Atentado: la tarea de Sensi y Loffredo era evitar los riesgos

¿Para qué existe un Centro de Inteligencia Estratégica, CIES, si no es capaz de entregar información a la Casa Militar de la presidencia para evitar que el presidente ponga en riesgo su vida? ¿Cómo es posible que el Ministerio de Defensa a cuyo cargo está la Casa Militar no haya hecho un análisis de riesgo en la zona para que pueda pasar la caravana presidencial?

Estas interrogantes, y otras aún más graves, surgen luego de que se produjo el salvaje y cobarde asalto de comunidades indígenas de Cañar en contra de la caravana en el que se desplazaba el presidente Daniel Noboa. Por lo que se ha visto en videos, el ataque fue un brutal atentado que puso en serios riesgos la integridad física e incluso la vida del presidente cosa que, si hubiera llegado a ocurrir, hubiera sido una tragedia nacional. La integridad física y la vida de un gobernante es parte fundamental no solo del sistema democrático sino de la paz social y la convivencia social. Por ello, los responsables del atentado debe ser sometidos a las penas que establece la ley para estos casos y, ojalá, no sean luego amnistiados por la Asamblea Nacional como ocurrió en 2022 con los terroristas que atentaron contra la paz social en los paros de 2019 y 2022 y por la que, paradójicamente, votó a favor Noboa.

Resulta insólito que la caravana presidencial no haya sido advertida previamente de que en el lugar había un grupo grande de manifestantes que, por el tono de la protesta, obviamente iban a poner en riesgo la vida del presidente y sus acompañantes. Normalmente, una caravana presidencial va precedida por una cápsula de avanzada que se cerciora que las condiciones de los lugares por dónde va a pasar el mandatario sean lo más seguros posibles. Los videos y testimonios que han circulado en redes y medios muestran claramente que había una concentración importante de manifestantes que conocían que quien iba en esa caravana era Noboa. No es aventurado decir que hasta un niño hubiera sido capaz de advertir lo que estaba por ocurrir. Sin embargo, se observa cómo, a pesar de los riesgos visibles y evidentes, la comitiva presidencial pasó por el lugar.

Michele Sensi-Contugi y Gian Carlos Loffredo, sin rastro

Lo ocurrido pone las reflectores sobre dos entidades que tienen la responsabilidad, incluso legal, de proteger la seguridad presidencial: el Centro de Inteligencia Estratégica dirigido por Michele Sensi-Contugi y el Ministerio de Defensa cuya cabeza es el ministro Gian Carlos Loffredo y que tiene a su cargo el funcionamiento de la Casa Militar, que es el organismo que hace la protección in situ. Estos dos funcionarios que además son parte del círculo más cercano a Noboa son claramente responsables de que la caravana haya sido expuesta a una manifestación que, cualquier persona, podía prever que tenía la disposición de atentar contra la vida del Presidente. En otras palabras, los fondos públicos que se gastan en los salarios de estos dos funcionarios y en las actividades de sus oficinas están siendo ostensiblemente desperdiciados. 

El caso de Sensi-Contugi es particularmente grave considerando que su oficina, como se sabe, se dedica a la inteligencia política cuando, en realidad, su prioridad debería ser la seguridad nacional. Es más, en el artículo 7 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que es la que rige para el CIES, se dice que esa oficina tiene la obligación de “recomendar” al presidente “la adopción de medidas de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes y del Estado”. Evidentemente la integridad del gobernante es parte fundamental de la integridad del Estado. Sensi-Contugi le debe una explicación al país por su incompetencia, negligencia e incumplimiento de funciones. Lo mismo el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, de cuya gestión depende directamente la Casa Militar que es la encargada, según la ley, de vigilar las condiciones de seguridad en la agenda presidencial.

Mucho más grave sería, como se ha comentado, que la decisión de llevar al presidente al lugar de los hechos haya respondido a un interés o estrategia política. El periodista Fabricio Vela en su espacio de opinión dijo que a él le llama mucho la atención que “en un contexto como el que estamos viviendo en donde hay una movilización, la avanzada, y lo pongo entre comillas y tengo el derecho de dudar, me llama la atención que en un contexto como el que estamos viviendo la avanzada no haya previsto que podía pasar esto”. Luego de insistir en que, según su opinión el ataque fue injustificable y un delito, Vela dijo que todo fue hecho “ex profeso”. Fue una “provocación y lo hicieron a propósito para provocar a los manifestantes e instalarnos en esta narrativa que estoy señalando” dijo. En el supuesto no consentido de que el episodio haya sido provocado con fines políticos, la situación sería igualmente grave. No solo por lo que sería una evidente e imperdonable falta a la fe pública sino que, por cálculos políticos, se habría puesto en riesgo al presidente y la paz nacional. Las dudas sobre esta posibilidad se alimentan, además, de ciertos hechos como el que en el mismo gobierno se haya hablado de que hubo disparos de bala, cosa que luego fue descartado en un informe policial. La ministra de Energía, Inés Manzano, habla de balazos cuando anunció que presentaba la denuncia por el atentado en la Fiscalía.

Negligencia imperdonable de Sensi-Contugi y de Gian Carlo Loffredo o improbable estrategia política, lo cierto es que la responsabilidad política y penal de estos funcionarios es evidente.

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