están por debajo de los comportamientos de ética y de moral pública”, sostiene Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).

Sin embargo, esos intentos podrían no prosperar, advierte Pedro Páez Bimos, catedrático y exsubcoordinador de transparencia del Consejo de Participación Ciudadana. Recuerda que años atrás se presentó en la Asamblea una propuesta de Ley de Prevención del Conflicto de Interés “para regular el lobby y, sobre todo, las puertas giratorias, para personas que ocupan cargos en el sector privado y luego ingresan al público en las mismas ramas de la industria, lo que puede generar un conflicto de interés, como el caso del IESS. Pero, lastimosamente, las clases políticas, muy vinculadas al sector empresarial, no han tenido el mínimo interés de aprobarla. Incluso el exasambleísta Ferdinan Álvarez archivó el último intento hace un par de años”.

Para el exdirector general del IESS, Diego Salgado, el problema no está en crear más normas, sino en aplicar las existentes. “No se debe blindar porque ya existen leyes que prohíben tener relaciones económicas, tráfico de influencias, fallas administrativas o corrupción. Lo que hay que hacer es requerir a la autoridad correspondiente que actúe. En lo administrativo, la Contraloría; si es delito, la Fiscalía. No hay dónde perderse”, afirma.

Páez, máster por la Academia Internacional Anticorrupción (IACA), considera que la polémica del IESS responde a una deficiente aplicación de la ley vigente y a la falta de una norma adecuada para legislar estos casos. “No significa que no haya normativa que pueda regular. En el ámbito penal, hay delitos que podrían ser investigados para verificar si hubo tráfico de influencias”, indica. Sin embargo, hasta la fecha eso no ha ocurrido.

Aunque los especialistas señalan que varias autoridades deberían actuar de oficio (ver gráfico), sus representantes han evitado pronunciarse. Páez dice que el silencio se origina porque “el régimen actual y ciertas empresas tienen beneficios o intereses vinculados al Gobierno. Con ese poder económico y público buscan silenciar cualquier tipo de noticia que pueda afectarlos, pero cuando ambos poderes confluyen, estos silencios son muy letales. Establecer transparencia y evitar el conflicto de intereses no son sus prioridades”.

La inacción ha generado “una situación gravísima”, según Rodas. La opinión pública exige una investigación que determine “si hubo conflicto de interés y, si se demuestra, la ciudadanía esperaría un paso al costado del funcionario, porque ese es un asunto de probidad y ética. 

Pero si no funciona así, otros organismos como Contraloría y Fiscalía deben activarse, y los mismos vocales del Consejo Directivo tienen que realizar una auditoría interna. Es de esperar que el Presidente de la República sea el más interesado en que esto se resuelva y que tengamos la certeza de que quien dirige el IESS no esté atado a un conflicto de interés ni familiar”, opina.

Aunque los pedidos de aclaración se han centrado en Lama, Salgado aclara que el presidente del CD, como representante del Gobierno, “no es quien firma ni tiene entre sus responsabilidades ordenar a quién pagar y a quién no”. Señala que se debería pedir explicaciones al director provincial del IESS en Guayas, quien conocería los detalles jurídicos de esos desembolsos. 

“Supongamos, y prefiero pensar que no hay un delito, porque es delicado estar y no estar en el IESS y que justo las familias reciban los pagos. Seguramente hay que pagar, deuda es deuda, pero lo que hay que ver es en qué caso se pagó o no, quién ordenó el pago. Hay muchas aristas que se deben investigar. Quienes deben ejercer control de fiscalización dentro del IESS son los vocales”, concluye.

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